Primer paso hacia la nacionalización

Prueba irrefutable del sometimiento del Gobierno de Fulgencio Batista a los intereses estadounidenses en Cuba es la Escritura No. 213, del 14 de marzo de 1957, que bajo el título Modificación de concesión, permitía a la Cuban Telephone Company elevar considerablemente sus tarifas e implantar el servicio limitado, con la consecuente afectación para la población.

El documento fue donado en días pasados a la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado por el doctor Manuel Yañez Quiveiro, quien lo mantuvo en su poder durante varias décadas, tras rescatarlo de una posible destrucción cuando se desempeñaba como director jurídico del Ministerio de Comunicaciones.

Violación de la legalidad

La referida Escritura No. 213 violaba los términos establecidos en el Decreto Presidencial No. 945 del 9 de septiembre de 1909, el cual autorizaba a la Cuban Telephone Company a establecer y abrir al servicio público líneas y sistemas telefónicos de larga distancia y de servicio local, sin que se le otorgara concesión administrativa alguna, y fijaba las condiciones en que dicha autorización podía ser utilizada.

Así vio la luz dicha compañia, organizada y constituida a perpetuidad con sujeción a las leyes del estado de Delaware, y oficina en Nueva York, y prueba de las amplias facilidades de que gozaba Estados Unidos para extender y enraizar sus intereses en Cuba.

Con vistas a restablecer la legalidad, transcurridos apenas dos meses del triunfo, el 3 de marzo de 1959, el Gobierno Revolucionario emitió la Ley No. 122, la cual dispuso la derogación del referido Decreto Presidencial y la intervención del monopolio telefónico. A partir de entonces se cobrarían las mismas tarifas aplicadas antes de la entrada en vigor del decreto antes citado.

La Ley No. 122 dispuso la ocupación, administración y operación de la Cuban Telephone Company por un interventor designado por el Gobierno Revolucionario; acto que, entre otras cuestiones, contemplaba la ocupación de todas las propiedades, oficinas, talleres, plantas, almacenes, instalaciones y equipos de la compañía; otorgaba al interventor todas las facultades ejecutivas y administrativas necesarias para el desempeño de su labor.

La mencionada ley disponía, además, examinar todo el sistema de administración, contabilidad, contratos y archivos, así como una exhaustiva investigación sobre los costos del servicio prestado; proseguir y extender el plan de ampliación de plantas, equipos, instalación de aparatos y servicios en general; disponer en forma legal de todos los efectivos, depósitos y cuentas bancarias de la empresa, y realizar todos los cobros y pagos que fuesen procedentes.

Las luchas de los telefónicos

Se dice que por gozar de mejores salarios y algunas ventajas por encima del resto del proletariado cubano, los telefónicos —al igual que los eléctricos— constituían la “aristocracia obrera cubana”. Mas, si bien eso es cierto, no puede desconocerse que eran igualmente explotados y en no pocas ocasiones tuvieron que lanzarse al reclamo de sus derechos.

No obstante la obtención de jugosos dividendos que a inicios de la década de los años 30 fuera considerada como la de mayor éxito entre las componentes de la Internacional Telephone and Telegraph (ITT), entre 1932 y 1933 la Cuban Telephone Company decidio rebajar de manera lenta y frecuente los salarios de los trabajadores, con lo que se suscitaron paros y huelgas.

En septiembre de ese último año fue fundado el Sindicato de Obreros y Empleados de la Cuban Telephone Company, que de inmediato asumió la dirección de las demandas de los trabajadores para alcanzar mejoras salariales y laborales, y los condujo a la huelga que estalló el 9 de noviembre del propio 1933. Como parte de esta, en La Habana se produjeron sabotajes y el servicio resultó paralizado. Mas no fue hasta octubre de 1934 que la empresa concedió algunas demandas.

A pesar de determinados privilegios que los elevaban ante el resto de los trabajadores, muchos hombres y mujeres del sector asumieron una postura digna frente a la tiranía batistiana. No solo se empeñaron en defender a sus compañeros de labor, sino que también se sumaron a la lucha por la liberación de la patria.

Entre los hombres y mujeres que ofrendaron la vida en ese período, figura la joven Aleida Fernández Chardiet, telefonista internacional que interceptó y grabó una conversación en la cual se revelaba la sumisión del tirano Fulgencio Batista a los intereses estadounidenses, y la facilitó a un espacio radial que la hizo pública. Esa acción decretó su asesinato, verificado el 11 de febrero de 1958.

La intervención de la Cuban Telephone Company fue el primer paso hacia la nacionalización, efectuada el 6 de agosto de 1960, a partir de la cual nuestro país contó con una empresa telefónica verdaderamente cubana.

Acerca del autor

Felipa de las Mercedes Suárez Ramos

Graduada de Licenciatura en Periodismo, en 1972.
Trabajó en el Centro de Estudios de Historia Militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en el desaparecido periódico Bastión, y como editora en la Casa Editorial Verde Olivo, ambos también de las FAR. Actualmente se desempeña como reportera en el periódico Trabajadores.
Ha publicado varios libros en calidad de autora y otros como coautora.
Especializada en temas de la historia de Cuba y del movimiento sindical cubano.