Constitución de Jimaguayú, muy lejos del ideario martiano

El aniversario 120 de la Constitución de Jimaguayú, proclamada el  16 de septiembre de 1895, nos condujo ante el Doctor en Ciencias Históricas Antonio Néstor Álvarez Pitaluga, Profesor y Vicedecano de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, quien afirmó que para hablar de ese acontecimiento es preciso referirse no solo a ella, sino también a la asamblea de la cual surgió.

“Estamos hablando de la  historia constitucional jurídica del independentismo cubano, en la cual la Constitución de Jimaguayú ocupa el tercer lugar, precedida por las de Guáimaro, del 10 de abril de 1869, y la de Baraguá, el 15 de marzo de 1878, y seguida por la de La Yaya, en octubre de 1897. Ellas conforman lo que se conoce como constituciones mambisas”.

Al adentrarse en las de Guáimaro y Baraguá, señaló a la primera como el inicio de la historia constitucional cubana; en ella se buscaba la independencia y la abolición de la esclavitud, así como se proyectaba un Estado nacional; y a la segunda, como una radical simplificación del poder.

“¿Qué ocurrió en Guáimaro? Un poder civil controló la esfera militar, ¿y en Baraguá?, lo opuesto.

Expectativas e intereses

La inminente celebración  de la primera gran reunión política de la revolución coordinada por José Martí, en septiembre de 1895, para elaborar la Constitución de la República de Cuba en Armas, generó muchas expectativas, tales como si los civiles prevalecerían sobre los militares o viceversa, y si se tendrían en cuenta los postulados martianos, apuntó.

“En la Asamblea de Jimaguayú la atención se centró en la repartición de los poderes, en cómo quedarían estructurados el poder civil y el poder militar, en fin, en quién dominaría a quién, asunto no resuelto en la compleja reunión sostenida por Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo, el 5 de mayo de ese año, en La Mejorana. Allí Martí abogó por un poder equilibrado, o sea, civiles y militares a un mismo nivel, en lo que contó con el apoyo de Gómez, mientras Maceo lo hizo por una junta de generales con mando”.

La Constitución

El 16 de septiembre, luego de tres días de sesionar mañana y tarde, los delegados a la Asamblea de Jimaguayú aprobaron la constitución cuya elaboración les había sido confiada.

Precisó el Doctor Álvarez Pitaluga  que los asambleístas centraron las discusiones en la estructura que tendría el poder y la redacción del texto constitucional, e indicó la existencia de dos mitos en torno a esa historia:

“El primero, que hubo una transacción política porque las tres tesis discutidas  pudieron atemperarse entre sí: una de ellas,  el predominio militar, enarbolada por Antonio Maceo, defendida por los coroneles  Rafael Portuondo Tamayo y Rafael Manduley del Río; la segunda, del equilibrio de poder, supuestamente patrocinada por Fermín Valdés Domínguez y Enrique Loynaz del Castillo, amigos personales de Martí;  y la tercera, el civilismo exacerbado, encabezada por Salvador Cisneros, el marqués de Santa Lucía, a  tono con su pasada posición en Guáimaro.

“La historiografía tradicional plantea que hubo un equilibrio de poderes, una sintonía. Otro criterio señala que los postulados  martianos tuvieron cabida, es decir, se elaboró una constitución con espíritu martiano. Creo, sinceramente, que no ocurrió ni una cosa ni la otra. No fue una constitución martiana, pues no se recogió el principio martiano del equilibrio de poder, ni hubo una transacción  entre todas las partes. Lo que se produjo nuevamente fue el dominio de los civiles sobre los militares.

“Allí no se defendieron las tesis martianas, cuyo nombre no aparece ni una vez en las actas de las discusiones; por consiguiente, no se hace referencia a sus documentos, ni un análisis de su pensamiento. O sea, José Martí fue soslayado, no necesariamente con intencionalidad, sino por desconocimiento, pues muchos de los delegados conocían su figura, su obra, su quehacer revolucionario, pero no su pensamiento, su documentación.

“Ni tampoco hubo una transacción, actualmente se diría ideológica, sino más bien una transacción política, porque la mayoría de los delegados, un 80 %, pertenecían a una nueva generación cuyo  pensamiento difería del de los veteranos de la primera contienda independentista. Eso explica por qué los cambios fueron formales, no estructurales”.

