Cargando...Por Orlando Oramas León
La insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de levantar de todas todas el muro divisorio en la frontera con México le llevó al extremo de declarar el estado de emergencia nacional a fin de echar mano a los recursos que hoy se le niegan en el Congreso.
Resulta una medida extrema, injustificada y que coloca a la barda con el país vecino cual pretexto con pocos asideros que le comparen con una situación de catástrofe, léase terremotos, huracanes o, en el peor de los casos, un peligro de invasión para Estados Unidos.
“Voy a firmar una declaración de emergencia, como han hecho otros presidentes antes que yo por cosas menos importantes”, adelantó el mandatario desde la Casa Blanca, donde afirmó que no se trata solo de cumplir una promesa electoral, sino de “una verdadera crisis de seguridad nacional”.
Para Trump el muro será la gran solución para combatir el tráfico de drogas y la llegada de inmigrantes ilegales. Pero su decisión abre las puertas a una batalla legal y al rechazo de diversos sectores de la sociedad del país norteño.
El jefe de la Casa Blanca usa el recurso de la emergencia nacional para poder disponer de diversas partidas presupuestarias en el afán de erigir la barrera.
Será una obra que unos ocho mil millones de dólares, 2,3 millones más que los que requirió del Congreso, el cual apenas le autorizó mil 375 millones de dólares.
Pero el republicano va por más y para ello echará mano a 2,5 mil millones presupuestados para la batalla contra el narcotráfico, 3,5 mil millones de dólares que el Pentágono tiene destinados para la construcción de obras militares y 600 millones de dólares procedentes de las confiscaciones de drogas del Departamento del Tesoro.
Con su decreto de emergencia Trump se va por encima del Congreso, autorizado por la Constitución para decidir y aprobar los gastos del presupuesto. Y así lo ven, de manera crítica, tanto legisladores republicanos como de la oposición demócrata.
La disputa legal está en ciernes, sobre todo contra la decisión de un presidente errático, que lo mismo abre fuego contra los servicios secretos de su país, ataca al Congreso, despotrica sobre miembros de su gabinete y colaboradores, así como respecto a decisiones judiciales.
En tal sentido no es de extrañar que el arrebato trumpiano sea bloqueado por un juez federal, en particular porque los argumentos esgrimidos por el gobernante están lejos de justificar la medida extrema.
“No hay una emergencia nacional. Si Trump sobrepasa su autoridad y abandona las negociaciones con el Congreso al declarar una emergencia nacional inventada (…) haremos lo que sea necesario para responsabilizarlo. Nadie está por encima de la ley”, advirtió el fiscal general de California, Xavier Becerra.
“La única emergencia aquí es el asalto de Trump a la Constitución”, expresó a su vez Brian Segee, abogado del Centro para la Diversidad Biológica, institución que se suma a otras de corte ambientalista opuestas a la edificación de la valla fronteriza.
Por su lado, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) también interpondrá en los próximos días un recurso legal ante la justicia.
Incluso se da el caso de terratenientes estadounidenses que también presentan querella contra Trump, al considerar que el muro les impide el acceso a sus tierras.
También acudirán a las cortes los gobernadores de California, Nuevo México, Oregón, Minnesota, Nueva Jersey, Colorado, Hawai y Connecticut .
La realidad es que la declaratoria de emergencia por una crisis de seguridad nacional en la frontera con México no se justifica. El vecino del sur ha mantenido bajo control las caravanas de migrantes centroamericanos, acorde a su política de defender una migración segura y ordenada.
A su vez, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador trabaja por la creación de una Guardia Nacional que tendrá a su cargo el combate al narcotráfico y la violencia.
Paralelamente, Obrador presentó, primero a Trump, y luego a presidentes de América Central, un plan integral de cooperación y desarrollo que enfrente fenómenos como la migración, la violencia y el narcotráfico desde sus causas y orígenes, al cual sumó ahora su apoyo el gobierno de España.
De ello hizo oídos sordos el gobernante estadounidense, quizás más interesado en complacer a sus bases electorales, sus propios sentimientos antimigrantes, y a sabiendas de que la barrera será porosa e inoperante en en la larga frontera que divide a ambos países.
