Cargando...Desde el municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, Héctor Ramón Mazorra Espinosa, jubilado de la otrora industria básica, relata la situación laboral que atraviesa su hijo Yoel Mazorra Rodríguez desde junio del pasado año.
Todo surgió a raíz del planteamiento de una electora en una circunscripción, referente a que los alumnos “pasaban hambre” en el instituto politécnico Mario Herrero Toscano, ubicado en esa localidad, y donde Yoel se desempeñaba como almacenero.
Cuenta el padre que luego de una inspección sorpresiva “en la cual no se obtuvo nada importante”, el hijo fue sometido a una medida cautelar y separado de su puesto laboral.
Yoel apeló al órgano de justicia laboral de base, que luego de 30 días dictaminó a su favor. Inconformes ante tal respuesta, la dirección y administración del centro acudieron al tribunal municipal.
El 21 de octubre del 2012 el director del politécnico lo llevó al almacén con la idea de incorporarlo, y luego planteó que no podía dar este paso pues la contadora no estaba presente. Lo citó para el día siguiente y de forma inesperada le aplicó una normativa que lo limita a ocupar una plaza en un lugar donde existan recursos.
“Esto es un acto de abuso de poder para tratar de perjudicarlo”, afirmó en su misiva Héctor, pues también el tribunal municipal falló a favor de Yoel, quien aún continúa sin ocupar su lugar como almacenero.
Indignado por tal injusticia, Héctor acude a Trabajadores, y reclama la participación en el caso del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte.
“¿Qué pensará un joven de 31 años de todas estas arbitrariedades?”, concluye la carta del angustiado padre.
