No basta con las buenas intenciones

Por: Anabel Mieres, Geisy Guía, Elizabeth Cabrera, Margarita Valdés y Mariana Camejo, estudiantes de Periodismo  

La Confianza le juega a cualquiera una mala pasada y solo se necesita un descuido para recordar que el peligro no disminuye a pesar de la experiencia. Ismel, un joven liniero, olvidó esta máxima.

Inmerso en la rutina laboral, no accionó el desconectivo para interrumpir la corriente, perdió la distancia mínima y fue víctima del mortal contacto eléctrico. El suceso advirtió a sus compañeros, una vez más, de que ninguno estaba exento de sufrir una situación similar.

La caída desde alturas, choques con partes o piezas mecanizadas y el contacto eléctrico son, desde hace algunos años, las principales causas de muerte por accidentes de trabajo en Cuba.

Esos percances constituyen un verdadero flagelo, pues a pesar de que han disminuido significativamente las lesiones, desde el 2008 acumulan un promedio anual de 90 fallecidos, según Heriberto Pavón Núñez, especialista superior de Seguridad y Salud del Trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El experto explica que se clasifica como accidente de trabajo si lo ocurrido fue súbito e inesperado, si existe una relación causal con la actividad laboral o si se produce una lesión incapacitante o la muerte del trabajador. Una autoagresión o comisión de un delito no constituyen variables a tener en cuenta para esta clasificación.

Cuestiones legales

Cada vez que sucede un accidente, las administraciones están obligadas a investigar en no más de 30 días lo ocurrido, determinar sus causas e informarlo a los organismos superiores. Si se trata de una lesión, se crea un comité conformado por el sindicato, el jefe del obrero lesionado, el especialista de seguridad y cuantas personas sean necesarias.

Sin embargo, a pesar de ello, en ocasiones los presuntos responsables quedan impunes, ya sea por falta de elementos para llevarlos a juicio o por la ausencia del denunciante.

“Pero, existen mecanismos de acción capaces de revertir esta situación y lamentablemente no se utilizan, destaca Pavón Núñez, pues el trabajador, su familia y el movimiento sindical pueden ser los denunciantes.

“No recuerdo un proceso judicial motivado por una lesión, refiere. Generalmente la familia reacciona cuando se trata de un fallecido, ocasión en que sí exigen el proceso jurídico y pueden, incluso, apelar a la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo para que se verifiquen las causas del accidente”, apunta.

Preservar la vida de los trabajadores es una responsabilidad colectiva que depende principalmente de los directivos, del sindicato, de los técnicos de seguridad y del propio empleado. Pero ello no es posible si, entre otros aspectos, no se concreta la ejecución del presupuesto destinado al mantenimiento y la compra de medios de protección.

En este sentido, Ana Julia Cleger, funcionaria de la esfera de Asuntos Laborales y Sociales de la CTC Nacional, afirma que en el 2012 el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) destinó 42 millones de CUC a la adquisición de estos equipos en todo el país, de los cuales solo se ejecutó el 92,4 por ciento.

Ello constituye uno de los principales obstáculos para el logro de los propósitos de la seguridad y salud del trabajo. Ejecutar dichos presupuestos se erige entonces en tarea de primer orden.

Prevenir ante todo

No obstante, la prevención es la manera más efectiva de evitar futuros accidentes. La especialista de Comunicación Integral y Atención al Hombre de la Unión Nacional Eléctrica, Melitza Wood, refiere que debido al carácter riesgoso del trabajo de los linieros en la altura, la empresa respeta si alguno tiene problemas personales o de salud, dándole el derecho a quedarse en tierra.

Más allá de la decisión de la entidad, el obrero tiene el derecho de negarse a trabajar si percibe que su integridad física está en riesgo porque no están garantizadas las condiciones necesarias para su protección.

Aun así, el centro está obligado a pagarle íntegramente la jornada laboral, una vez comprobada la razón de su negativa. Mas, para poder exigir esto, el obrero debe conocer lo establecido en materia de seguridad, aspecto en que la organización sindical está en la obligación de apoyarlo decididamente.

Aunque en nuestra pesquisa tratamos de encontrar algún trabajador que se hubiera visto en la situación descrita anteriormente, nos resultó imposible, lo que evidencia la rareza de tales hechos.

En caso de los lesionados, estos reciben una compensación de la Seguridad Social, tal como lo exige la Ley 105, independientemente de si el hecho ocurrió por irresponsabilidad administrativa o por indisciplina del propio accidentado.

Mientras sea clasificado como accidente de trabajo, el trabajador debe recibir la protección económica. Esta se materializa con el 80 % de su salario mensual en caso de no estar hospitalizado, y sí lo está, se le compensa con el 70 por ciento.

