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En el juicio que se le siguiera por las acciones armadas del 26 de julio de 1953, Fidel destacaba el calamitoso estado en que se encontraban las cajas de retiro en el país —con pagos, en algunos casos de solo 1,50 pesos al mes— y proclamaba que de inmediato después de la toma del Moncada se dictarían varias leyes revolucionarias, una de las cuales expresaba que “la mitad de los bienes recobrados engrosarían las cajas de los retiros obreros…”
En enero de 1959, la seguridad social en Cuba se traducía en una diversidad de instituciones con regímenes desiguales, cuyas prestaciones eran insuficientes y no cubrían todos los riesgos y necesidades de la población, pues a pesar de hallarse en funcionamiento 52 seguros sociales, estos no cubrían siquiera a la mitad de los trabajadores asalariados del país.
Tales asuntos en su sentido más amplio formaron parte consustancial del pensamiento del joven proceso y en particular del líder revolucionario. En tal sentido habría que destacar, como fundamento de justicia y equidad, su concepción de que el principio esencial de la seguridad es el derecho a la vida y al trabajo de todos los ciudadanos.
Incluso años más tarde, en marzo del 2003, durante la toma de posesión de su cargo en la Sesión Constitutiva de la Asamblea Nacional, el Jefe de la Revolución precisaba que “la protección a nuestros ciudadanos ocupará siempre el primer lugar en nuestros esfuerzos. Nada tendrá prioridad sobre esto…”
Podríamos asegurar que el momento más trascendental fue la entrada en vigor —con la firma del entonces Primer Ministro Fidel Castro Ruz— de la Ley 1100 el primero de mayo de 1963, la que exceptuaba diversas cotizaciones y contribuciones por parte del trabajador y del jubilado.
Ese primer sistema legal amplió la protección al total de los asalariados, incluidos los agrícolas y sus familias; reconocía los tiempos de servicios prestados en cualquier actividad laboral, y además prestaciones por enfermedad y accidentes de origen común, que antes no estaban comprendidos en ningún seguro social.
Durante la celebración por el Primero de Mayo de 1972, el compañero Fidel señalaba que en el pasado prerrevolucionario del presupuesto ascendía a cifras alrededor de los 100 millones de pesos, mientras que en 1971 se eleva ya el total del gasto en jubilaciones y pensiones a 328 millones 760 mil pesos.
Aseguraba que “prácticamente todos los ciudadanos comprendidos en la edad laboral, tienen posibilidades de trabajo; que todos los trabajadores cubanos están comprendidos en la seguridad social; en los beneficios por accidentes del trabajo… beneficios de protección a la maternidad, a la vejez. Y a través de la asistencia social, prácticamente no tenemos ninguna persona desamparada”.
Tras la realización del XIII Congreso de la CTC, que acordó revisar la legislación vigente en materia laboral y social, en 1979 se promulgó la Ley No. 24 de Seguridad Social, en vigor durante casi 30 años, y que incluyó como beneficiarios de la protección, además del trabajador y su familia, a aquellas personas cuyas necesidades básicas no se encontraran aseguradas, e insertó programas de atención a ancianos y personas discapacitadas.
En diciembre del 2008, luego de un amplio proceso de consulta con la masa trabajadora —algo sustentado precisamente en las enseñanzas de Fidel— fue aprobada la Ley 105 de Seguridad Social (actualmente en vigor). El documento hace patente el carácter dialéctico de nuestra legislación y responde a las actuales exigencias de la sociedad cubana y al perfeccionamiento de nuestro sistema de seguridad social.
Para el actual año 2016 el presupuesto aprobado por Ley ascendió a 5 mil 696 millones de pesos y se prevé una ejecución de 5 mil 800 millones, con 1 millón 760 mil pensionados.
Al cierre del pasado junio existían 113 mil 162 núcleos familiares protegidos, y de ellos poco más de 100 mil recibían prestaciones monetarias temporales; nacionalmente más de 4 mil 200 asistentes sociales a domicilio brindan atención a más de 5 mil 380 personas.
En la actualidad el sistema de seguridad social comprende a los trabajadores y sus familiares, un régimen especial para las cooperativas, usufructuarios de tierra, trabajadores por cuenta propia y otros y un tercer régimen complementario donde se incluye a toda la población que carezca de recursos.
Resulta evidente que en todo ese andamiaje ha prevalecido el concepto básico de Fidel de que seguridad social no es solo el vínculo con pensionados y jubilados, pues incluye la asistencia social, algo que alcanzó esplendor con su recordada batalla por desarrollar el ejército de los llamados trabajadores sociales.
El futuro más inmediato reserva el esfuerzo por el avance de la economía nacional y el enfrentamiento a los desafíos de un acelerado envejecimiento poblacional, todo ello con el criterio martiano y fidelista de conquistar toda la justicia.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) califica el sistema de seguridad social cubano de “milagro”, dada la protección que brinda a los trabajadores y la baja tasa de desempleo. Ello, a no dudarlo, se asienta en el empeño de Fidel de ubicar al ser humano al centro de un proyecto de sociedad nueva, próspera y sostenible.
