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Este viernes, finalmente, el presidente Donald Trump habló sobre Cuba. Con un discurso plagado de citas tergiversadas sobre algunos de los hechos que han marcado las relaciones bilaterales, y ante un auditorio favorable a la llamada “mano dura”, el magnate anunció la suspensión de un supuesto “acuerdo” firmado por su predecesor Barack Obama con las autoridades de la isla.
“Estoy anunciando una nueva política, como prometí durante la campaña”, dijo Trump en el teatro Manuel Artime, en Miami. El público, representantes de lo más “americano” de la comunidad cubana en esa ciudad, respondió coreando “Usa, Usa…” y cantando el himno nacional estadounidense.
“Restringiremos fuertemente los dólares estadounidenses que vayan a los militares y a los servicios de inteligencia de Cuba. Aplicaremos la prohibición del turismo y reforzaremos el bloqueo”, anunció.
Aunque Donald Trump llamó “acuerdo” al documento firmado, en realidad se trata de un Memorando de que echa por tierra la Directiva Presidencial de Política — Normalización entre los Estados Unidos y Cuba, emitida por Barack Obama el 14 de octubre del 2016, semanas antes de concluir su último mandato. Es decir, no deroga ningún convenio o pacto pues no existía, sino que sienta una nueva pauta en las relaciones bilaterales
El texto orienta a las diferentes secretarías de Estado readecuar, entre otros asuntos, las regulaciones y reglamentos con el propósito de reforzar el bloqueo económico, comercial y financiero; limitar los viajes de estadounidenses a Cuba y multiplicar así los temores y ansiedades de quienes pensaban en la isla como una oportunidad de negocios a partir de la apertura a la inversión extranjera.
Pero el documento lleva la marca de un sector minoritario y específico de la vasta comunidad cubana en Estados Unidos, la cual se encuentra representada en la voz del senador Marco Rubio, del representante Mario Díaz-Balart, y del Gobernador Rick Scott, todos del Estado de La Florida, a quienes Trump agradeció directamente en su discurso.
A pesar de que el discurso tuvo lugar en horas de la tarde de este viernes, el matiz de la nueva política pudo conocerse desde ayer, cuando en conferencia de prensa, los funcionarios de los Departamentos del Tesoro y Comercio explicaron que ahora comienzan a correr los primeros 30 días de un proceso que culminará con la presentación de nuevas regulaciones. Añadieron que este tomaría “todo el tiempo que sea necesario” y que los cambios no entrarán en vigor hasta que el mismo no haya concluido.
Entre las novedades anunciadas por Trump que más afectarán a sus propios ciudadanos destaca la restricción de las categorías que, gracias a una licencia general del período de Obama, les permitían viajar a la isla sin requerir un permiso específico del Departamento del Tesoro. Los llamados intercambios “persona a persona, pueblo a pueblo” permitieron que más de 284 mil estadounidenses visitaron la isla durante el 2016, lo cual representó un incremento del 74 % con respecto al 2015. Tal cifra había superado el 150 % en lo que va del 2017.
De acuerdo con un documento del Departamento del Tesoro, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitirá en los próximos meses sus regulaciones específicas, pero aclara que quienes hicieron sus reservas para viajar a Cuba antes de la fecha, podrán hacerlo.
Un funcionario de la Casa Blanca citado por The New York Times aseguró que a partir de ahora el gobierno de Trump “dictará” las condiciones que el gobierno cubano deberá cumplir, entre ellas la celebración de elecciones libres y justas, la liberación de prisioneros políticos y el pago directo a los trabajadores cubanos, postura que fue evaluada por Benjamin J. Rhodes, ex diputado de seguridad nacional de Obama, como “revivir una dinámica adversaria entre los Estados Unidos y Cuba que perjudicaría a los ciudadanos de ambos países”.
No obstante, y más allá de la alharaca y la retórica complacientemente “anticastrista”, algunos signos de la llamada etapa de “normalización” de las relaciones entre ambos países quedaron incólumes, como fueron las embajadas en Washington y La Habana, que permanecerán abiertas, y el más reciente Acuerdo Migratorio que canceló la política de pies secos pies mojados, la cual alentaba la emigración ilegal e insegura.
En los días previos a esta presentación de Trump, varios líderes empresariales y grupos de derechos humanos expresaron su oposición a que la nueva política significara un retroceso en término de relaciones bilaterales. A ellos se sumaron también miembros del Gobierno estadounidense quienes sostienen que el “descongelamiento de las relaciones entre Washington y La Habana” ha producido beneficios diplomáticos, económicos y para la seguridad nacional de Estados Unidos “que no deben ser sacrificados”.
