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Con talento y el afán de buscar soluciones a los retos que suponen tecnologías obsoletas en muchas entidades, los integrantes de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores en Cuba han incursionado con éxitos notables en disímiles esferas del quehacer económico y social, cuyo concurso oportuno es garantía de sostenibilidad y sustentabilidad de disimiles procesos.
En Las Tunas queda demostrado en actividades vinculadas con prioridades locales, tales son los casos de la producción de alimentos, el ahorro de portadores energéticos, el quehacer de industrias estratégicas como las plantas de fabricación de aceros inoxidables (ACINOX), de estructuras metálicas (METUNAS), y de muebles (LUDEMA) y la fabricación de azúcar, por solo mencionar ejemplos significativos.
Aquí al universo empresarial, que recibe casi cotidianamente los beneficios de esa vocación creativa, está integrado por 126 entidades de constante actividad innovadora, 54 de estas de mayor peso en la producción mercantil territorial, pero todas obligadas a cumplir las normativas de la Ley 38.
Según dio a conocer Abelardo Leyva Leyva, presidente de la Anir en este territorio, en lo que va de año el aporte de este ingenioso ejército asciende a dos millones 847 mil 200 pesos por el concepto de racionalizaciones e innovaciones hechas y generalizadas.
“Sin embargo, enfatiza, esa cifra no es un reflejo real del quehacer, porque hay organizaciones empresariales que no aplican la Ley, desconociendo ese derecho laboral, lo que constituye un obstáculo al mejor desempeño de los colectivos en esta actividad que tanto favorece a la economía nacional».
Entonces, no es ocioso recordar que tanto este cuerpo legal, aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en 1982, como el decreto 120 de 1984, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, establecen las normas jurídicas que protegen la actividad de innovaciones y racionalizaciones y a sus autores, definen las funciones y atributos de las entidades y de la Anir.
Vale insistir en que la Instrucción número 13 de 1987, de la Fiscalía General de la República de Cuba, considera ambas disposiciones legales como instrumentos de probada necesidad para canalizar las iniciativas de los trabajadores en función de lograr efectos económicos en la sustitución de importaciones, en el ahorro de materiales y también de beneficio social o para la defensa del país.
Por esas valoraciones la Fiscalía decidió desde esa fecha incluir estas legislaciones en la comprobación de sus verificaciones fiscales, particularmente “en lo relativo a propuestas no puestas en práctica sin justificación alguna y a la no retribución acorde a las normas establecidas de las aceptadas y aplicadas”, según consta en el apartado tercero de esa Instrucción.
Pero, la 38 sigue siendo una Ley reiteradamente vulnerada, como consecuencia de la desidia con la que algunas direcciones administrativas asumen su implementación, la poca exigencia de algunos sindicatos y el descuido de los Comités de Innovadores y Racionalizadores en los centros, donde laboran los protagonistas.
Otra muestra del desatino es que todavía existen organismos que en sus planes no incluyen partidas presupuestarias para atender las actividad innovadora, ni tratan este tema en los espacios naturales que tiene el sindicato en cada sección sindical, dígase asambleas de afiliados y consejos de dirección, ni en las rendiciones de cuenta que sistemáticamente hacen las organizaciones de base. Se pierden por desidia esos escenarios para debatir estas cuestiones que son vitales en el propósito de hacer sostenible y próspero nuestro sistema social.
No es por casualidad que el lineamiento 139, de la Política Económica y Social de la Revolución aprobada por el VI Congreso del Partido, enfatiza: “Definir e impulsar nuevas vías para estimular la creatividad de los colectivos laborales de base y fortalecer su participación en la solución de los problemas tecnológicos de la producción y los servicios (…)”.
Los trabajadores lo han estado haciendo desde el histórico llamado del Che a construir sus máquinas, pero la implementación de este lineamiento debe sustentarse en el acatamiento y respeto a las leyes todavía vigentes, esas que por negligencias descuidan algunos de los encargados de hacerlas cumplir.
