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Bajo la premisa de continuar perfeccionando la empresa estatal socialista desde el año 2013 se adicionó al marco regulatorio cubano la Resolución 134, que contiene las indicaciones para la modificación y definición del objeto social de las entidades, además de otras potestades que permiten su flexibilización.
Con esta legislación el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) posibilitó la obtención de beneficios en estos centros mediante la realización de actividades secundarias, derivadas del objeto social; eventuales, que eviten la paralización de la producción y los servicios, así como de apoyo, entre las que se incluyen arrendamiento de locales, almacenes, servicio de parqueo y autoabastecimento.
La norma estimula así el manejo óptimo de la materia prima, bienes, recursos y el resto del patrimonio disponible; la inclusión directa de las ganancias en el sistema de pago salarial, un uso más eficiente del capital humano y el incremento de la plantilla para su soporte.
Por otra parte, según plasma el artículo 6, es facultad del director de la empresa decidir las gestiones a llevar a cabo, aunque es aconsejable la consulta con el colectivo de trabajadores, e igualmente estipula definir el plan y el tipo de moneda para la comercialización.
La flexibilización del objeto social permite, en definitiva, determinar en cada entidad qué hacer con los materiales sobrantes del proceso productivo, sus áreas y parque vehicular, y cómo hacerlo.
Tres años después de la puesta en vigor de la Resolución 134, Yordanis Ferriol Socarrás, director de Economía y Planificación en la provincia de Granma, declaró que en este territorio existía morosidad en cuanto a la declaración de las actividades, desconocimiento de la regulación por parte de los trabajadores, e incluso, algún desinterés de los directivos debido a los aseguramientos que se requieren.
Lo anterior deja claro que, no obstante la buena intención, este instrumento legal no tuvo quizás la bienvenida esperada. Aunque persisten algunos rezagos, para la fecha ya comienza a vislumbrarse como la oportunidad que es.
Explicó Lázaro Villares Vázquez, especialista principal del área de Desarrollo Social de la Dirección Provincial de Economía y Planificación, que hasta el pasado año se registraron 613 actividades, las cuales reportaron una ganancia de más de 64 millones de pesos, con destaque para las empresas Azucarera, Porcina, Provincial de la Construcción, Avícola, Aprovechamiento Hidráulico e Integral de la Industria Alimentaria.
“Pero este impacto económico —advirtió— pudiera ser mayor si se sumaran otras entidades que aprovecharan estas posibilidades. En esos casos hemos realizado evaluaciones en reiteradas ocasiones y demostrado que sí tienen potencial; sin embargo, siguen manifestando incapacidad. Esto es expresión de que aún no han interiorizado las bondades de la regulación.
“Constituyen ejemplos las empresas Provincial de Materiales de la Construcción y la Integral de Transporte, esta última con talleres y poncheras que pueden poner en función de dar cumplimiento a lo dispuesto por el MEP”.
Aseguró Villares Vázquez que a veces se han detectado acciones de tipo mercantil que no responden al objeto social, pero que tampoco han sido declaradas como secundarias, eventuales o de apoyo.
La causa es, una vez más, el desconocimiento sobre lo legislado. La transformación de este panorama favorecería, sin duda, otro paso en el propósito de reanimar el sistema empresarial, hoy en constante cambio.
Pudiera valorarse, por la instancia correspondiente, la propuesta de una vinculación directa de una parte de los ingresos que se obtengan, como resultado de estas actividades, con el salario de quienes las realizan, a fin de impulsar y aumentar la productividad e iniciativas de cada colectivo.
Según lo establecido, actualmente esas ganancias engrosan las cuentas de la entidad, por lo que sus beneficios son distribuidos de forma igualitaria.
La empresa estatal socialista no debería desaprovechar ninguna oportunidad para incrementar la eficiencia y sus logros en la producción o los servicios en aras de favorecer a sus trabajadores y a toda la sociedad.
