Cuentan que durante las sesiones de la Asamblea Constituyente de 1940 un delegado de la burguesía quiso utilizar el humilde oficio de origen del delegado comunista Blas Roca para denigrarlo, cuando le dijo: “zapatero a tus zapatos”. Años después, la Revolución reconoció el extraordinario valor de aquel abnegado luchador al encomendarle la redacción de la Carta Magna del país, con el convencimiento de que ese “zapatero” sería capaz, con su experiencia y sabiduría, y en estrecho contacto con el sentir del pueblo, de encontrarle “horma” legal a nuestro proyecto socialista.
Sobre el proceso que condujo hace cuatro décadas a la aprobación de la Ley de leyes, el 24 de febrero de 1976, en homenaje al inicio de la guerra necesaria organizada por José Martí, y las posibles adecuaciones que podría experimentar a partir de los cambios derivados de la actualización del modelo económico, dialogamos con la Doctora en Ciencias Jurídicas Marta Prieto Valdés, Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de La Habana.
Cuando se hojea la prensa de esos tiempos salta a la vista que la convocatoria para dotar al país de una Carta Magna se convirtió para los cubanos en un gigantesco ejercicio democrático. ¿Qué puede decirnos al respecto? ¿Qué papel desempeñó Blas Roca en ese proceso?
Podemos afirmar que la aprobación del proyecto tuvo un carácter democrático, de una magnitud no antes vista, ni en Cuba ni en otro país hasta ese momento, porque en aquella época en el mundo lo que se hacía era someter a consulta al pueblo la interrogante de si quería reformar o no la Constitución, o elegir al órgano que la confeccionaría y aprobaría, pero nunca de la manera plena que fue entre nosotros.
Pienso que, independientemente de que como cualquier texto legal define los principios de organización del Estado, establece las pautas del modelo económico y los derechos y deberes más importantes de la población, lo más lindo y valioso radica en ese proceso eminentemente popular de aprobación, un valor agregado que le permitió tener una mayor legitimidad.
El anteproyecto se sometió a consulta popular, análisis, a través de las organizaciones de masas, y con estas propuestas e ideas se llevó a discusión en el I Congreso del Partido, efectuado en diciembre de 1975, del cual resultó el proyecto que fue objeto de la aprobación popular con el 97,7 % de votos directos y secretos a su favor, del total de la población que participó en el referendo.
Blas fue el líder, yo diría que el alma de la Constitución, porque no solo presidió la comisión redactora del anteproyecto, para el cual el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y el Buró Político entregaron un documento base, una pauta de lo que no podía faltar, sino también encabezó la consulta popular y luego la recepción de los criterios de la población para saber cuáles se escogían y cuáles no, de acuerdo con los criterios mayoritarios o procedentes. Además tuvo a su cargo la dirección de la redacción del proyecto final.
¿Qué trascendencia le atribuye a la aprobación de la primera Carta Magna después del triunfo revolucionario, en aquella coyuntura histórica?
Cuando se aprueba la Constitución ya habían transcurrido 17 años de provisionalidad, caracterizados por muchas transformaciones socioeconómicas y políticas, una alta concentración en cuanto a la toma de decisiones por el titular del ejecutivo y una participación popular muy amplia a través del vínculo con las organizaciones de masas, pero no existían órganos estatales que la propiciaran de manera cotidiana y directa, como tampoco de los representantes del pueblo, en la toma de decisiones. Con el magno texto se dio nacimiento a un aparato de poder estatal a todos los niveles —municipio, provincia y nación—, formados por representantes populares, es decir, se constituyeron las Asambleas del Poder Popular como órganos expresivos de la soberanía del pueblo. En la Carta Magna se diferencia y queda claro que una cosa es Estado y otra es Partido aunque interactúan; se preserva y resalta el liderazgo del Partido en la sociedad cubana, y la presencia y actuación de las organizaciones de masas que se formaron en el fragor de las transformaciones, junto a otras ya existentes que contribuyeron en la lucha. Ahí hay un salto significativo con respecto a toda la dinámica anterior.
Incluso, la Asamblea Nacional se previó con una amplia membresía, es una de las más grandes del mundo, pero lo que se buscaba era que hubiera una alta representatividad del pueblo. En esa concepción estuvo la mano de Blas.
En materia de propiedad, la Constitución consagró lo que ya teníamos: se habían expropiado los bienes de las compañías extranjeras y de las grandes empresas nacionales, habían pasado a manos del Estado, por lo tanto la propiedad estatal ya existía; se les había repartido la tierra a los campesinos que la trabajaban, ya teníamos pequeña propiedad campesina. El texto consagró jurídicamente lo logrado, sentó las bases para la conformación del sistema del poder popular y para el desarrollo ulterior de la sociedad.
