Reforma de pensiones en Francia: ni urgente ni necesaria

Desde Finales del 2019, el Gobierno de Emmanuel Macron ha enfrentado protestas multitudinarias contra la reforma del sistema de pensiones. Supuestamente impulsa una ley necesaria, justa y universal que derogará la actual y sus 42 regímenes especiales.

Los regímenes especiales solo conciernen al 3 % de la población económicamente activa. Los primeros son un legado del Rey Sol (Luis XIV), quien benefició con jubilación adelantada a músicos y bailarines de la Ópera de París, institución  fundada por él en 1669. Los restantes se implementaron después de la Segunda Guerra Mundial, al calor de las nacionalizaciones del Gobierno del general Charles De Gaulle. Entre sus receptores se destacan trabajadores de los ferrocarriles, el gas, la electricidad, algunos servicios públicos, y otros.

Los ferroviarios y los que limpian las cloacas de París, por ejemplo, pueden jubilarse 10 años antes (a los 52), privilegio que solo cuenta para dos de cada 10 trabajadores en Francia. El 80 % debe hacerlo según el régimen general vigente desde 1945 que prevé la pensión a partir de los 62 años, límite que el Gobierno pretende extender hasta los 64 y más. Hoy, para tener una pensión completa en Francia es necesario haber cotizado a la seguridad social durante al menos 43 años. Hasta 1993, solo se requerían 37 años.

Precisamente la edad de jubilación fue el punto que radicalizó la protesta y sumó a la mayor central —Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) y a su líder, Laurent Berger—  a la comisión intersindical que intenta mantener a la gente en la calle, exigiendo un diálogo que no sea de sordos.

La Confederación General del Trabajo (CGT), que liderea Philippe Martínez, por su parte, fue tajante desde el principio: “O retiran la reforma o gobiernan contra la voluntad del pueblo”, dijo Martínez.

Ambas organizaciones, sindicatos, partidos políticos, y movimientos como el de los chalecos amarillos, han concertado una marea de energía social antineoliberal que desde el 5 de diciembre, cuando comenzó una huelga general que aún no termina, ha tenido picos en la participación popular, que han sido reprimidos con una fiereza sin precedentes.

Ante las pruebas de exceso policial presentadas por la prensa y los propios manifestantes, el Gobierno se vio forzado a reconocer  “comportamientos inaceptables” de las fuerzas del orden, los cuales dejaron más de 2 mil 500 heridos.

A esta violencia hay que sumar la criminalización de la protesta. Quizás el caso más célebre es el juicio contra  Jean-Luc Mélenchon, presidente del Partido La Francia Insumisa, quien recibió una condena de tres meses de prisión (exentos de cumplimiento) y 8 mil euros de multa por haber encarado a los integrantes de la fuerza pública que allanaron oficinas de su partido.

El proceso se inserta en las más de 3 mil condenas que el aparato jurídico francés ha dictado contra “chalecos amarillos” en el último año, lo cual se ha entendido como un acto intimidatorio que lanza una señal alarmante acerca de la democracia y las libertades que pregonan.

En diciembre, Jean-Paul Delevoye, alto comisionado de las Pensiones y autor del proyecto de reforma, se vio obligado a renunciar luego de saberse, a través de la prensa, del evidente conflicto de intereses que representaba su participación en compañías financieras que se beneficiarían de una supuesta privatización de las pensiones.

A pesar de la resistente pulseada social, Macron no cede, su mayor gesto fue comprometerse a no extender la edad de jubilación, “al menos por ahora”.

No obstante, el Gobierno está en jaque. Por momentos el país ha quedado paralizado, sobre todo el transporte de pasajeros y mercancías; y sectores habitualmente tranquilos, como el de los abogados, se han sumado a las protestas.

“Nunca estamos seguros de ganar, pero si no nos movilizamos, estamos seguros de perder”. La frase dicha por uno de los manifestantes encierra la filosofía de quienes dan hoy la batalla en las calles, quizás sin saber que los impactos de su victoria, o derrota, trascenderán más allá del suelo galo.

La actual reforma de pensiones impulsada por Macron y su Gabinete arrasará con el sistema solidario e intergeneracional construido por los franceses durante décadas de luchas, y que ha sido identificado como el mejor del continente.

Por poco que se escarbe en el Elíseo, siempre se llega a Bruselas, a la Europa de las finanzas, recuerdan los euroescépticos, quienes reconocen las presiones que desde la Unión Europea recibe Francia para disminuir sus pensiones en al menos un 20 % y extender la edad de jubilación hasta los 67 años, para así homologar la región.

Regresión social sin precedentes

El académico francés Salim Lamrani, en un artículo publicado en el diario francés L’Humanité y reproducido íntegramente en la versión digital de Trabajadores, sostiene que la urgencia financiera de la cual habla el Gobierno para justificar la reforma no es tal pues, entre otras razones “las reservas globales para las pensiones del régimen general y del régimen privado, cuyo papel es compensar un eventual déficit, son de más de 150 mil millones de euros”.

El Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad París Sorbonne-París IV y Profesor Titular de la Universidad de La Reunión reconoce el incremento en la cifra de jubilados —en 1970 había tres activos por cada pensionado, ahora son 1,7— pero, “lo que se omite, es que un asalariado de hoy produce tanto como tres activos de los años 70. Entonces, desde un punto de vista económico, el sistema actual es aún más viable que hace 50 años”.

Lamrani recordó a François Fillon, primer ministro del expresidente Nicolás Sarkozy, cuando en el 2016 confesaba que “el sistema por puntos (el que se pretende imponer) permite en realidad una cosa que ningún político se atreve a confesar: bajar cada año el valor del punto y por lo tanto disminuir el nivel de las pensiones.

“No se puede pretender desmantelar un sistema que funciona perfectamente solo porque un 3 % de los trabajadores tienen un régimen especial, el cual muchas veces se justifica por las particularidades de su profesión”, dice.

El experto concluye: “El proyecto actual es una regresión social sin precedentes. No se justifica de ninguna manera pues Francia nunca ha sido tan rica en toda su historia”.

 

 

[box title=»Vivir y morir en las cloacas» box_color=»#eff7f3″ title_color=»#0f0d0d»]

Nicholas Joseph lleva 18 años limpiando alcantarillas parisinas en jornadas de siete horas. Su trabajo es recolectar y transportar a la estación de depuración las aguas sucias, una parte de los 2 millones y medio de metros cúbicos de excrementos y desechos diarios que antes llegaban al Sena y a otros ríos. Durante la jornada, y a pesar de los medios de protección, aspira gases mortales como el sulfuro de hidrógeno y restos químicos de lavanderías, fábricas y hospitales. Además tiene contactos con materiales de alto riesgo bacteriológico, así como con vectores transmisores de múltiples enfermedades. Entre sus colegas la mortalidad es alta (56 %), con un repunte en la última década debido, fundamentalmente, al cáncer de hígado y esófago. “Algunas cloacas de París reciben visitas turísticas guiadas, pero la mayor parte son espacios muy estrechos, donde trabajamos a oscuras y con demasiado calor. Habitualmente morimos 17 años antes que la media de Francia. La jubilación adelantada una década no es un regalo, es una conquista. Si aprueban la reforma, lo más probable es que ya no estemos vivos a los 64, cuando nos toque jubilarnos”.[/box]