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Máster María del Carmen Romero Pérez, contralora jefa de la Dirección Jurídica de la Contraloría General de la República
Entre las primeras medidas adoptadas en la etapa actual del proceso de institucionalización del país está la creación de la Contraloría General de la República (CGR), el primero de agosto del 2009, con la aprobación por la Asamblea Nacional del Poder Popular y puesta en vigor de la Ley No. 107, con el objetivo y misión fundamental de auxiliarla en el cumplimiento y desarrollo de la atribución constitucional de ejercer la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno.
En razón de ello, el consignado órgano estatal creado propone la política integral del Estado en materia de preservación de las finanzas públicas y el control económico– administrativo, y una vez aprobada, se encarga de dirigir, ejecutar y comprobar su cumplimiento, así como regir metodológicamente y supervisar el sistema nacional de auditoría; y realiza las acciones que considere necesarias con el propósito de velar por la correcta y transparente administración del patrimonio público. La finalidad es la prevención y la lucha contra la corrupción.
La Ley 107/09 jerarquiza, integra y cohesiona el Sistema de Control del Estado y el Gobierno, identifica y define el alcance de los Sistemas de Control Interno y Externo, fija los deberes y obligaciones y la responsabilidad de la máxima autoridad en todas las estructuras de dirección.
Conceptualiza la referida disposición legal términos importantes en el interés de facilitar su comprensión y alcance en sentido general, y también para todos los sujetos a las acciones de auditoría, supervisión y control; entre ellos podemos mencionar el propio concepto de control, el Sistema de Control Interno; y define, ajustado a las características y peculiaridades de nuestro país, el significado de corrupción administrativa y el de responsabilidad colateral, entre otros.
Con la aprobación de la Resolución 60 del 2011, sobre las normas del Sistema de Control Interno, dictada por la Contraloría General de la República, y la aplicación de sus componentes y normas, la CGR contribuye a crear una cultura de control en las administraciones. La Gestión y Prevención de Riesgo adquiere cada día mayor integralidad, debido a que las entidades deben trabajar sistemáticamente en la identificación de los riesgos internos y externos. Esta práctica, unida al autocontrol, se debe realizar con la activa participación de los trabajadores, encabezados por los directivos de la entidad y con el asesoramiento del Comité de Prevención y Control creado para estos fines. Ello influye en el mejoramiento de la organización, la elevación de la participación colectiva, la eficiencia y el análisis crítico de las manifestaciones negativas que se presenten, con énfasis en las causas y condiciones que las generan.
El artículo 10 de la Constitución de la República de Cuba refrenda la obligación de todos los órganos del Estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados, de actuar dentro de los límites de sus respectivas competencias, observar la legalidad y velar por su respeto en la vida de toda la sociedad.
