Cargando...Por: Odette Díaz Fumero, estudiante de Periodismo
Veinte años atrás, la huelga general de 1994 tuvo un significado particular para la República de Paraguay; devino suceso trascendental que hizo reconocer por un momento la acción de las organizaciones sindicales, luego de 35 años de dictadura en que agruparse y protestar eran un delito. Ahora, una nueva acción de fuerza ha permitido sentar a las autoridades a la mesa de negociaciones.
Durante los sucesos escenificados hace dos décadas estallaron grandes movilizaciones sociales. En el campo, la lucha por la tierra avanzaba sobremanera; asentamientos que ahora ya son emblemáticos como Tava Guarani, Aguerito, Arroyito, Maracana, Britez Cue, Yvy Pyta y Araujo Cue, emprendían su batallar por la tierra, la vivienda y la mejora de los servicios públicos, en territorios del Estado que durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) habían sido cedidos a altos jefes del Ejército, la Policía y del Partido Colorado.
El quehacer obrero urbano estaba sometido a jornadas de trabajo de más de ocho horas, sin seguridad social, con empleo en labores precarias e inestables, sobre todo en las tiendas y supermercados. El sistema financiero montado durante el régimen empezaba a entrar en crisis terminal.
Luego de la huelga del 94, el movimiento sindical llegó a un momento de extraordinaria interlocución entre sí. Pero la manipulación por parte del Gobierno a algunos proyectos sociales negociados gracias a las demandas se atomizarían hasta el punto de quedar anulados y hacer perder la credibilidad de muchos de los líderes sindicales. La precarización laboral se volvió a enseñorear e hizo que la mayoría de los paraguayos a partir de entonces y hasta hoy, trabaja mucho más de ocho horas, sin seguridad social y con el miedo a organizarse por la amenaza de despido.
Las políticas gubernamentales, fuertemente respaldadas por los demás poderes del Estado, están hoy en Paraguay al servicio del gran capital internacional, favorable a un modelo agroexportador que solo beneficia a los oligarcas sojeros y ganaderos, mientras ataca violentamente el nivel de vida de los trabajadores del campo, aumentando así la brecha de desigualdades en uno de los países más asimétricos de la región. A ello se suma la aprobación de la Ley de Alianza Público-Privada (APP) con la que se pretende entregar el patrimonio nacional a manos del sector privado.
La extensión del agronegocio en la región oriental, principalmente la extensión de la soja transgénica con alrededor de 3 millones 200 mil hectáreas, ha sido el detonante de numerosas protestas y, sobre todo, la razón para organizarse y unificarse desde las bases para exigir un modelo “más incluyente, que integre el capital y la fuerza laboral”, como plantea la Federación Nacional Campesina.
Estas son precisamente las razones por las cuales en la huelga general realizada el pasado 26 de marzo aparece con mayor fuerza el actor campesino, con el respaldo de las siete centrales sindicales paraguayas.
Factor de compulsión movilizativa han sido también los impuestos indirectos a que está sometida la mayoría de la población, y que elevan el precio del producto que se compra, mientras la proporción de los gravámenes fiscales aplicados al segmento de la sociedad que gana millones —sojeros, ganaderos, comerciantes, banqueros, tabacaleros, importadores— es insignificante. Estos prácticamente no aportan nada.
Entre las reivindicaciones de la huelga general estuvieron, además de la derogación de la ley de APP, bajar el precio del pasaje, establecer control de los precios de la canasta básica familiar y el aumento del salario mínimo en el 25 por ciento.
El resultado final de tan exitosa jornada de protestas escenificada durante la pasada semana por el movimiento campesino y las siete centrales sindicales existentes permitió establecer un diálogo por primera vez con el Gobierno, representado por el vicepresidente Juan Afara, para constituir una mesa temática en la que se trate también de forma separada asuntos como la generación de empleo, la política salarial y de seguridad social.
