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Cuando aún no han trascurrido dos años de que fuese destituido el expresidente paraguayo Fernando Lugo por una burda acción golpista parlamentaria, y tras seis meses de las elecciones presidenciales que “legitimaron” al nuevo Gobierno, la inestabilidad del país se hace evidente en las continuas acciones de rechazo a las medidas del Ejecutivo.
La voz de los trabajadores y el pueblo en general trata de ser silenciada una vez más por las fuerzas del orden, sujetas a las mismas reglas que las llevaron a reprimir las manifestaciones de rechazo a la asonada contra Lugo.
Sin importar la amplia movilización ciudadana desarrollada el pasado lunes frente a la Cámara de Diputados, se aprobó por 60 votos a favor el proyecto de la referida ley, encaminada a dar potestad al presidente de autorizar inversiones privadas sin intervención del Congreso Nacional y al margen de la Ley de Contrataciones Públicas, en cuyo cuerpo estas se regulan.
Numerosos sectores sociales han denunciado a lo largo y ancho del país el contenido privatizador del nuevo instrumento jurídico. Su carácter entreguista, que convierte el patrimonio nacional y los bienes públicos en propiedades privadas ha sido también desenmascarado por el ahora senador, Fernando Lugo, quien ha dicho que “con la ley todos van a pagar para que solo unos pocos se enriquezcan”. De igual manera abogó por que no se le dé “remate a la soberanía nacional”.
La asociación entre públicos y privados, esencia de la cuestionada legislación, es vista por sectores obreros y campesinos de Paraguay como un camino a la enajenación de la propiedad de empresas estatales, aun cuando el presidente Cartes ha expresado en rueda de prensa que “la asociación público-privada no implica la venta absolutamente de nada; es simplemente permitir al sector privado hacer inversiones donde el Estado no tiene los debidos recursos”
El mandatario considera esta iniciativa como uno de los pasos fundamentales de su gobierno, junto con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que “limita los gastos de la administración pública y busca estabilizar las finanzas”. Pero nadie desde el Ejecutivo le ha preguntado al pueblo trabajador cuál es su punto de vista ante este tipo de decisiones que se hacen firmes sin establecer consulta pública.
Desde las esferas del Gobierno se asume como contradictorio que los ciudadanos que carecen de empleo se opongan precisamente a una medida que “debe generar nuevos puestos de trabajo con la inversión de capital privado”.
En medio de esta coyuntura, el presidente paraguayo prometió en un alarde de demagogia que si vende «un ladrillo” de los bienes de la nación, ofrecerá su cabeza en la plaza pública.
La ley de Promoción de la Inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado, como se llama formalmente, ya fue aprobada en el Senado y si finalmente ocurre lo mismo en el Congreso, entonces deberá ser promulgada por el Ejecutivo para su inmediata entrada en vigor.
Las manifestaciones han traído como consecuencia que fue cerrado el tránsito en algunas calles y avenidas que llevan al centro de la ciudad de Asunción, mientras la policía reforzó los operativos de seguridad “para evitar incidentes”.
Trasladarse de un lugar a otro en la capital paraguaya es una acción caótica; en algunas zonas han sido incendiados automóviles, se han lanzado petardos y todo parece indicar que pueden producirse incidentes más graves.
En Paraguay queda evidenciado que sin el consenso popular no es posible ya gobernar en América Latina. Quienes lo ignoren vivirán en medio de la desestabilización y el eco de las protestas.
