Cargando...Desde finales del 2019, el gobierno de Enmanuel Macron enfrenta protestas multitudinarias contra la reforma del actual sistema de pensiones. Pretenden sustituirlo por otro “universal”, dicen, que acabará con los 42 regímenes especiales que subsisten en el país.
Los sindicatos y asociaciones profesionales han salido a las calles a expresar su desacuerdo y la huelga general del pasado 9 de enero casi paralizó totalmente el país, en particular el transporte de pasajeros y mercancías.
Entre los sindicatos aparece un bando encabezado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que liderea Philippe Martínez, y que exige la retirada completa de la reforma. El otro bando lo encabeza la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, encabezada por Laurent Berger, y si bien apoya los grandes principios de la reforma, no comparte algunas de las propuestas del Gobierno.
En ese contexto, el académico francés Salim Lamrani ha aportado luz al debate y en diez respuestas publicadas en el diario francés L’Humanité, desenmascara el proyecto de Macron.
Lamrani es Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV y profesor titular de la Universidad de La Reunión. Además es especialista en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
- ¿Cuándo fue creado el actual sistema de pensiones?
El actual sistema de pensiones en Francia es un legado de la Liberación, fundado por el Consejo Nacional de la Resistencia. Se basa en el principio de solidaridad entre generaciones. Así, un país destruido y arruinado por seis años de guerra logró establecer un régimen destinado a garantizar a los ancianos un nivel de pensión digno.
En 1945, la creación de la Seguridad Social “responde a la ambición de construir un régimen de pensiones que cubra a toda la población”.
He aquí los motivos de la ordenanza de 1945: “La Seguridad Social es la garantía dada a cada uno de que en todas circunstancias dispondrá de los recursos necesarios para asegurar su subsistencia y la de su familia en condiciones decentes. Encuentra su justificación en una preocupación elemental de justicia social y responde a la voluntad de librar a nuestros conciudadanos de la incertidumbre del porvenir”.
- ¿Cuáles son los principios básicos?
El actual sistema de pensiones se basa en cuatro principios. Es obligatorio, que toda persona activa cotiza de modo automático. Funciona por repartición, lo que hace que el importe total de las cotizaciones que los asalariados entregan cada año sirve para pagar las pensiones de los actuales jubilados. Es solidario y toma en cuenta los periodos de desempleo, de enfermedad, de invalidez, el número de hijos, las carreras largas y las situaciones de hándicap. Es contributivo, pues la pensión se calcula en función de las cotizaciones hechas durante la carrera profesional. La pensión de base funciona en años y los derechos adquiridos se contabilizan en trimestres.
Se trata de uno de los mejores sistemas del mundo pues la tasa de pobreza de los ancianos en Francia es una de las más bajas del planeta.
- ¿Acaso hay alguna urgencia en reformar el sistema actual?
Actualmente, el déficit anual coyuntural se sitúa entre 7 mil y 17 mil millones de euros por año. Según el Consejo de Orientación de las Pensiones, que es una entidad vinculada al Primer Ministro, se resolverá demográficamente y el sistema se volverá excedentario a partir de 2040.
Por otra parte, conviene recordar que las reservas globales para las pensiones del régimen general y del régimen privado, cuyo papel es compensar un eventual déficit, son de más de 150 mil millones de euros. Entonces no hay ninguna urgencia.
Además, a partir de 2025, se resolverá el déficit de la Seguridad Social al cual la Caja de Amortiguamiento de la Deuda Social dedica 17 mil millones de euros anuales y el Estado dispondrá de esta suma que podrá dedicar al sistema de pensiones, hasta que encuentre su equilibrio en 2040.
- Dado que el número de pensionados aumenta, ¿acaso no es indispensable la reforma?
Se evoca mucho el argumento del número creciente de jubilados respecto al siglo pasado. En efecto, en 1970 había tres activos por cada pensionado. Hoy día hay 1,7 activos por cada jubilado. En cambio, lo que se omite mencionar es que un asalariado de hoy produce tanto como tres activos de los años 70. Entonces, desde un punto de vista económico, el sistema actual es aún más viable que hace 50 años.
¿Por qué entonces el sistema es deficitario? Simplemente porque la repartición de las riquezas producidas entre el trabajo y el capital es desigualitaria. Hoy los accionistas son remunerados mucho más que los asalariados. En los años 80, la remuneración de los accionistas sólo representa nueve días de producción al año. Hoy representa 45 días y se hace en detrimento del aumento de los salarios.
Si se remunerara proporcionalmente tanto a los asalariados como a los accionistas, el sistema de pensiones sería ampliamente excedentario.
- ¿Cuáles son los riesgos del sistema por puntos que quiere imponer el Gobierno de Macron?
Con el sistema actual, cada activo sabe en qué momento podrá hacer valer sus derechos a una pensión de retiro y conocerá el importe. Hoy día, hace falta cotizar 43 años y alcanzar la edad de 62 años para poder jubilarse con una pensión completa. Con un sistema por puntos nadie podrá conocer el importe de su futura pensión de retiro ni el momento en que se podrá dejar de trabajar, pues el valor del punto podrá ser modificado por la mayoría gubernamental en todo momento.
