PUERTO HUAMÁN, Perú – “Palo Duro” es un árbol casi inquebrantable que crece en el nordeste de Perú, en la región del Amazonas, cerca de la frontera con Colombia.
Es también el símbolo de los Maijunas, una comunidad que ha luchado desde la época de la conquista española por reclamar sus territorios ancestrales, codiciados por madereros y cazadores furtivos.
En la actualidad, quedan sólo 400 Maijunas, que viven en cuatro aldeas de viviendas de techo de paja (Puerto Huamán, San Pedro de Totoya, Nueva Vida y Sucusari-Orejones) entre los ríos Napo y Putumayo.
La creación por parte del Gobierno de Loreto de una extensa área de conservación en 2012 otorgó a los Maijunas la oportunidad de hacer escuchar su voz por primera vez. El objetivo de esta área es evitar que los cazadores diezmen la fauna local – sobre todo los tapires – que los madereros acaben con árboles y que los pescadores contaminen los ríos.
En un proceso de consulta sin precedentes, los líderes Maijuna se reunieron el mes pasado en Puerto Huamán (a cuatro horas de distancia en barco desde Iquitos, la capital de Loreto) para discutir temas relacionados con el área de conservación. Los representantes de los gobiernos regional y nacional estuvieron presentes en la reunión, y también la OIT. Están previstas otras reuniones a finales de este año.
El evento en Puerto Huamán supuso la primera vez que la Ley nacional sobre el Derecho de Consulta fue puesta en práctica. Esta ley – aprobada por el Parlamento de Perú en septiembre 2011 – se basa en el Convenio de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169).
El derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en los procesos de toma de decisiones que les afectan es la piedra angular del Convenio de la OIT. También es el elemento central de la Ley sobre el Derecho de Consulta de Perú.
A la vanguardia
De ahora en adelante, los Maijunas tendrán el derecho de expresar sus opiniones sobre la gestión del área protegida.
“Sin duda alguna, esto significa un hito para los pueblos indígenas de Perú”, declaró Oseas Barbarán, presidente de la Confederación de las Nacionalidades Amazónicas de Perú (CONAP). “Es el resultado de su larga y constante batalla”.
Hace cuarenta años, a los Maijunas ni siquiera se les permitía ir a la escuela. Sólo durante la última década tomaron conciencia de sus derechos fundamentales. Privados de su legado, han perdido parte su identidad. Los niños solo hablan español, no la lengua nativa, y muchos no conocen las historias y las canciones tradicionales. La protección de su tierra es el primer paso para tratar de detener su decadencia cultural.
Iván Lanegra, profesor universitario y ex Viceministro de la Interculturalidad, señaló que el proceso de consulta es sólo el comienzo: “Es un desafío enorme para el Gobierno, porque el proceso de consulta por sí solo no es suficiente. Debe ir acompañado de decisiones políticas a largo plazo que garanticen que el gobierno abordará las necesidades de los pueblos indígenas”.
El papel de la OIT
“La OIT, a través de su Programa para promover el Convenio núm. 169, que está activo en la región desde 2009, trabaja conjuntamente con las autoridades peruanas a fin de introducir la nueva Ley sobre el Derecho de Consulta y su reglamento. La OIT seguirá colaborando con el gobierno para apoyar la implementación de la Ley y ofrecerá asistencia técnica y formación a funcionarios públicos y a los líderes de la comunidad”, explicó Liliam Landeo, Coordinadora nacional para Sudamérica del Programa para promover el Convenio núm. 169, con sede en Lima, Perú.
“El tema de este año para el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, que invita a honrar los tratados, los acuerdos y otros arreglos constructivos, es una buena oportunidad para recordarnos el papel fundamental que instrumentos como el Convenio núm. 169 de la OIT pueden desempeñar no sólo para proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas y tribales, sino también para establecer las garantías legales para la inversión privada en los países que los han ratificado”, agregó.
La OIT es responsable de los únicos instrumentos internacionales actualmente vigentes que se ocupan de los derechos de los pueblos indígenas. Estos instrumentos establecen el principio de que sus culturas, maneras de vivir, tradiciones y leyes consuetudinarias tienen gran valor y deben ser respetadas y protegidas, y que corresponde a las mismas comunidades definir sus prioridades para el desarrollo.
Existen más de 370 millones de indígenas autoidentificados en alrededor de 70 países en el mundo. Sólo en América Latina hay más de 400 grupos, cada uno con una lengua y una cultura diferentes, aunque la mayor concentración de pueblos indígenas se encuentra en Asia y el Pacífico, con cerca de 70 por ciento.