El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, denunció que la ofensiva del gran empresariado busca hoy acabar con la última frontera de resistencia en Costa Rica: los sindicatos.
“La ofensiva patronal del gran empresariado (y su sector más recalcitrante, el de corte fascista), está decidida a acabar con la última frontera de resistencia que queda para evitar el desmantelamiento absoluto del Estado Social de Derecho, del Estado de Bienestar: los sindicatos”, afirma Vargas en un amplio artículo, divulgado en redes sociales.
En su trabajo, intitulado Autoritarismo y disciplinamiento obrero: parlamento empresarial, el líder sindical indica que nadie en los movimientos sociales de distinto carácter debe llamarse a engaño: prácticamente la totalidad del parlamento tico está al servicio de esos intereses contrarios al bien común.
Todo lo contrario, denuncia Vargas, está en la línea de potenciar todavía más el cruel proceso de concentración de riqueza que sufrimos, con sus secuelas dolorosas de congelamiento salarial, de precarización del empleo, de reversión de derechos laborales, de reducción del salario mínimo, de institucionalización de la informalidad y de aumento en la carga de impuestos de naturaleza regresiva.
Señala que el odio de clase que se muestra en vocerías notorias al servicio del gran capital desde varias curules del parlamento es de tal calibre que se han atrevido a impulsar un proyecto de ley de profundo sesgo antidemocrático: legislando para la ilegalización, la proscripción, el exterminio de la organización sindical.
El proyecto de ley que lo permitiría avanza a paso firme en su tramitación parlamentaria, indica y agrega que la propuesta legal en trámite final para castrar de contenido el derecho constitucional de huelga, representa una fuerte acción jurídica de disciplinamiento obrero a fin de eliminar, de raíz, el contenido de avanzada que tuvo Costa Rica con la ley de la Reforma Procesal Laboral.
“Está sumamente demostrado que el neoliberalismo, a falta de argumentos convincentes, recurre a las más diversas formas de autoritarismo (incluido el de corte sangriento como el de Chile con Pinochet). Se trata de imponer un disciplinamiento obrero, liquidando o reduciendo al mínimo, a su más natural y legítima organización: el sindicato”, apunta Vargas.
Adelanta que castrado el derecho constitucional a la huelga y abierta la posibilidad legal para disolver sindicatos, esa agenda del macro-corporativismo empresarial de corte neoliberal, incluye la relativización de la histórica jornada de ocho horas, la revisión a la baja del salario mínimo y la anulación del fuero de protección sindical.
(Tomado de PL)