En su caso, la Empresa Eléctrica de La Habana realiza actualmente acciones de prevención orientadas a los obreros que se encuentran en la “línea caliente” —donde se trabaja sin interrumpir la electricidad— basándose en la estadística de que luego de cinco acciones inseguras puede ocurrir un accidente.

No obstante, las negligencias de los trabajadores no son la única arista del problema, pues cada actividad laboral requiere de medios de protección específicos que en ocasiones no están disponibles, principalmente por causas organizativas.

Adquisición de equipos: otra arista del asunto

Empresas de la Corporación de Aviación Cubana S.A. (Cacsa), presentan problemas con la adquisición de los insumos importados por Maquimport, única empresa del país autorizada para la compra en el extranjero de medios de protección.

“Ello responde a una concepción a nivel nacional que propone concentrar la compra de todos los productos y rebajar así los costos de importación”, apunta Inés Álvarez, subdirectora de capital humano de la Cacsa.

“Sin embargo —continuó— consideramos que ello pudiera flexibilizarse para empresas como la nuestra, que requieren de medios de protección específicos, pues Maquimport solo importa productos estándares para todo el país, y ello nos afecta”.

Por este motivo, la aviación civil solo pudo ejecutar al cierre de marzo 25 mil de los 491 mil 148 CUC asignados en el año para la seguridad laboral, lo que representa el 5.06 %, puntualizó Bárbara Pino, especialista de Seguridad y Salud del Trabajo en la Cacsa.

Es difícil considerar el anterior como el único motivo que determina la exigua ejecución de su presupuesto por parte de la Cacsa, pues quizás con mayor empuje y exigencia se hubieran podido adquirir otros medios necesarios.

“De los 37 tipos de productos demandados en el primer semestre del presente año se han recibido solo 13, y presentan —por demás— problemas de tallas y cantidades, a pesar del estudio previo que realizamos anualmente”, asegura Reinaldo Pérez Rubio, especialista de Seguridad y Salud del Trabajo en la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeronáuticos.

Es de destacar que aun sin el abastecimiento óptimo de los medios de protección, en el primer trimestre del 2013 la aviación redujo el número de accidentes a cinco, comparado con el mismo período del 2012, en el que ocurrieron ocho, explicó Bárbara Pino.

  Cuando no hay calidad…

Además de los problemas con la ejecución del presupuesto en la compra de los productos, la calidad de estos supone otro obstáculo en la seguridad laboral.

Regina Mesa González, especialista de Gestión de Recursos Humanos que atiende Seguridad y Salud del Trabajo en el grupo empresarial de la Industria Portuaria (Asport), comenta que los trabajadores en este sector se quejan de que la mala calidad de los medios de protección reduce considerablemente su vida útil, lo que los ha obligado a elevar gastos por este concepto.

“Hoy podemos adquirir algunos de ellos a través de las nuevas formas de gestión, por ejemplo las botas, pero estas no son las idóneas para este trabajo, pues carecen de la calidad requerida y no están certificadas de acuerdo con las normas de seguridad internacional”, concluyó la especialista.

¿Cultura presupuestaria?

El MEP aprueba el presupuesto anual en diciembre para las empresas, y los trabajadores de cada organismo deben reunirse en el primer trimestre para conocer y determinar cómo acometer su plan de la economía. Entonces, a partir del levantamiento de riesgos que se realiza, se calcula y proyecta el presupuesto en que deberán incluirse los gastos por partidas de inversión y mantenimiento.

“La cultura de cuantificar y planificar el dinero para el próximo año es muy débil. Si se habla de equipos, todos saben cuántos necesitan para el año entrante, pero no cuánto se necesita invertir para mejorar las condiciones de trabajo”, opina Pavón Núñez, el especialista superior de Seguridad y Salud del Trabajo en el MTSS.

El experto explicó que su institución trabaja por la capacitación de los jefes directos, pues se ha detectado que muchos problemas ocurren a la vista de quien al frente de una brigada debe evaluar el riesgo del trabajo; sin embargo, muchos no están preparados.

De un adecuado monitoreo de los riesgos por parte del técnico de seguridad y el directivo, dependerá la disminución de los peligros a los que está expuesto el hombre diariamente.

Esperando respuestas

Por estos días se discute el Anteproyecto de Ley Código de Trabajo, contexto oportuno para proponer soluciones a temas pendientes. Por ejemplo, en los casos de accidentes en los que la responsabilidad recae sobre la administración y no sobre el obrero, ¿por qué no pagarle el salario íntegro a este último? Independientemente de que recibe de manera gratuita la rehabilitación y demás servicios de salud, al abonársele el 80 % se ve afectado económicamente.

Asimismo, la contratación en el sector cuentapropista insta a cuestionarse cómo serán protegidos los más de 446 mil trabajadores no estatales, contabilizados hasta hoy, y de los cuales se ha sindicalizado el 76 por ciento.

La seguridad es una inversión, por lo que deben destinarse recursos materiales y financieros para darles solución a los problemas.