La exigencia por parte de la Corte Superior de California a la empresa estadounidense Monsanto para que indemnice con 289 millones de dólares a Dewayne Johnson, jardinero de una escuela quien padece de cáncer debido al uso de Roundup, herbicida producido por ese grupo, crea una base judicial favorable para la solución de litigios similares, aseguró Quach Thanh Vinh, titular de la Oficina de Enlace de Juristas de Estados Unidos, según reporte de la agencia VNA.
El también jefe de la oficina central de la Asociación de Víctimas del Agente Naranja de Vietnam (VAVA, por sus siglas en inglés) considera que la decisión del tribunal puede favorecer los pleitos promovidos por ellos contra Monsanto y precisó que actualmente se preparan para introducir nuevas demandas relacionadas con algunos de los fabricantes de productos químicos de Estados Unidos.
Además de las batallas legales, VAVA tiene entre sus propósitos sensibilizar a políticos y científicos, al pueblo estadounidense, así como a personas y movimientos progresistas para que apoyen a los vietnamitas afectados por la sustancia letal utilizada contra ellos durante la guerra. Asimismo ha invitado a congresistas estadounidenses a redactar un proyecto de ley que exija al Gobierno de Washington responsabilidad con la descontaminación del territorio afectado y el apoyo a las víctimas de la dioxina (agente naranja).
Pese a la participación del país norteño en la descontaminación de algunas zonas que fueron bases militares (como el aeropuerto Da Nang); su compromiso de apoyar similares labores en el aeródromo Bien Hoa, en la provincia sureña de Dong Nai; y la prestación de asistencia humanitaria a algunas de las víctimas; Thanh Vinh considera que aún no se han compensado las graves secuelas dejadas por el empleo del agente naranja, razón por la cual VAVA ha decidido continuar en la búsqueda de justicia hasta conseguirla.
En el 2004, la Asociación presentó una demanda en las cortes estadounidenses de primera audiencia, apelación y suprema, contra 37 empresas, entre estas las productoras del defoliante. En esa ocasión la petición fue rechazada, pero la batalla legal contribuyó a que el mundo supiera de la guerra química contra Hanoi, del crimen cometido por las tropas estadounidenses, y de la responsabilidad de Washington y los fabricantes para con las víctimas.
En mayo del 2009 el Tribunal Internacional de Conciencia, organizado por la Asociación de Juristas Democráticos en París, consideró el caso como un “genocidio ambiental” y dictaminó que el Gobierno estadounidense y las compañías productoras deben asumir la responsabilidad de las graves consecuencias del uso de sus productos letales, compensar a las víctimas y descontaminar el suelo y fuentes de agua, sobre todo los sitios alrededor de sus antiguas bases militares en el país indochino.
Entre 1961 y 1971, la aviación norteamericana roció sobre territorio vietnamita 80 millones de litros de herbicida que contenían 400 kilogramos de dioxina, uno de los componentes químicos más tóxicos conocidos por el hombre. Fue la guerra química más larga, de mayor envergadura y de consecuencias más destructivas en la historia de la humanidad.
Más de 4 millones 800 mil personas resultaron expuestas y al menos 3 millones de ellas padecieron afectaciones. Estas cifras crecen hasta números exorbitantes al sumar a la descendencia, quienes también padecen enfermedades genéticas y cáncer de distinto tipo.