François Fillon, ex Primer Ministro del Presidente Nicolas Sarkozy, dio prueba de franqueza sobre el tema durante un discurso ante los grandes empresarios franceses en marzo de 2016: “Hay demasiados políticos que juegan con el asunto de las pensiones y que prometen reformas formidables, por ejemplo, la pensión por puntos. No hay que hacer creer a los franceses que eso va a resolver el problema de las pensiones. El sistema por puntos permite en realidad una cosa que ningún político se atreve a confesar: permite bajar cada año el valor del punto y por lo tanto disminuir el nivel de las pensiones”.
En todos los países donde se aplicó el sistema por puntos las pensiones bajaron y la tasa de pobreza de los ancianos aumentó. Así en Suecia, desde la adopción de un sistema de pensiones por puntos, la tasa de pobreza de los ancianos se duplicó en nueve años. El sistema actual de pensiones es el que produce menos pobreza entre las personas de más de 65 años. Es de un 6,5 % mientras que alcanza un 17 % en Suecia.
- ¿Cuál es el modo de cálculo de la pensión en el proyecto de reforma? ¿A qué edad podrán retirarse los trabajadores?
La reforma prevé calcular el importe de la pensión de retiro no sobre los mejores 25 años para el sector privado y los últimos seis meses para el sector público como es el caso actualmente, sino sobre toda la carrera. La consecuencia matemática es que el importe de las pensiones bajará pues se tomarán en cuenta los periodos de desempleo o de bajos salarios, particularmente al inicio de la carrera.
Por otra parte se anuncia de la edad para jubilarse, edad a partir de la cual se pueden hacer valer los derechos a la pensión y que es hoy día de 62 años, será llevada a 64 años. Ahora bien, cerca del 50 % de los activos que llegan a la edad de retiro actual están desempleados. Hay 300.000 desempleados que tienen más de 60 años en Francia.
¿Cuál es la consecuencia del aumento de la edad de jubilación? Las personas desocupadas no tendrán suficientes cotizaciones como para pretender una pensión completa.
Conviene recordar que el candidato Emmanuel Macron tomó un compromiso solemne durante la campaña presidencial: “No tocaremos la edad de retiro ni el nivel de las pensiones”. Ahora bien, con el proyecto de modificación de la edad para jubilarse y la adopción de un sistema por puntos será imposible cumplir esta promesa.
- ¿Acaso no hay otras alternativas para resolver el actual déficit coyuntural del sistema de pensiones?
Hay múltiples posibilidades para colmar el déficit actual que, dadas las reservas financieras de los distintos regímenes de pensiones –150 mil millones de euros– no es preocupante.
Admitiendo que la estimación alta relativa al déficit se confirme, es decir 17 mil millones de euros por año –o sea el peor escenario- las reservas son suficientes para aguantar 10 años, suponiendo que no se tome ninguna otra medida. Ahora bien, existen varias alternativas:
– La primera posibilidad –y es una vergüenza que no se haya aplicado en la Francia del siglo XXI– es que las mujeres sean remuneradas del mismo modo que los hombres. Recordemos que el corazón de nuestra divisa republicana es la igualdad. Esta medida colmaría inmediatamente el déficit actual gracias a las cotizaciones generadas por el aumento salarial.
-La segunda posibilidad sería aumentar modestamente los salarios a la altura de un 5 %, es decir 75 % por mes para un ingreso de 1.500 euros. La mitad de la población activa en Francia tiene un salario mensual inferior a 1.500 euros. Ello permitiría conseguir cada año 18 mil millones de cotizaciones para las cajas de retiro.
– Una tercera solución sería seguir la preconización del Consejo de Orientación de las Pensiones de aumentar la tasa de cotización del 1 %. Podríamos multiplicar los ejemplos.
- ¿Acaso el déficit actual no sería el resultado de decisiones políticas?
Efectivamente, las políticas gubernamentales son en parte responsables del déficit actual. Así, la defiscalización de las horas extras priva al Estado de ingresos que permitirían equilibrar el sistema.
Por otra parte, según el Consejo de Orientación de las pensiones, la supresión de 120 mil puestos de agentes de la función pública anunciada por el Gobierno tiene un impacto importante en el déficit del sistema de pensiones: “La política del Estado es muy determinante. Si suprimen un millón de funcionarios en Francia, harán ahorros presupuestarios muy importantes, pero pondrán los regímenes de pensiones con los convenios actuales en quiebra”.
En una palabra, mantener o aumentar el número de funcionarios en sectores necesitados como la salud o la educación permitiría resolver el problema del déficit.
Además, el informe Delevoye de 132 páginas, que constituye la base del proyecto de reforma actual, prevé también exonerar los altos ingresos superiores a 120 mil euros anuales de cotizaciones de pensiones y bajar la tasa del 28 % al 2,8 %. Según el Agirc-Arrco, organismo de pensiones complementario para los asalariados del sector privado, esta medida privaría el sistema de pensiones de 4 mil a 7 mil millones de euros de cotizaciones cada año.
