Cargando...La suspensión de las elecciones municipales programadas para el pasado 16 de febrero por la Junta Central Electoral de República Dominicana fue el detonante para volcar en las calles de la capital y demás ciudades a gran parte de la población y organizaciones políticas y sociales de la nación caribeña. La demanda inicial de transparencia en los comicios se ha extendido ahora a otra de mayores alcances políticos.
Los miles de pacíficos manifestantes que participan en la denominada Marcha contra el Trabucazo exigen la renuncia del presidente Danilo Medina —su segundo mandato concluye el 16 de agosto próximo — y urgentes medidas para poner fin a la extendida corrupción administrativa y al latrocinio en el erario público.
Hasta el momento las autoridades dominicanas se limitaron a señalar que las elecciones fueron suspendidas por dificultades en el sistema de conteo electrónico de los sufragios. El país había invertido 19 millones de dólares en la compra de más de 50 mil máquinas electorales para los comicios, cuyo costo total de la organización ascendió, según medios locales, a más de 60 millones de dólares.
Analistas políticos señalan que las elecciones municipales servirían para medir la marcha de la campaña de las presidenciales de mayo, donde las encuestas ubican en el primer lugar a Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); en segundo lugar a Gonzalo Castillo, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD); y en tercer lugar a Leonel Fernández, de la organización recién creada La Fuerza del Pueblo (LFP).
Uno de los mayores factores de la actual crisis de inestabilidad política es la situación económica que dejó tras su paso el devastador huracán Irma que azotó a Santo Domingo en septiembre del 2017.
El meteoro cobró una decena de vidas y miles de dominicanos quedaron desplazados e incomunicados, centenares de ellos sin hogar y servicios de agua potable y electricidad. La rama agropecuaria sufrió también incontables daños al igual que la infraestructura de la isla y centros turísticos. Los damnificados, otros sectores de la población, así como organizaciones políticas y sociales han denunciado demoras en la ejecución de los fondos destinados a la reconstrucción y en las contribuciones solidarias de diversos países.
En el año 2018 la deuda pública en República Dominicana ascendió a 36 mil 568 millones de euros, creció en mil 887 millones desde el 2017, cuando fue estimada 34 mil 81 millones de euros. La tasa de desempleo, que afecta mayoritariamente a los jóvenes, se mantiene en un 6 % de la población activa del país, que abarca a 10 mil 600 habitantes, según el último censo.
En este complejo panorama económico y sociopolítico tendrán lugar las próximas elecciones presidenciales. No es de extrañar entonces que lleguen signadas por la discordia entre el pueblo y el Gobierno dominicano.
