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La Federación Sindical Mundial (FSM) denuncia las arbitrariedades en torno al proceso legal seguido contra los campesinos paraguayos por los sucesos ocurridos en junio del 2012 en Curuguaty, el cual ha concluido con una condena “injusta y cruel”.
Poco antes de la celebración del juicio el pasado 11 de julio y en múltiples ocasiones desde la ocurrencia de los acontecimientos de Curuguaty, advierte el comunicado llegado a nuestra redacción, el Secretariado de la FSM había manifestado su rechazo al crimen que significa condenar a largas penas a los trabajadores agrarios paraguayos.
Pero a la luz del proceso judicial que acaba de finalizar, “se corrobora la violación de procedimientos legales” que lo ha caracterizado a lo largo de los cuatro años que ha durado.
Junto a numerosas protestas y drásticas medidas de seguridad policial fuera y dentro del Tribunal, este determinó que los 11 procesados —Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Olmedo y Dolores López— son culpables de “invasión de inmueble ajeno” y “asociación criminal”. Nueve de ellos fueron declarados también culpables de “homicidio doloso consumado y en grado de tentativa”, por lo que recibieron condenas que van de los 30 a los 40 años de prisión.
La matanza de Curuguaty fue el principal argumento de la oposición en el Parlamento para iniciar el juicio político al entonces presidente Fernando Lugo, explica el comunicado de la FSM, quien había ordenado la ejecución de desalojos pacíficos de tierras ocupadas por campesinos, para su posterior relocalización en predios que serían otorgados en propiedad a los mismos.
“En el caso de Curuguaty se determinó por las autoridades que alrededor de 70 trabajadores agrarios que habían ocupado tierras en litigio entre el Estado y una Empresa, se habían negado a iniciar el diálogo con las fuerzas de seguridad”, lo que en realidad era un grupo de élite integrado por 300 policías fuertemente armados, quienes iniciaron los disparos que dieron lugar a la masacre que terminó con 17 muertes, seis entre las fuerzas policiales y 11 en las filas campesinas.
Durante el proceso “solo fueron tomados testimonios a policías los cuales, además, no se hicieron cumpliendo las pericias que correspondían, incluyendo la de balística para determinar qué grupo poseía los proyectiles de alto calibre utilizados en la matanza”, denuncia el documento.
Agrega que se “perdieron” evidencias forenses que indicaban el ajusticiamiento de los trabajadores agrarios y la existencia de fuertes indicios de imparcialidad del fiscal y de otros letrados que intervinieron en el caso, quienes indujeron la culpabilidad de los acusados desde el inicio del proceso judicial, ignorando el principio universal de presunción de
La manipulación política del caso sirvió de pretexto para pedir el juicio político contra Fernando Lugo por su supuesta responsabilidad política en los sucesos de Curuguaty, quien finalmente fue destituido. Luego se supo que en realidad las tierras ocupadas por los trabajadores agropecuarios estaban siendo reclamadas por un grupo empresarial perteneciente al expresidente del Partido Colorado de fuertes vínculos con el exfiscal de la causa, hijo de una de las figuras más importantes del mismo Partido, y hoy viceministro de Orden y Seguridad, Jalil Rachid.
“El tradicional dominio sobre la propiedad de la tierra y las principales instituciones del Estado había sido cuestionado por el inconcluso Gobierno de Fernando Lugo quebrando seis décadas de hegemonía política del Partido Colorado. Su destitución devolvió el poder del Estado a dicho Partido”, dice el comunicado.
“Los trabajadores del campo paraguayo están hoy en la misma situación de despojo y de indefensión institucional que hace décadas y la justicia que debía ampararlos acaba de reiterar el mensaje de siempre: todo el peso de la ley caerá sobre quien se atreva a cuestionar el poder establecido”, sentencia la organización internacional que concluye con el aviso de que los condenados en Curuguaty “no son los únicos destinatarios de la advertencia”.
