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Al principio era común encontrar al delegado del Poder Popular distribuyendo recursos materiales, una práctica generalizada en Cuba que creó una imagen todavía perdurable en el imaginario simbólico de muchos electores, quienes juzgan su desempeño a partir de esta premisa.
Ahora, cuando se inicia el XVI Período de Mandato de los Órganos Locales del Poder Popular, es válido recordar algunas de sus funciones esenciales, en ocasiones olvidadas, más que desconocidas, para contrarrestar tendencias que desvirtúan su papel.
Las reflexiones no son nuevas. Ya en el Primer Congreso del Partido quedó bien definido su rol: El delegado es el representante de los electores, no es el dirigente de estos, ni de las unidades de producción o servicios existentes en sus circunscripciones.
En esa misma reunión se enfatiza: El delegado debe mantener un contacto directo, cercano y constante con el pueblo, ofrecerle explicación a sus inquietudes, atender sus quejas, sugerencias y críticas y, a partir de ellos, su tarea más importante debe ser la de aportar iniciativas que ayuden a solucionar los problemas que plantean las masas que representa.
El Segundo Congreso de los comunistas cubanos retomó estas cuestiones y llama la atención: (…) exigirán a las direcciones administrativas, a las empresas y unidades presupuestadas que trabajen por dar solución adecuada a los problemas planteados por la población y ofrecer una explicación satisfactoria en aquellos casos que no tienen objetivamente solución inmediata o a corto plazo.
Al extenderse la creación de los Consejos Populares a todo el país Fidel expresó: No queremos una instancia administrativa, queremos allí –en los barrios- una autoridad política y popular, que sepa todo lo que pase en la peluquería, en la bodega, en todas partes, en todos los servicios. (…)¿Quiénes aquí pueden ser los mejores fiscalizadores? Los delegados de circunscripción, los Consejos Populares.
Sin embargo, a pesar de convocatorias, leyes, metodologías, indicaciones precisas de la Asamblea Nacional del Poder Popular…, este proyecto de participación ciudadana, delegado mediante, choca contra cierta desidia de algunas direcciones administrativas que no se sienten comprometidas con la atención de las inquietudes manifestadas por la población.
Al respecto, la diputada Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en Mesa Redonda posterior a las pasadas elecciones parciales reclamaba: (…) Tenemos que tener administraciones sensibles y nunca olvidar que en nuestro sistema socialista estamos acompañando un proceso de representación del poder del pueblo.
Porque de ese desempeño depende la imagen del delegado ante las masas que lo eligieron, pues es en definitiva el eslabón esencial de una cadena institucionalmente diseñada para satisfacer las expectativas del pueblo.
Un pueblo capaz de decantar cuando las soluciones dependen de inversiones o de recursos deficitarios, y cuando los problemas se hacen eternos por desidias administrativas.
Y esta problemática sigue como asignatura pendiente en la visualización del carácter inequívocamente democrático de nuestro proyecto social y persigue como maldición gitana, el quehacer de los delegados desde sus primeros años de existencia.
En fecha ya lejana en el tiempo -4 de abril del 2006-, Ricardo Alarcón de Quesada, entonces presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, señalaba como uno de los problemas la existencia de dirigentes administrativos que no se sienten responsables de responder por los problemas y actúan como si esa responsabilidad fuera del Consejo Popular o del delegado. No realizan visitas a los Consejos Populares y mucho menos a las circunscripciones para intercambiar con los delegados y conocer, controlar y fiscalizar las actividades que les son propias.
Es cierto e innegable que hay avances en estas intenciones jurídicamente refrendadas, pero también lo es que falta mucho camino por andar en el propósito de que una eficiente gestión administrativa respalde y enaltezca una mejor imagen a esa figura que enlaza las expectativas de la gente común con las estrategias de desarrollo que son trazadas en los más altos niveles del gobierno.
