Hace poco más de un año el actual presidente de Francia, Enmanuel Macron, ganó adeptos para su naciente partido político, República en Marcha, con una ambivalente definición: “Ni de izquierdas ni de derechas”, decía entonces.
Pero ese equilibrio en el centro es casi imposible y hoy, una vez consumada su victoria también en la Asamblea Nacional y a la luz de una reforma laboral que amenaza los derechos laborales, la duda ha quedado resuelta. El futuro de millones de trabajadores y empleados ha hecho caer la máscara.
Las leyes laborales franceses «deben ayudar a las compañías a conquistar nuevos mercados y crear, por tanto, nuevos empleos», declaró esta semana la ministra del Trabajo, Muriel Pénicaud y recordó la promesa electoral de su jefe de bajar el desempleo hasta el 7 % al término de su mandato en el 2022.
Quizás lo consigan, reforma y otros reajustes fiscales mediante, pero tales datos solapan las concesiones que cada trabajador deberá hacer en aras de pactar con el patrón que ahora le ofrecerá un contrato precario que se salta los derechos que otrora amparaban los convenios colectivos sectoriales, entre ellos las jornadas laborales semanales de 35 horas, las vacaciones pagadas, los subsidios ilimitados por desempleo, los pagos de hasta el 25 % por horas extras… y más.
Claro, Macron y su ejecutivo, tienen vivo el recuerdo de las protestas del pasado año por la llamada «ley El Khomri» (nombre de la entonces ministra de Trabajo). Por ello han anunciado que uno de los primeros pasos será presentarles la propuesta a las principales organizaciones sindicales.
“Seis horas de negociación para desmantelar 120 años de Derecho laboral”, respondió Laurent Berger, presidente del mayor sindicato francés (Confederación Francesa Democrática del Trabajo) en referencia al tiempo estipulado por el Gobierno para reunirse por separado con cada uno de ellos. “Salarios, vacaciones, indemnizaciones, pensiones, todo está en la picota”, afirmó.
Philippe Martinez, líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), segunda en número de afiliados, pero más crítica del neoliberalismo, anunció que el próximo 12 de septiembre habrá huelga general.
“Se nos dice que es una revolución porque el Presidente tiene 39 años, pero hay que ver lo que propone. Su discurso llevamos cuarenta años escuchándolo. En 1906 la patronal ya hablaba de los costes laborales. Lo nuevo es la apariencia”, declaró recientemente Martinez al diario español El País.
La CGT y otros sindicatos afirman que la nueva reforma al Código de Trabajo solo servirá para continuar el proceso de desmontaje de los derechos laborales iniciado por el entonces presidente François Hollande en el 2016, quien finalmente impuso una norma que no dejó contento a nadie: los neoliberales la evaluaron de insuficiente y los trabajadores se desquitaron hundiéndoles, a él y a su partido, hasta niveles de impopularidad pocas veces vista.
La nueva reforma que desde el pasado 28 de junio se tramita en el Consejo de Ministros viajará por un camino expedito en la Asamblea Nacional. Es decir, el Parlamento solo discutirá el principio y el final del proceso en aras de abreviar el tiempo. De restarle oposición política a Macron en ese espacio se encargaron los electores que en junio pasado le otorgaron 350 diputados de los 577 escaños posibles.
Para compensar (o engatusar), el presidente también ha prometido 15 mil millones de euros para la formación profesional de los parados, mayormente jóvenes, y un seguro de desempleo que ahora incluirá los autónomos, aunque quedará desactivado para quien rechace más de dos ofertas laborales “decentes”.
El pasado 27 de junio, primer día de sesiones de la nueva legislatura, varios cientos de manifestantes –entre ellos el diputado izquierdista y excandidato presidencial, Jean-Luc Melenchon, y el secretario general del Partido Comunista de Francia, Pierre Laurent, se congregaron en las cercanías de la Asamblea Nacional para protestar contra el proyecto de reforma. Esto parece ser el anuncio de lo que está por venir.
¿Qué se juegan los franceses?
Luego de años de luchas sindicales y como resultado de una jurisprudencia regular y constante, el Derecho laboral francés consolidó la tradición de que cuando dos normas legislativas entraban en conflicto, se aplicaba aquella que fuera más favorable al trabajador.
Tal principio, que solo estaba recogido en el preámbulo del Código de Trabajo francés sin “un valor jurídico superior a otras disposiciones”, ya había sido erosionado con anteriores acciones legislativas, entre ellas las vinculadas a la formación profesional (2004) , a la supuesta igualdad de oportunidades (2006) y al pago de horas extras y horarios laborales (2008).
En todas se propiciaba eludir los favorables convenios sectoriales y amparaba la negociación entre patrones y empleados directamente en las empresas, un escenario donde el trabajador, fragmentado como fuerza, queda en desventaja, pues tiene ante sí el dilema de conservar el empleo o defender los derechos de su colectividad.
La reforma laboral de Hollande (2016) debilitó aún más la negociación colectiva al permitir que los empresarios también negociaran “a lo cortico” las cuantías de las horas extras y las indemnizaciones por despidos, entre otros puntos. De esta manera se consolidó el “viraje de la tortilla” y se decía adiós a una jerarquía de normas jurídicas donde primaba “favorecer al desfavorecido”.
Según el corresponsal en Francia del diario español El País, con la actual reforma “se avanza hacia un modelo estadounidense donde las leyes cambian de un estado a otro y de una empresa a otra, sin que exista una en materia de horarios, obligación de conceder vacaciones y ni siquiera firmar contratos de trabajo por escrito. El deseo de la gran patronal (Movimiento de Empresas de Francia, Medef) es que los acuerdos del ramo solo tengan prioridad en casos excepcionales”.
Frente a este panorama, donde Gobierno y Parlamento marchan juntos, a los sindicatos no les queda sino regresar a la calle, ese espacio supuestamente metapolítico donde en Francia fluye y se expresa la savia de una sociedad fragmentada que se resiste al avance neoliberal.