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Las recientes acciones preventivas y de control que realizó el gobierno de La Habana con los restaurantes particulares suscitaron algunos rumores entre la población en cuanto a un posible retroceso en el desarrollo del trabajo por cuenta propia en el país.
Las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin embargo, desmienten de manera categórica que exista alguna intención de cerrar tales negocios. Son insustituibles, queremos preservarlos, que sean exitosos y cumplan con las normas, insisten sus funcionarios en la capital.
Lo cierto es que dentro de la amplia variedad de labores que incluye esta modalidad de gestión no estatal, la licencia de elaborador-vendedor de alimentos y bebidas alcohólicas mediante servicio gastronómico —nombre oficial de las conocidas paladares— resulta una de las más dinámicas, con mayor aceptación popular y también de las más complejas.
Solo en La Habana, por ejemplo, ya suman 524 los restaurantes privados. De ellos, 22 nuevos titulares recibieron la autorización para ejercer desde el pasado 21 de octubre. En esa fecha recomenzó el otorgamiento de licencias, luego de que en septiembre último el Consejo de la Administración Provincial decidiera la suspensión temporal de su entrega, con vistas —aducen— a organizar el funcionamiento de esa actividad.
Esta medida junto con un proceso de diálogo con los propietarios de las paladares, para alertarles sobre las diversas irregularidades detectadas por los distintos cuerpos de supervisión en relación con el alcance y las condiciones en la prestación de sus servicios, fue el detonante que generó las versiones infundadas sobre presuntas restricciones al trabajo por cuenta propia.
No es la primera vez que esto sucede y tal vez tampoco sea la última. Cualquier intervención gubernamental en relación con el sector no estatal, incluso para mejorar su desempeño y la precisión de su marco regulatorio, es susceptible de generar controversias, muchas veces con claras intenciones de manipulación política.
Para sortear situaciones como esta es preciso actuar siempre con una exquisita previsión y el máximo de transparencia en la información pública. El trabajo por cuenta propia, como casi todas las medidas que comprende la actualización del modelo económico y social, requiere de un seguimiento sostenido para su perfeccionamiento, de acuerdo con su grado de avance.
La propia dinámica de los restaurantes posee ya una pujanza y sofisticación en numerosos territorios, a partir de las iniciativas de sus propietarios ante los requerimientos del mercado y las necesidades de su clientela, que merecería nuevos análisis —ya en marcha— sobre otras variantes de servicios gastronómicos y recreativos que, con las normativas vigentes, hoy no pueden prestar.
Ello no quita un ápice de razón, por supuesto, a las entidades que exigen el cumplimiento de lo establecido hasta este momento. Ese control, no obstante, debería quizás ser más sistemático y natural, sin dejar acumular los problemas ni abusar de procesos especiales ni reordenamientos masivos, los cuales es preferible evitar siempre que sea posible, para no generar incomodidades innecesarias, suspicacias y tergiversaciones mal intencionadas.
Las formas de abastecimiento, los procedimientos de contratación de todo tipo de personal, el comportamiento del pago de los tributos y de otras obligaciones fiscales, las adecuaciones a las regulaciones urbanísticas y de respeto al entorno ambiental y social que deben cumplir los establecimientos particulares, son asuntos que deben estar bajo permanente revisión, para facilitar el trabajo pero también para proteger los derechos de la ciudadanía y de quienes laboran en esa modalidad de empleo, así como para fomentar el más estricto apego a la legalidad.
La CTC y sus sindicatos, como representantes también de estos trabajadores, pueden aportar mucho a los análisis que sobre esta evolución y ordenamiento constante de la gestión no estatal realizan los grupos temporales de atención al trabajo por cuenta propia de los gobiernos locales y los organismos rectores nacionales, con las alertas y sugerencias necesarias.
En particular la actuación sindical en la base, directamente con sus afiliados, debe y tiene que propender a que fluya de manera más consciente ese orden y disciplina indispensables para que crezcan los beneficios individuales y colectivos de quienes laboran en el sector no estatal, así como la satisfacción de la población con sus servicios y la salud integral de nuestra economía.
