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La denominada “posición común”, asumida por la Unión Europea (UE) dos décadas atrás para regular su relación con Cuba, fue superada de facto: la realidad demostró a todas luces su caducidad.
De no ser así, cómo explicar que si aquella postura condicionaba los vínculos a transformaciones políticas en la isla, países miembros de esa comunidad se hayan convertido en importantes inversionistas y ocupen algunos de los lugares más destacados en la lista de los principales socios comerciales de la nación caribeña (la suma de esas cifras los ubica en segundo puesto, detrás de Venezuela).
A lo anterior se añade que desde hace varios años la Mayor de las Antillas comenzó diálogos políticos con 24 de los 28 países que integran el ente regional y retomó la cooperación con 22 de ellos.
Esta situación contrastaba con lo predicado en el documento de 1996. Sin embargo, no fue hasta el pasado 12 de diciembre que se concretó su derogación formal con la firma de un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación.
Luego de más de dos años de negociaciones bilaterales, Federica Mogherini, alta representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, y Bruno Rodríguez, ministro cubano de Relaciones Exteriores, rubricaron un pacto que inició una nueva ruta para normalizar los nexos entre las partes.
Ahora bien, ¿qué representa este acuerdo que según la Comisión Europea consta de tres capítulos principales sobre diálogo político, cooperación, así como sobre el comercio y su facilitación? ¿Qué cambios podría introducir en términos concretos?
Si bien los lazos de la UE con Cuba mostraban un vínculo muy cercano, nuestro país era el único latinoamericano sin un acuerdo de asociación o de cooperación con ese bloque. La “posición común” era un freno en tanto limitaba los convenios a cambios en el sistema y al supuesto avance en materia de derechos humanos.
Esa política, nacida a mediados de los 90 mientras la isla atravesaba por una dura crisis económica tras el colapso de la Unión Soviética, fue impulsada por el gobierno del español José María Aznar en un contexto en el que Estados Unidos recrudecía el bloqueo con las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996), las cuales ampliaron, como nunca antes, su extraterritorialidad.
La firma en Bruselas el pasado lunes del nuevo pacto puso fin a una estrategia de aislamiento que violaba el derecho a la libre determinación de los Estados, y representa otra victoria para Cuba, quien ha mantenido invariables sus principios y ha defendido su soberanía aun en los períodos más difíciles.
En el texto se establece por primera vez un marco para desarrollar vínculos basados en el respeto mutuo, la reciprocidad y la igualdad, además de refrendar la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional; algo por lo que la nación caribeña había abogado desde el establecimiento de sus relaciones diplomáticas en 1988 con las entonces Comunidades Europeas.
Aunque el documento no constituye un tratado de libre comercio, ni dispone preferencias arancelarias ni de acceso a mercados, sí puede facilitar los lazos económicos y posibilitar el acceso al Banco Central Europeo para diversos proyectos inversionistas.
Este acuerdo, implementado provisionalmente hasta que sea ratificado por los parlamentos de los 28 miembros de la UE, demuestra la posibilidad de trabajar de conjunto a pesar de las diferencias.
Veinte años después, la comunidad europea ha rubricado, además de un manuscrito, su entendimiento común con la isla.
