Cargando...Por Caroline Amaral Coutinho, estudiante de Periodismo
El tema de las privatizaciones ha regresado a la agenda de discusiones en Brasil con el polémico anuncio de que la mayor central eléctrica nacional, Eletrobras, sería vendida por el gobierno de Michel Temer.
En el gigante del Sur la palabra privatización no siempre condujo a controversias. Durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, en los años noventa, la medida fue relativamente popular como plan de contención a la hiperinflación. En esa época apenas el 30% de los brasileños estaban en contra del paso de las empresas y compañías estatales a manos privadas. Sin embargo, esta cifra se duplicó con la llegada al poder de Luíz Inácio ‘Lula’ da Silva, quién priorizó las empresas públicas y de economía mixta.
La promesa de crecimiento económico es una pieza imprescindible en la estrategia política de Michel Temer, quien llegó a la presidencia luego del proceso de impeachment a Dilma Rousseff y hoy sigue luchando por mantener la aparente legitimidad de su Gobierno, a pesar de que apenas cuenta con el 3 % de aprobación, el nivel más bajo en la historia democrática del país.
En septiembre del 2016 Temer anunció el regreso de las concesiones y privatizaciones con la subasta de 34 proyectos nacionales que iban desde loterías hasta aeropuertos. El plan — bautizado como Crescer (Crecer en español)— se divide en dos “paquetes” ejecutables en los años 2017 y 2018. Según la Agencia Brasileña de Comunicaciones el monto principal de la inversión es foráneo, especialmente chino.
En agosto pasado, el Gobierno anunció un tercer “paquete” de privatizaciones aún más ambicioso que el anterior: la subasta de 57 compañías públicas, entre ellas la administración de 14 aeropuertos, 11 distribuidoras de energía eléctrica, 15 puertos, dos carreteras, así como la Casa da Moeda (Casa de la Moneda en español), órgano público con más de 323 años de fundado y que se ocupa de la impresión de los billetes, sellos y pasaportes brasileños.
La desnacionalización del sector energético constituye uno de los más polémicos. Eletrobras, la mayor sociedad generadora de electricidad de América Latina y responsable del 30 % del total de la energía que abastece al país se encuentra entre los de próxima privatización. El ministro de Mina y Energía, Fernando Coelho Filho, ha anunciado que luego de ese proceso, cuyo fin está previsto para el 2018, esperan ganar 12 billones de reales para las arcas del Estado.
Sin embargo economistas divergen en cuanto a la eficiencia del plan. El doctor Paulo Kliass, de la Universidad París 10, aseguró en una entrevista para el periódico O Povo que “esa es la peor alternativa: vender un patrimonio público para resolver un problema de tesorería”.
El profesor de economía de la Universidad de Brasilia, José Carlos Oliveira, al contrario, evocó la privatización de otra importante empresa pública, la minera Vale do Río Doce, ocurrida durante el gobierno del presidente Henrique Cardoso, para recordar que “las empresas privatizadas pagan impuestos que van hacia la educación, salud, y están funcionando”.
El proyecto de ley para la privatización de Eletrobras exige la aprobación del Congreso nacional, órgano que recibió el texto semana pasada. La expectativa es que el plan sea votado antes de junio del 2018.
Pero las privatizaciones no constituyen la única estrategia en el menú de reformas del presidente brasileño. Se añaden revisiones a la seguridad social y a los distintos códigos de Trabajo, Estudiantil y Ambiental. También pretende legislar acerca de los impuestos sobre empresas internacionales y recortes presupuestarios en los sectores cultural y educativo. Todo bajo la misma etiqueta del tan prometido crecimiento económico.
La situación en Brasil encuentra puntos de contacto con lo que sucede en países como Estados Unidos, Argentina, Inglaterra y Francia, integrados todos a la ola conservadora que hoy atraviesa el planeta y que busca revocar medidas de carácter progresista tomadas por líderes precedentes. El presidente Donald Trump, por ejemplo, busca anular el polémico programa de salud obamacare, mientras que Michel Temer continúa su batalla por invalidar muchas de las medidas sociales impulsadas durante la era del Partido de los Trabajadores.
