Bajo el mandato de Morales, en diciembre de 2010 Bolivia reconoció al Estado de Palestina y dos años más tarde apoyó su ingreso a la Organización de las Naciones Unidas; en noviembre de 2013, ambos países establecieron relaciones diplomáticas.
La postura anunciada por las autoridades golpistas, bajo el objetivo declarado de ‘reactivar la cooperación que ofrecía Israel a Bolivia en diferentes áreas como la educativa, científica, cultura, agricultura o turismo ‘, supone un nuevo paso en el giro de 180 grados de La Paz en cuanto a su proyección internacional.
Desde el derrocamiento de Morales el 10 de noviembre último, a raíz de una ola de violencia opositora, sumado al motín de las fuerzas policiales y la exhortación del Ejército a la renuncia del jefe de Estado, en menos de tres semanas el régimen de facto reestructuró en su totalidad el mapa de relaciones exteriores construido durante 14 años.
En tal sentido, la administración de Jeanine Añez anunció la ruptura de vínculos diplomáticos con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, y a renglón seguido reconoció al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado, en un gesto complaciente con Estados Unidos y sus aliados.
El forzado cambio de rol de Bolivia en el escenario internacional trajo consigo la remoción de sus cargos de los embajadores designados por el gobierno de Evo Morales; ‘todos han sido cesados de sus funciones (…) en el entendido de que no eran embajadores de carrera, sino representantes y gestores políticos’, justificó la canciller Longaric.
Asimismo, a tono con las radicales políticas de choque aplicadas en el ámbito interno, Añez retiró al país de foros de integración como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
El martes último la presidenta de facto designó a Walter Serrate Cuellar como nuevo embajador en Estados Unidos, luego de 11 años de relaciones bilaterales a nivel de encargado de Negocios.
En una decisión de marcado carácter soberano, en 2008 el gobierno de Bolivia expulsó al entonces embajador estadounidense en La Paz, Phillip Goldberg, ante la abierta injerencia de Washington en los asuntos internos del país sudamericano.
De igual manera, la administración de Evo Morales cesó la presencia en territorio boliviano de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), organismos con amplios expedientes de desestabilización política y social en el área.
En recientes declaraciones desde su asilo político en México, Evo Morales denunció a la embajada estadounidense en La Paz de urdir el golpe de Estado que lo derrocó y provocó el derramamiento de sangre en Bolivia, con saldo de más de 30 muertos como consecuencia de la represión a los movimientos sociales adversos a la asonada.
Según la entrevista publicada en el diario La Jornada bajo el título Caí en la trampa; el golpe se urdió en la embajada de EE.UU., Evo explicó que todo empezó con las discusiones para modificar la constitución para una nueva reelección con lo que él no estaba de acuerdo.
Ahí empezó una guerra sucia con base en la mentira, la encabezó la embajada de Estados Unidos, aseguró; ‘faltando casi dos meses para las elecciones, convoqué al encargado de Negocios (?) y le mostré cómo personas con cargos de la embajada iban a algunas regiones a chantajear a los compañeros del campo’.
Adicionalmente, un sesgado informe parcial de la Organización de Estados Americanos dio cuenta de supuestas irregularidades en los comicios del 20 de octubre, en los cuales Morales salió airoso en primera vuelta con el 47 por ciento de los votos y más de 10 puntos porcentuales sobre el opositor Carlos Mesa.