Cargando...Las movilizaciones sociales en Honduras crecen cuando apenas faltan unos días para el 28 de junio, fecha en que se cumplen 10 años del golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional Manuel Zelaya, a quien los militares de su país, apoyados por Estados Unidos, montaron en piyamas en un avión con destino a Costa Rica.
Tales protestas se incrementaron tras los decretos del gobierno del actual presidente Juan Orlando Hernández para “reajustar” la fuerza laboral en los sectores de educación y salud, en sintonía con la estrategia de reforzar el rumbo neoliberal de la política económica oficial.
La magnitud de las movilizaciones obligó al propio mandatario a prometer la reversión de esos decretos. No obstante, la inconformidad social se manifiesta con un aumento de la violencia en las protestas públicas. Así ha ocurrido en Tegucigalpa, la capital, también en San Pedro Sula, principal centro industrial y de negocios, así como en El Progreso y La Ceiba, donde los manifestantes levantan barricadas y queman negocios de asociados al jefe de Estado.
Esas demostraciones resultan la saga de las protestas a los cuestionados resultados electorales que dieron la presidencia a Hernández en las elecciones del 2017, y que sectores de la izquierda consideraron como amañados y fraudulentos. Desde entonces la hoguera siguió prendida a la par de los frecuentes escándalos de corrupción de personeros allegados al mandatario, cuya aprobación social va en picada desde que asumió el pasado año.
Xiomara Castro, excandidata presidencial y esposa del expresidente Zelaya, afirma que desde el golpe de Estado en Honduras se profundizó un modelo neoliberal que privatizó los servicios públicos, recursos naturales y pretende hacer lo mismo con la salud y la educación. En reciente entrevista de prensa calificó al gobierno de Hernández de dictadura, “donde no hay derecho a protestas, donde pueden entrar a tu casa sin una orden judicial, requisarte, meterte preso”.
Afirmó que la dictadura funciona generando miedo y terror. Hay grupos paramilitares que cumplen con una cantidad de personas que hay que asesinar. Unas son escogidas, muy estudiadas, y otras al azar porque la idea es precisamente sembrar miedo, añadió.
Según la dirigente del partido Libertad y Refundación, que preside Zelaya, después del golpe de Estado fueron asesinadas más de 350 personas que participaban en movilizaciones contra el régimen impuesto. En otros casos —apuntó— se trató de crímenes selectivos.
Así, la inseguridad aumenta y con ella la violencia, flagelos que junto a la pobreza están entre las principales causas para la emigración hacia Estados Unidos, que cortó la ayuda a Honduras y otros países centroamericanos emisores de migrantes hacia su frontera sur.
No es casual entonces que las protestas y ataques en Honduras también tomen como blanco los intereses de Estados Unidos, incluido la quema de neumáticos frente a su embajada en Tegucigalpa. Recientemente los manifestantes incendiaron 62 camiones y contenedores de la empresa estadounidense Dole, en una nueva faceta del descontento social.
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas sitúan al 66 % de los hondureños viviendo bajo el umbral de la pobreza. De ellos casi el 40 % sufre la pobreza extrema.
