La (in)seguridad informática

Desde Baracoa, en Guantánamo, nos  escribe Rauder Matos Alba, licenciado  en Matemática y Computación, en  otra historia que indica la necesidad  urgente de revisar la subjetividad en  la aplicación de las normas de seguridad  informática por las instituciones  estatales, motivo de frecuentes sanciones  laborales que no siempre poseen  suficiente fundamento.

En febrero del pasado año Rauder  accedió desde el Joven Club de Computación  donde trabajaba a una página  en Internet a través del buscador  Google, mientras buscaba información  sobre la eficiencia del funcionamiento  de los motores de combustión  interna para completar un artículo  que quería enviar a la enciclopedia  colaborativa Ecured.

Resultó que ese sitio tenía algún  tipo de restricción por esa entidad,  y al profesor lo separaron de forma  definitiva de su puesto, bajo el argumento  de “usar las facilidades de  servicio de la red con fines lucrativos,  ilegítimos o personales, no acorde con  los principios éticos y morales de la  sociedad”, además de una amonestación  pública anterior por otra causa  en el desempeño de su labor.

Rauder reclamó al órgano de justicia  laboral de base que le correspondía,  nada más y nada menos que el  de Etecsa, el cual “después de hacer  un minucioso análisis y sin dejar de  reconocer que se cometió una violación,  no encontró elementos suficientes  como para aplicar la separación  definitiva” y modificó la sanción al  traslado a una plaza de menor remuneración  o calificación o de condiciones  laborales distintas por seis meses,  con derecho a retornar a la suya.

La administración demoró más  de un mes en ubicarlo bajo el pretexto  de que no tenía plaza, sin pagarle ese  tiempo, pero además apeló el fallo del  órgano ante el Tribunal municipal.  En este segundo proceso la administración  alegó entonces “que la página  visitada promueve pornografía”, lo  cual a juicio del profesor “demuestra  la intencionalidad de separarme definitivamente,  y así dejar sin amparo  económico a mi esposa y tres niños  menores de edad”.

De acuerdo con lo que narra Rauder,  durante la vista una especialista  de tecnología y desarrollo en la provincia  denegó el vínculo de la página  con pornografía y afirmó que era su  primera incidencia en la violación de  la seguridad informática. No lo dice  la carta, pero es posible deducir que  la sentencia del Tribunal no fue favorable  al trabajador, porque él concluye  que pidió revisión al Tribunal  Supremo Popular desde julio del año  pasado, sin que tenga todavía una  respuesta.

La extensión progresiva que tiene  y tendrá en la sociedad cubana el  acceso a Internet requiere de responsabilidad  de los usuarios, pero también  de la eliminación de prejuicios y  criterios sesgados en relación con las  tecnologías y los flujos de la comunicación,  que pueden originar la aplicación  de medidas extremas y así dañar  de manera irreparable la vida de las  personas.