Cargando...La bonanza política y el mayoritario consenso prevalecientes durante los sucesivos gobiernos de la izquierda brasileña, encabezados por Luis Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff, están hoy ante el desafío de una incipiente polarización.
El rechazo dentro del Legislativo, que considera “inviable” este año el ejercicio del plebiscito sugerido por la Presidenta, evidencia un quiebre en el necesario respaldo para un mejor desempeño de la gestión de gobierno y de la materialización de las respuestas que este necesita dar a las exigencias populares.
La consulta, en lo inmediato, haría posible legitimar las acciones de Dilma a favor de los reclamos de la población que participó durante junio pasado en las multitudinarias protestas en un centenar de ciudades brasileñas. De posponerse, dejaría en un limbo soluciones que no pueden esperar, en medio de un ambiente social tensado por no pocas insatisfacciones.
El plebiscito, solicitado por la dignataria con fecha para el último trimestre del presente año, permitiría a la ciudadanía escoger los aspectos que desea modificar del sistema político; pero, según numerosas fuentes, los legisladores opuestos son más proclives a mantener ellos el control, a la vez que se inclinan por elaborar en el hemiciclo brasileño las propuestas de reforma para posteriormente, en el 2014, someterlas a referéndum, simultáneamente con las elecciones nacionales. En los últimos días ha trascendido que solo tres formaciones políticas con representación en la Cámara —el Partido de los Trabajadores (PT), los Demócratas Laboristas y el Partido Comunista del Brasil— respaldan la consulta popular. Como principal opuesto a su realización en el presente año aparece el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) —de centro derecha—, el más importante miembro de la coalición de gobierno y con mayor número de diputados y senadores en el Congreso.
La anterior exigencia tiene que ver con que el PMDB cuenta además con el mayor número de gobernadores y prefectos, y todo indica que no aceptarán modificaciones que puedan afectar sus intereses y posición política con miras a los comicios, dentro de poco más de un año, cuando se elegirán el presidente de la República, gobernadores provinciales, senadores y diputados. Se suman asimismo al rechazo del PMDB a la propuesta de Dilma otras fuerzas de la oposición, entre las que sobresale el Partido de la Social Democracia (PSDB), enfrascado en intensas maniobras antigubernamentales y críticas a su gestión.
No puede perderse de vista que aun cuando en poco más de una década profundas transformaciones económicas y sociales han convertido a la mayor república de Suramérica en una de las potencias emergentes más promisorias del planeta, capaz de reducir los índices de pobreza como ningún otro país, la crisis económica mundial ha tenido como en todas partes efectos desfavorables sobre la economía brasileña.
A pesar de los logros de los gobiernos progresistas, lidereados por el PT, no se ha podido avanzar de acuerdo a las aspiraciones. Sin contar la existencia de una fuerte campaña de la derecha para desacreditar la obra de la administración de Lula, primero, y ahora de Dilma. La gran prensa al servicio de los intereses oligárquicos no cesa de fabricar y difundir mentiras destinadas a crear estados de opinión desfavorables a las medidas de beneficio popular.
Un exsenador del PT y actual asesor de la presidenta brasileña declaraba hace apenas tres meses en entrevista concedida a este semanario: “Todos los días salen a la luz informaciones fabricadas, contrarias a todo cuanto hace el Gobierno, situación que nos coloca ante una batalla muy difícil.”
De tal modo, los peligros mayores para la estabilidad y avance de la izquierda gobernante no están ni mucho menos en el efecto e intención de las protestas populares, que la propia Dilma sintetizó con magistral intuición denominándolas “el eco de la energía de las calles”.
Al respecto, el politólogo argentino Atilio Boron expresó en uno de sus últimos comentrarios: “La composición racial de los manifestantes en Brasil evidencia la presencia de importantes sectores populares. No es gente que quiera una vuelta a la derecha y al neoliberalismo, sino que estaban realmente muy enojados por el hecho de que los grandes beneficiarios de la gestión macroeconómica de los gobiernos, tanto de Lula Da Silva como de Dilma Rousseff, hayan sido los bancos”.
A propósito de lo dicho por Borón, el propio Lula se ha lamentado de que el esfuerzo para que millones de personas salieran de la pobreza haya significado también el enriquecimiento desmesurado de las entidades financieras. No en balde, voceros de los manifestantes instaron a Dilma a que “avance por una vía más radical en cuanto a la redistribución del ingreso, más control estatal sobre la actividad económica y un distanciamiento mayor de las posiciones de gobierno neoliberales”.
En este nuevo contexto, la exitosa izquierda en el poder, debe enfrentar a partir de ahora las apuestas diferentes de quienes intervienen en el juego político de la nación.
