En sus airadas manifestaciones de condena a la malversación y la corrupción administrativa, los cientos de miles de rumanos que han desbordado las calles y plazas de Bucarest y otras ciudades del país, reeditan las masivas protestas populares que en l989 derrocaron al régimen autocrático y de latrocinio del presidente de Rumania, Nicolae Ceausescu.
La primera victoria de los iracundos manifestantes ha consistido en la derogación, por parte del Gobierno social demócrata, de un controvertido decreto que despenalizaba de forma parcial los delitos de corrupción, emitido con el pretexto de luchar contra la superpoblación de las cárceles rumanas.
Según los analistas, tal medida favorecía al líder del Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, quien es investigado en un caso de abuso de poder y corrupción con daños estimados en 24 mil euros.
La aludida ley, que prescribía abolir las sanciones por esa fechoría si causaban pérdidas al Estado por debajo de 44 mil euros, iba acompañado de un indulto a 2 mil 700 presos por delitos menores, incluidos los descriptos en esa contravención.
Tanto la oposición de centroderecha, el presidente Klaus Iohannis, la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión Europea (CE) y países como Alemania y Francia se expresaron opuestos a dicha medida.
A la derogación del impugnado decreto, siguió la dimisión de su artífice el Ministro de Justicia, Florín Iordache, lo que tampoco logró calmar la ola de protestas de los manifestantes, convertidos en severos críticos de la credibilidad y legitimidad del Gobierno de Bucarest.
Las acerbas críticas a su Administración son las primeras que enfrenta el PSD, ganador de las elecciones parlamentarias, celebradas el pasado 11 de diciembre, tras las cuales el exministro de Comunicaciones, Sorin Grindeanu, asumió el cargo de Primer Ministro, quien se comprometió a luchar contra la corrupción en esa nación, ubicada en la intersección de Europa Central y del Sureste, y con un población de 19 millones de habitantes.
Tres semanas después de iniciadas las manifestaciones, estas continúan y rebasan los reclamos populares que las originaron. Ahora se centran en la renuncia de ministros y funcionarios del Gobierno, así como en demandas de carácter social.
A las dificultades internas que confrontan los dirigentes rumanos va aparejada la candente situación creada por el emplazamiento de sistemas antimisiles de Estados Unidos en Rumania, considerados por la Federación Rusa como una clara y peligrosa amenaza a su seguridad y un factor de mayor tensión con Occidente.
Estas relaciones de habían visto afectadas en los últimos años por la cuestión de la península de Crimea, ahora territorio ruso; por el golpe de Estado parlamentario en Ucrania que contó con el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea (UE); y por el incremento de fuerzas del Pentágono y de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) en Europa del Este, cerca de las fronteras de Rusia, que ha declarado que no permanecerá impasible.
En su escalada militar antirusa, Washington ha dotado a las tropas norteamericanas recién desplegadas en Rumania de decenas de tanques de combate y otros vehículos blindados de infantería, que refuerzan las unidades de la OTAN en países de Europa Oriental, y reviven los tiempos de la llamada Guerra Fría.