Miradas a las complejidades del enfrentamiento al delito y las indisciplinas sociales

El enfrentamiento al delito y las indisciplinas sociales fue abordado en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos. Una amplia información sobre el comportamiento de la actividad delictiva brindó el coronel Idael  Fumero, de la Dirección Técnica de Investigaciones.

Este fenómeno, subrayó,  afecta a la población, tiene impacto en la economía y en la defensa en su dimensión más alta,  porque se relaciona con la preservación del orden interior.

Precisó que el Ministerio del Interior (MININT) trabaja en conjunto con la Fiscalía, los tribunales, las instituciones estatales y las organizaciones sociales tanto en el enfrentamiento como en la prevención.

Se refirió a conductas como el consumo desmedido de alcohol y alteraciones del orden como riñas, que son también propensas al delito, además de las limitaciones económicas agudizadas por el bloqueo. Dijo que las recientes medidas adoptadas por el Gobierno pueden mitigar determinadas acciones en personas que se han conectado a la actividad delictiva aduciendo necesidades económicas.

Enumeró los hechos que se cometen en perjuicio de la economía, dentro de los cuales destacó el robo de combustible y de materiales de la construcción. Dijo que se actúa con la ONAT contra conductas evasoras del pago de impuestos y llamó la atención además sobre la presencia de adolescentes y jóvenes en actividades peligrosas.

El presidente de la comisión, Toledo Santander, señaló que Cuba tiene tolerancia cero tanto a la trata de personas como a las drogas; y aunque internacionalmente se despenalice el uso de la marihuana, no significa que Cuba la acepte, nuestro país puede recurrir a una cláusula de reserva en este sentido, por principio del derecho internacional, eso hay que aclarárselo a la gente, porque está demostrado que causa daño.

Una diputada por Guantánamo expresó su preocupación  por el incremento de la participación de jóvenes y adolescentes en la actividad delictiva, y propuso hacer una labor conjunta con la Comisión de Atención a la Niñez y la Juventud sobre ello.

Otra diputada de Holguín se refirió a la necesidad de actuar en la comunidad ante las indisciplinas sociales, desde los consejos populares se pueden adoptar decisiones en conjunto con los factores, no solo dejar el problema en manos del MININT.

Un planteamiento coincidente  fue que en la comunidad se producen hechos que la persona no denuncia por temor a represalias, por ello se necesita respaldo policial. Son cuestiones que empiezan a gestarse en el pequeño espacio de la vivienda: falta de respeto, estridencia, que después se trasladan a los espacios públicos.

La prosperidad, se afirmó, tiene que ver también con buenas prácticas ciudadanas, hay que buscar maneras de enfrentamiento para que no se imponga la ley del más fuerte. La escuela tiene un papel importante en esta batalla.

Santander opinó que se desmantelaron mecanismos de contención, lo que ha dado como consecuencia que se haya exacerbado la indisciplina.  En el artículo 199 de la Constitución se establece entre las funciones del consejo popular la prevención. Uno de los valores de nuestra sociedad es la tranquilidad ciudadana, que es apreciada por quienes nos visitan; conservarla es estratégico para el país, aseguró.

Agregó que es preciso una estrategia comunicacional efectiva para estos temas, que nos permita llegar a todos los públicos con los mensajes. En la TV los spots que se difunden son buenos, pero no están en las redes, y los jóvenes no ven televisión, debemos tener eso en cuenta y montar los mensajes de prevención por las redes sociales.

Invitó a reflexionar sobre algunos hechos como el robo de combustible en momentos en que el país vive circunstancias difíciles, ese hecho es más que robo, sabotaje, se convierte en un delito contrarrevolucionario.

Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República de Cuba; y Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular, intervinieron para exponer la actuación de las dos instituciones.

La Fiscal General calificó el tema sometido a análisis como muy complejo y consideró que no puede abordarse con una sola mirada, porque solo el enfrentamiento, o solo la prevención, no resuelven. Aclaró que a veces estas tipicidades delictivas no son las de mayor marco sancionado en nuestro Código Penal.

Hemos estado dando indicaciones en temáticas que han generado juicios ejemplarizantes. No obstante, subrayó, hay figuras de alta complejidad desde la investigación y hay que acopiar material probatorio, porque para ser sancionados es preciso demostrar que la persona cometió el hecho, que es responsable, si no lo logramos, corremos el riesgo de que causemos el efecto contrario.

Puso como ejemplo que respecto a las indisciplinas sociales se han estado enfrentando por el delito de daños, a personas que han afectado colectores de desechos sólidos (generalmente son jóvenes).  En los casos graves como el enfrentamiento a la droga, proxenetismo y trata de personas no son pocos los sancionados en el tiempo y hay severidad en el enfrentamiento.

A partir de las medidas recientemente aprobadas, pueden enfrentarse procesos como subidas de precios, hay que ser muy objetivos y agudos en las evaluaciones. Estamos tratando de ser coherentes en el cumplimiento de nuestras funciones, recalcó. Y agregó que la fiscalía está ejecutando acciones de control al combustible y materiales de construcción.

El tema de la preparación es muy importante, señaló, evaluar lo que ocurre, llevarlo al Código Penal y defenderlo ante los tribunales.

Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo,  acotó  que los tribunales en estos temas de enfrentamiento de las ilegalidades y las indisciplinas se esfuerzan por cumplir su función, que es impartir justicia, algo complicado y que tiene que ver con  decidir en cada caso según lo que corresponda. Hay que contextualizar, puntualizó, acabamos de aprobar una Constitución y todo hay que hacerlo en el marco de ella.

Los tribunales tenemos tareas en el enfrentamiento, la represión tiene que hacerse con una mirada puesta en la prevención y el sistema social que construimos. La constitución empieza diciendo que Cuba es un Estado socialista de derecho y la plataforma legal que tenemos nos permite desplegar la actividad sobre esa base. Por encima de la ley y la Constitución no vale nada.

Agregó que se están elaborando nuevos proyectos legislativos por mandato de la Constitución, la ley de tribunales, de procedimiento penal, civil administrativo y económico, y se incorpora el nuevo Código Penal al igual que una ley de ejecución de sanciones.

Expresó que el Nuevo Código Penal deberá recoger más rigor en algunas conductas, no obstante, como le escribió José Martí a María Mantilla —citando un proverbio chino— en nada deben haber excesos, ni siquiera en las virtudes, pues exageradas se vuelven defectos. El tratamiento legal de algunas figuras delictivas hay que analizarlo, tomarlas en cuenta, tenemos que adecuar la ley, mientras la adecuemos hay que aplicar la vigente.

Trajo a colación el término de seguridad jurídica, sin la cual no se puede hablar de un socialismo próspero y sostenible,  ella está relacionada con la calidad de vida de las personas, desde el edificio y la comunidad la gente debe sentirse segura. Y recalcó que la seguridad jurídica es una de las dimensiones de la seguridad nacional.

Acerca del autor

Alina Martínez Triay

Graduada de Periodismo. Subdirector Editorial del Periódico Trabajadores desde el …