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Con una trágica historia de haber sido colonizado por España y recolonizado por Estados Unidos, Puerto Rico está muy lejos de ser el afortunado país que su patronímico proclama y es más bien una nación caribeña empobrecida, con graves problemas socioeconómicos y agobiada por una impagable deuda pública de 73 mil millones de dólares, como lo asegura, Alejandro García Padilla, gobernador del Estado Libre Asociado, al imperio del norte.
Esta crisis de solvencia financiera, señalan algunos analistas, tiene carácter estructural por estar sustentado en un agotado sistema neoliberal, incapaz de solucionar las grandes visicitudes y carencias que aquejan a la población y a los trabajadores boricuas, y se asemeja un tanto a la que padece Grecia, por la imposibilidad de hacer frente a sus acreedores y la determinación del Gobierno norteamericano y su Departamento del Tesoro de no salir al rescate de tan enorme adeudo externo.
Una parte de las consecuencias de la recesión económica de la más oriental de las Antillas Mayores, regida y controlada desde hace 117 años por la administración colonial de Estados Unidos, se sitúa en la controversial dependencia de las inversiones de capital extranjero, deprimidas desde la década de los años 90, no obstante las facilidades en exenciones de impuestos sobre los ingresos, subsidios y bajos costos operacionales, ofrecidos por el Gobierno a las empresas foráneas.
Condiciones que sufrieron un cambio radical con el desmantelamiento en 1996 de la denominada Sección 936 del Código de Rentas Internas que confería incentivos tributarios a empresas estadounidenses de manufactura que operaban en Puerto Rico, las cuales cerraron sus puertas contribuyendo al desempleo, como lo señala el reporte publicado por la economista Anne Krueger, exdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (IMF), contratada por el Gobierno de la isla para buscar soluciones a la crisis.
En cuanto a la exportación de sus capitales, economistas aseguran que los consorcios transnacionales extraen del país un promedio de 30 mil millones de dólares anuales, favorecidos por otras normas locales establecidas y vigentes en Puerto Rico, que no estimulan su economía y lo priva de recaudar millones de dólares en impuestos, a la par que aumenta el déficit fiscal, sumido también en una aguda crisis.
La agobiante deuda pública que comporta 103 % del producto nacional bruto, se ha convertido en el mayor lastre de la precaria y estancada economía puertorriqueña, que le impide alcanzar niveles de desarrollo estable y dar un vuelco total a las condiciones de vida de la población mediante la implementación de programas sociales, que no estén signados por las restrictivas políticas de choque neoliberal, que demandan la disminución de los gastos públicos y sociales en educación, salud, vivienda, jubilaciones y otras sensibles esferas..
El fardo del adeudo y sus obligaciones de pago, el multimillonario déficit fiscal y la progresiva descapitalización de la banca comercial, no son precisamente reflejo del bienestar económico de la nación, que oficialmente se propagandizaba en el año 2005, cuando en la actualidad las estadísticas fijan los niveles de pobreza en el 45 % de la población y el desempleo en el 60 por ciento.
Entre los índices que muestran el deterioro del nivel de vida se encuentran el creciente cierre de empresas y comercios, los despidos colectivos y el incremento del desempleo, que obligó a la emigración de una gran parte de la fuerza laboral del país a Estados Unidos, donde se estima residen un millón y medio de puertorriqueños, aunque no en mucha mejor situación de la que mantenían en la isla.
La negativa de los centros financieros de la metrópolis a solventar la situación económica de la nación borinqueña sin que se apliquen medidas más restrictivas y rigurosas para su población es resultado de la lógica imperial aplicada a la isla.
Razón por la que Washington ha ignorado la reciente trigésimo cuarta resolución del Comité de Descolonización de Naciones Unidas que ratifica el derecho del pueblo de Puerto Rico, sometido por más de un siglo al dominio de Estados Unidos, a su libre autodeterminación e independencia, y a quebrar las oprobiosas cadenas que lo han convertido en el engendro de un Estado Asociado en sociedad.
