Rechazan estado de excepción en Ecuador

El estado de excepción nacional decretado por el presidente de la República, Lenín Moreno, tras la jornada de paro y protestas realizada en numerosas ciudades de esta nación andina, generó críticas este viernes en Ecuador.

«El estado de excepción justifica la represión al pueblo. Pueblo que está en las calles por las medidas injustas de @Lenin, la medida demuestra desesperación y temor a la gente. La democracia dura lo que dura la obediencia», afirmó en su cuenta en Twitter la prefecta de Pichincha Paola Pabón.

Por su parte el asambleísta Carlos Viteri, consideró el decreto como una medida antidemocrática, mientras para el también legislador Bairon Valle, la decisión pretende silenciar las voces de protesta popular que se levantan por todo el país.

En un Comunicado, el Movimiento Compromiso Social por la revolución Ciudadana también expresó condena a la declaratoria, porque 2restringe derechos y abre la puerta a la represión contra la población que se manifiesta contra el PAQUETAZO».

En las redes sociales, numerosos son los mensajes de rechazo al decreto, que derivó en la cancelación de eventos culturales previstos el fin de semana.

La medida, que entró en vigor la víspera y se mantendrá por 60 días, dispone la movilización de todas las entidades de la administración pública central e institucional, las Fuerzas Armadas y la policía nacional.

De acuerdo con el decreto, todas esas instancias coordinarán esfuerzos, en el marco de sus competencias, con la finalidad de ejecutar acciones para mantener el orden y prevenir violencia.

El estado de excepción comprende además suspender el ejercicio de derecho a la libertad de asociación y reunión, lo cual limita las aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día.

Asimismo, limita la libertad de tránsito en todo el territorio nacional, en casos que atente contra los derechos y garantías del resto de los ciudadanos con el objeto de impedir actos contrarios al derecho de terceros o generar actos vandálicos atentatorios contra la vida o propiedad de las personas. Igualmente establece todo el territorio nacional como zona de seguridad.

El decreto fue oficializado tras una jornada de paro transportista y de protestas populares contra reformas tributarias y laborales presentado por el gobierno, que desataron represión policial, actos vandálicos, decenas de detenciones y enfrentamientos en los que resultaron heridos manifestantes, un policía y periodistas, quienes cubrían las marchas.