No se puede, a la vez, organizar el déficit y pretender luchar contra éste. Además, las inversiones hechas en un sistema de pensiones por capitalización darían derecho a una exoneración fiscal de un 70 %, lo que contribuiría a empobrecer aún más al Estado privándolo de ingresos.
Por fin, actualmente, la parte del PIB dedicada a las pensiones es de un 13,8 %, o sea 330 mil millones de euros. En el curso de la historia, el porcentaje del PIB dedicado a las pensiones siempre se ha adaptado a las fluctuaciones de la composición demográfica para asegurar un nivel de pensión decente. Era de un 5 % en 1960, un 9,4 % en 1975, un 11,6 % en 2000, un 13 % en 2007 y será de un 14 % en 2025.
El Consejo de Orientación de las Pensiones apunta sobre el tema que “la parte de los gastos de pensiones en el PIB no fluctuarán de modo significativo, cualesquiera sean los escenarios económicos”, es decir, incluso en caso de crecimiento muy bajo.
Ahora bien, el Gobierno ha tomado la decisión de limitar esta parte a un 14 % incluso después de 2025 mientras que la parte de los pensionados pasa de un 22 % en 2025 a un 27 % en 2060. La consecuencia inevitable será una disminución de las pensiones. Al contrario, habría que ajustar la parte del PIB a la evolución demográfica. Así, si se dedicara un 16 % del PIB al sistema de pensiones, el déficit desaparecería de modo automático.
Otro ejemplo: la evasión fiscal le cuesta cada año 100 mil millones de euros a Francia. Si el país tomara medidas para luchar contra esta plaga, ello resolvería todos los problemas de déficit de la nación y permitiría invertir masivamente para resolver el desempleo y aumentar los salarios. Lo que engendraría mecánicamente una disminución de los gastos del Estado en términos de subsidios para el desempleo y un aumento de los ingresos gracias a los impuestos conseguidos por los puestos de trabajo creados. Estos nuevos asalariados, con un ingreso, consumirían más, lo que llenaría los libros de pedidos de las empresas, las cuales contrataría a su vez a nuevos trabajadores para responder a la demanda, que crearía un círculo virtuoso y haría más igualitaria la sociedad francesa.
- ¿Acaso no hay que crear un régimen universal y suprimir los regímenes especiales?
El argumento del régimen universal no es sostenible pues el Gobierno ya ha aceptado el hecho de que varias categorías, tales como los policías, los militares, el personal aéreo, los camioneros y otros conservarán su régimen específico gracias a las movilizaciones de estas corporaciones.
En realidad, los regímenes especiales –hay 42– sólo conciernen al 3 % de la población activa. No se puede seriamente pretender desmantelar un sistema que funciona perfectamente sólo porque un 3 % de los trabajadores tienen un régimen especial, el cual muchas veces se justifica por las particularidades de su profesión. ¿Por qué, si esta reforma es sinónimo de progreso social –según afirma el Gobierno– privar a estas categorías de este privilegio? Esta afirmación no resiste al sentido común.
Algunos regímenes especiales son deficitarios por razones demográficas con un aumento del número de pensionados, pero también a causa de decisiones políticas. Tomemos el caso de la compañía de ferrocarriles SNCF. Hace 30 años había 300 mil trabajadores en este sector. Hoy sólo hay 150 mil porque el Estado ha decidido proceder a una reducción drástica del número de asalariados a pesar de las necesidades reales. Entonces es normal que sea deficitario, ya que hay un 50 % de cotizantes menos. Otra vez, no se puede ser responsable del déficit y luego apuntarlo con el dedo para justificar el desmantelamiento del sistema actual.
- ¿Cuál es el objetivo real de esta reforma?
En realidad se trata de una reforma ideológica cuyo objetivo es promover el desarrollo de un sistema de pensiones complementario por capitalización, al cual la población activa recurrirá lógicamente a causa de las incertidumbres generadas por un sistema por puntos.
En efecto, si los asalariados y funcionarios no saben cuál será el importe de su pensión de retiro, los que tienen la posibilidad suscribirán un contrato de pensión por capitalización en los bancos, fondos de pensiones y organismos de seguros. Se trata de permitir a estas entidades privadas, que codician desde hace muchos años los cientos de miles de millones de euros que representa el sector de las pensiones, que hagan jugosos beneficios.
El propio informe Delevoye confiesa que no hay ninguna urgencia económica en reformar el sistema actual. Es importante citarlo, página 6: “Nuestro sistema de pensiones permite garantizar a nuestros jubilados un nivel de vida satisfactorio, tanto en comparación con el resto de la población francesa como de la situación que existe en nuestros vecinos europeos. Gracias a los esfuerzos hechos en los últimos 25 años, está hoy día cerca del equilibrio financiero”.
En conclusión, el proyecto actual de reforma del sistema de pensiones es una regresión social sin precedentes. No se justifica de ninguna manera pues Francia nunca ha sido tan rica de toda su historia. Hay dos problemas principales en Francia a los cuales el Gobierno debería dedicarse: el desempleo y la repartición desigual de las riquezas.