Durante estos 40 años la Constitución se ha ido atemperando a diversos cambios ocurridos en la sociedad cubana, como fueron las reformas de 1992 y 2002. ¿Considera que las transformaciones derivadas de la actualización del modelo económico requieran otra reforma o una nueva Carta Magna?
Sin olvidar la primera reforma, mínima, que cambió el nombre de Isla de Pinos por el de Isla de la Juventud, la reforma de 1992 fue sustancial. En ese año con los cambios se autorizó la inversión extranjera con límites en el espacio de la propiedad estatal, una necesidad para que entraran recursos al país, admitiendo —por tanto— la participación de otros sujetos en la economía; sin cambios en la Constitución, sobre la base de la propiedad personal se estimuló la actividad económica por cuenta propia como una salida a la crisis, aunque aún sin conciencia precisa de que podía ser estable y una modalidad de empleo. Se estableció una diferenciación entre las asambleas locales del Poder Popular y sus consejos de la administración, en las provincias y en los municipios, así como las funciones que le competían a cada una; y se extendieron a todo el país los consejos populares; medidas para mejorar la gestión de los gobiernos locales, así como el control de las decisiones, de su ejecución y de los recursos. También proclamó el carácter laico del Estado, con lo cual se reforzó la libertad religiosa, y se proscribió la discriminación por cualquier causa que fuere lesiva a la dignidad humana, entre otras modificaciones, sin desconocer que a partir de entonces el Partido y la UJC se abrieron a los creyentes religiosos. Esa reforma posibilitó la ampliación de la base social del Estado cubano, al reconocer el voto popular directo para elegir a todos los integrantes de las Asambleas del Poder Popular y mostró un ideal más incluyente en el plano social.
En la reforma del 2002, ante las amenazas de subvertir el sistema político, se declaró públicamente, también con amplia intervención popular, el carácter irrevocable del socialismo. Yo les digo a mis alumnos que fue decirle al mundo: seguiremos siendo como hasta ahora hemos sido y como nosotros queremos ser.
La Constitución de 1976 tiene muchas cosas que yo quisiera conservar, sus derechos sociales y el carácter popular del Estado… pero no dejo de reconocer que debe adecuarse a las nuevas condiciones, o que pudiera hacernos falta otra. Las constituciones no se hacen para cambiarse constantemente, pero tampoco son ni pueden ser eternas.
Hace cuatro décadas hicimos una Carta Magna que contenía todas las conquistas, detalladas en muchos aspectos, y cuando surge algo que no está contenida en ella, entonces aparecen las contradicciones, porque no da margen a lo nuevo. No se me ocurriría oponerme, por ejemplo, a la existencia de cooperativas no agropecuarias en el país para potenciar el desarrollo, porque no estén contenidas en la Constitución, porque sé que son necesarias.
Pero también es cierto que en un texto de este tipo deben establecerse límites mínimos y máximos, pautarse el ámbito o espacio de actuación que brinde movilidad y a la vez seguridad, porque si las definiciones o reglas son muy rígidas, el margen de maniobra es menor, tanto para el pueblo en el ejercicio de sus derechos, como para el aparato de poder en su actuación cotidiana. Y si queremos que sea respetada, debemos proveerla de reglas y mecanismos que lo aseguren.
Se determinó concentrar los esfuerzos en el cumplimiento de los Lineamientos del Partido y la Revolución, que no son normas de Derecho, sino una guía política con la que el Partido se ha propuesto salir de la crisis y llevar a la nación hacia un modelo sostenible. Se discutieron con todo el pueblo y están dentro de lo legítimo, porque es para salir de la crisis, para potenciar desarrollo, aunque alguna medida no se corresponda con el marco constitucional. Estos cambios actuales se producen con el empleo de normas de Derecho, que nacen de las determinaciones de la Asamblea Nacional o los Consejos de Estado o de Ministros, los que con tales reglas políticas, adoptan las normativas jurídicas.
Y estos cambios en lo económico tendrán su impacto en las esferas social, cultural, ideológica y política; lo que junto al análisis del funcionamiento de las instituciones administrativas y de representación, con la necesidad de ampliación de las formas y espacios de participación popular directa en la toma de decisiones, su ejecución y control; con el surgimiento de nuevos derechos, la exigencia de comportamientos coherentes y de responsabilidad para todos, se abre un camino a la reforma de la Constitución.
El magno texto ha cumplido 40 años, y en ese período, junto a limitaciones en su instrumentación, también hay logros que no se deben obviar.
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Graduada de Periodismo. Subdirector Editorial del Periódico Trabajadores desde el …