Al explicar la formalidad en los cambios precisó que la Constitución de Jimaguayú contó con 24 artículos, mientras la de Guáimaro tenía 29; y eliminó la Cámara de Representantes, de 20 miembros, como en esa última, para dar paso a un Consejo de Gobierno de seis, cuyo presidente lo era a la vez de la República; es decir, el aparato del Estado fue simplificado tornándose más operativo, más sencillo.

“Pero detrás de esa formalidad estaba el hecho de que los civiles lograron el predominio del poder y el control de la esfera militar, personificada en los mayores generales Máximo Gómez Báez y Antonio Maceo Grajales, representantes del pasado glorioso del 68 y de los sectores populares de la revolución”.

El catedrático refiere que, en ese caso, los civiles sentían la necesidad de aplacar a los militares, restarles fuerza, e ilustra esa afirmación con el contenido de dos de los  artículos:

“El número 1 creaba una Secretaría de la Guerra que controlaba los asuntos militares. La pregunta sería: ¿para qué se necesitaba una instancia encargada de ello si el General en Jefe, Máximo Gómez, había sido nombrado en ese cargo por el Partido Revolucionario Cubano desde septiembre de 1892? Simplemente, porque se trataba de desconocerlo  y apartarlo del poder político. La esencia era reducir a Gómez y a Maceo a la esfera militar, y quedarse ellos con el poder político de la revolución.

“Y el otro artículo, el número 4, decía que el Consejo de Gobierno solo intervendría en las operaciones militares con altos fines políticos, cuando a su juicio lo considerara necesario. Primero ¿qué altos fines políticos?; eso es una ambigüedad. Y segundo, ¿qué significaba eso de intervenir cuándo a su juicio lo considerara necesario? Una puerta abierta para inmiscuirse en los asuntos de la guerra una y otra vez, impidiendo a Gómez y Maceo operar de acuerdo con sus criterios.

“¿Por qué lo hicieron? Porque no les interesaba una revolución popular, radical, con altos beneficios populares. Gómez y Maceo perseguían un radicalismo, beneficios populares en las medidas generadas por la revolución; los otros, querían una revolución limitada, sin tantos de tales beneficios. ¿Quiénes eran? Una gama de profesionales formados en el sistema de educación colonial, que reproducían un esquema de ese régimen dentro de la revolución, lo cual resultaba fatal porque con ello mantenían el pasado en el presente de la revolución.

“A mi juicio, Jimaguayú fue el triunfo de una hegemonía cultural, carente de una perspectiva radical  e interesada en que la constitución no tuviera un amplio carácter popular. Una pugna de poderes, no  una panacea ni un acuerdo que superara los problemas del 68. Algunos los superó, pero creó otros. Esa visión simplificadora de Jimaguayú de ‘ahí no pasó nada’, ‘Martí se tuvo en cuenta’, ‘todo el mundo se puso de acuerdo’, ‘mejor que en el 68, pero lo único malo es que después vinieron los estadounidenses y lo echaron todo a perder’, no es cierta. Fue de una complejidad político-ideológica muy alta, tal como se aprecia en las fuertes discusiones reflejadas en la documentación.

“Entonces esa belleza de Jimaguayú como una constitución superadora de las contradicciones del pasado, es irreal. Es preciso estudiarla con nuevas lecturas, porque dio paso a lo que pudiéramos llamar la arquitectura jurídica de aquella revolución, su fundamento jurídico”.

El Doctor Álvarez Pitaluga  se refirió a la existencia del mito de que la revolución del 95 se perdió por tres causas esenciales: la muerte de Martí, la muerte de Maceo  y  la intervención de Estados Unidos en el 98, que, de no ocurrir, otro habría sido el decurso de la revolución. Dice estar de acuerdo con ello, pero que en su opinión no fueron las únicas, porque cuando los estadounidenses llegaron la revolución estaba corroída por dentro.

“Tanto en las constituciones de Jimaguayú, cuya vigencia quedó limitada a dos años, y La Yaya, su sucesora, así como en otros actos político-militares de la revolución, el pasado se reprodujo en el presente, y cuando eso ocurre, más tarde o más temprano el pasado succiona al presente y lo desaparece”.

Acerca del autor

Felipa de las Mercedes Suárez Ramos

Graduada de Licenciatura en Periodismo, en 1972.
Trabajó en el Centro de Estudios de Historia Militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en el desaparecido periódico Bastión, y como editora en la Casa Editorial Verde Olivo, ambos también de las FAR. Actualmente se desempeña como reportera en el periódico Trabajadores.
Ha publicado varios libros en calidad de autora y otros como coautora.
Especializada en temas de la historia de Cuba y del movimiento sindical cubano.