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Caracas.- La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) se sumó hoy a las autoridades y movimientos venezolanos que fustigan el asesinato del viceministro boliviano Rodolfo Illanes.
En comunicado oficial, la organización denunció la muerte de Illanes, quien falleció tras ser cruelmente golpeado por grupos de mineros cooperativistas en Panduro, a 186 kilómetros de La Paz, Bolivia, el pasado jueves.
Los miembros de la Alianza condenaron el crimen y recordaron que el único propósito del funcionario, en cumplimiento de su deber político, era establecer mecanismos de diálogo y comunicación para encontrar vías de solución a las demandas de los mineros.
El ALBA declaró que ese episodio no se corresponde con el espíritu pacifista y democrático del pueblo andino, que cuenta con el gobierno progresista de Evo Morales.
La organización advirtió sobre el uso de la violencia para imponer un estado de desestabilización y zozobra que contradice y deslegitima las posibles demandas de los mineros en conflicto, los cuales rechazan una nueva ley que permite la creación de sindicatos en las cooperativas del ramo.
Varias organizaciones y líderes políticos del continente se han pronunciado en relación a esos hechos.
La víspera, el presidente Nicolás Maduro manifestó su solidaridad con los bolivianos y hacia su homólogo boliviano, por el crimen político.
El mandatario manifestó que el hecho fue un asesinato brutal, doloroso y criminal contra el viceministro, en una acción verdaderamente repudiable.
Envió a Morales su apoyo ante los embates de ‘sectores que se enloquecen y buscan, por la vía de la violencia y el conflicto, la muerte y las emboscadas contra el derecho que tienen los pueblos a vivir en paz’.
El viceministro andino fue tomado como rehén y asesinado por cooperativistas mineros con los que intentaba dialogar tras varias jornadas de acciones violentas por parte de dicho grupo.
El conjunto criminal intenta frenar una nueva ley que permite la creación de sindicatos en las cooperativas mineras, autoriza a los entes gubernamentales a fiscalizar los daños medioambientales de la actividad minera y a revisar las contratos que las cooperativas mantienen con transnacionales.
