Desde la izquierda, visiones compartidas

¿Qué mundo sueña la izquierda a ambos lados del Atlántico? ¿Cómo responder a los retos actuales donde la mujer se ha ganado un protagonismo cada vez mayor? ¿Cómo renovar el discurso que no puede seguir anclado en los ´60? ¿Cuáles son los desafíos comunes en Europa, Latinoamérica y el Caribe frente a una crisis sistémica y global? ¿Qué estrategia seguir? ¿Qué puentes construir?

Tan diversas como esas preguntas fueron algunas de las intervenciones en el tercer seminario Visiones compartidas desde la izquierda, organizado por el Foro de Sao Paulo y el Partido de la Izquierda Europea (PIE), al cual pertenecen más de una treintena de agrupaciones políticas del viejo continente.

La ofensiva contra la izquierda es global —alertó la española Henar Moreno, relatora del evento— por lo cual debemos organizar respuestas también globales.

José Luis Centella, del Partido Comunista de España, comentó que el capitalismo se ha propuesto acabar con la integración latinoamericana porque es un referente para los pueblos que solo deberían escoger entre “el modelo neoliberal europeo o el nazicapitalista de Donald Trump”. Ante esa situación el Consenso de Nuestra América, documento propuesto como plataforma política para la izquierda por el FSP, puede ser un buen punto de partida, propuso.

La joven diputada boliviana Valeria Silva, representante del Movimiento al Socialismo y moderadora de la sesión, resaltó la participación de las nuevas generaciones y la fuerte presencia de las mujeres en el Foro, lo cual es coherente con lo sucedido en las marchas que tuvieron lugar el 8 de marzo en toda España; con las batallas actuales en Argentina por la aprobación del aborto legal y   en Irlanda y Chile por tener una educación sexista. También con que más del 50 % de los Parlamentos de Cuba y Bolivia esté integrado por diputadas.

Medular fue la ponencia presentada por Anna Camposampiero, del Partido de la Refundación Comunista, de Italia, quien aseguró que en el 2006 la Unión Europea (UE) presentó su estrategia comercial para América Latina (Una Europa global, competir en el mundo), desde la cual promovieron los llamados Acuerdos de Asociación (Adas).

Estos instrumentos supuestamente son diferentes a los típicos tratados de libre comercio pues incluyen capítulos de diálogo político y de cooperación, pero en realidad son adornos destinados a vencer la oposición popular, dijo.

Las grandes transnacionales europeas que actúan en América Latina —denunció Camposampiero—  son las principales beneficiadas por  esas agendas de libre comercio impulsadas en la región, por ello tienen en Bruselas más de 18 mil funcionarios que hacen lobby a su favor en las negociaciones con países de Centroamérica (Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá y Belice), con los Estados andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) y con los miembros de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela).

Estas formas de relación asimétrica aseguran el acceso del capital europeo a las reservas energéticas, a las materias primas y a los mercados abiertos —reveló—  pero también crean un sistema para resolver controversias entre los inversionistas y los Estados, el cual es conocido como ISDS (inverstor state dispute seattlement), el cual blinda a las transnacionales y se convierte en un mecanismo de presión sobre los gobiernos.

América Latina y el Caribe es una de las regiones más afectadas por ese sistema de arbitraje que llega a exigir la modificación de leyes nacionales sobre sanidad, sostenibilidad medio ambiental, derechos laborales y otros temas sensibles.

Argentina, Venezuela, México, Bolivia y Perú acumulan el 77, 3 % de todas las controversias inversor–Estado procesadas hasta el momento, el 70 % de las veces han ganado los primeros y las víctimas se han visto obligadas a desembolsar sumas extraordinarias a compañías extranjeras. Tales cifras suman, en total, 20 mil 600 millones de dólares, equivalente al presupuesto de cuatro años para salud y educación en Bolivia, certificó la militante italiana.

Las Adas implican una notable pérdida de soberanía de las naciones. También se distinguen por la falta de transparencia y carecen de instrumentos de sanción y control que permitan hacer valer lo escrito: “En todos hay capítulos dedicados al desarrollo sostenible, pero las transnacionales siguen contaminando, explotando, destruyendo”, ejemplificó.

Venezuela se oponía a la firma de un acuerdo de este tipo entre Mercosur y la UE, ahora que el país sudamericano fue expulsado del mecanismo llegarán a buen fin las negociaciones que llevaban más de 20 años en proceso, sostuvo.

La UE elige qué negociar, con quién y bajo cuáles reglas, sin tener en cuenta las catastróficas consecuencias que han ocasionado en los países en desarrollo y ahora también en Europa. Similar tratamiento reciben los Estados de África, Caribe y Pacífico, para los cuales la propuesta lleva por nombre Acuerdos de Partenariado Económico (APE) y en el que están implicados 48 naciones de África subsahariana, 16 caribeñas y 15 del Pacífico, detalló Camposampiero.

Mientras Trump intenta impulsar una estrategia proteccionista, la Comisión Europea pretende reabrir las negociaciones del Tratado Transatlántico sobre Comercio e Inversiones  (TTIP), a pesar de los cinco millones de comunitarios que firmaron en su contra.

No obstante, es posible construir una oposición más amplia contra la UE si contamos con el apoyo de América Latina y del Caribe, sentenció Camposampiero.