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A decir verdad, las medidas anunciadas esta semana con el propósito de otorgar más independencia y autonomía a la empresa estatal socialista, constituyen un nuevo paso para que esas entidades ocupen el verdadero papel que les corresponde en el desarrollo de nuestra economía.
Ello salta a la vista al comprobar las ventajas que sobre metodologías anteriores tiene el hecho de que la empresa bajo parámetros del llamado perfeccionamiento empresarial pueda ahora aprobar sus propios sistemas de pago, por solo citar una de las flexibilizaciones.
Asimismo, se conoció, la Organización Superior de Dirección Empresarial (Osde) aprobará los sistemas de pago en el resto de las entidades económicas del país que no estén en perfeccionamiento.
Todo el análisis parte del incuestionable concepto de que la empresa no podrá repartir lo que no fue capaz de generar, o lo que es lo mismo, no podrá repartir lo que no tiene.
Lo anterior se traduce en que las entidades podrán distribuir el salario hasta el límite de sus posibilidades económicas y financieras, sin sobregirar el gasto de salario por peso por valor agregado bruto planificado.
Para lograr la eficiencia prevista será imprescindible el más exacto accionar de las direcciones administrativas y el resto de los eslabones, todo bajo el criterio de que el ingreso deberá estar en correspondencia con el aporte individual y colectivo.
Sobre ello, asistentes a la conferencia de prensa en que directivos de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo, y de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Finanzas y Precios, y de Economía y Planificación, explicaron el alcance de las medidas puestas en práctica, se preguntaron por la existencia de lo que dieron en llamar un sistema de penalización por errores cometidos.
Mantienen su actualidad conceptos como responsabilidad material, que toca muy directamente a los jefes de las entidades, y todo un grupo de normativas relativas a la actuación y responsabilidad de los directivos. Y lo que es más importante: el control.
Asimismo, la aplicación de las actuales normas, a la vez que descentralizan facultades, incrementan la responsabilidad de la empresa y, por tanto, exige una mayor preparación de sus cuadros dirigentes.
En cuanto al peligro de que con la descentralización puedan cometerse excesos y transgresiones, María Molina Gutiérrez, viceministra de Trabajo y Seguridad Social, precisó que las reglamentaciones aprobadas exigirán de un mayor control, primero de quienes las aplican, sin descuidar una activa, y nada formal, participación del sindicato y los colectivos laborales.
Ciertamente, las medidas ahora en vigor no son definitivas, sino herramientas para consultar, decidir y ejecutar acciones en la empresa. Un tránsito útil y necesario para la entidad.
