Analizan la eficiencia de los órganos de justicia

Los organismos encargados de administrar, procurar y servir a la justicia en Cuba se han ido transformando a tono con los cambios en las esferas económica y social, y durante el 2015 alcanzaron resultados que avalan un incremento en la calidad de sus servicios.

Así coincidieron este sábado los diputados en la Comisión permanente de Asuntos  Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, al intervenir luego de las informaciones que rindieron de su gestión en el período y proyecciones para el venidero año,  el Ministerio de Justicia (Minjus), el Tribunal Supremo Popular (TSP) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Igualmente concordaron que independientemente de los resultados en la etapa, no existe mejor medidor para  evaluar su impacto en la ciudadanía que cumplir las funciones conferidas por derecho constitucional.

En ese sentido, Homero Acosta, Secretario del Consejo de Estado, subrayó  que esas instituciones mejoran su trabajo no solo por los cambios en el marco legal como parte de la implementación de Lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido, sino además, de sus modelos de actuación, lo cual tiene su impacto positivo en la atención y credibilidad en la población.

Por su parte, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión, se refirió al reto permanente que tienen los trabajadores de aquellas instancias jurídicas en cuanto a continuar incrementando la calidad del proceso penal, en tanto sus decisiones tienen que ver no solo con la libertad de un individuo, sino también con su entorno familiar y amistades.

Que se cumpla la ley

El perfeccionamiento  de la actividad registral es una de las tareas primordiales que posee el Minjus de cara al 2016. Se informó que en el año concluye aumentó en un 41 % la cantidad de documentos emitidos.

Precisiones al respecto hizo la titular del organismo, María Esther Reus, a partir de la intervención de María Elena Medina, diputada por La Habana, sobre la necesidad de informar más y mejor a la población acerca de aquellos servicios, lo cual es planteamiento en los despachos con los delegados de los órganos locales del poder popular en la circunscripción  y en sus asambleas de rendición de cuenta ante los vecinos.

La ministra afirmó que tuvo un crecimiento grande la expedición de certificaciones y que la simplificación de los trámites es tarea institucional, o sea, que de una entidad a otra transcurran las solicitudes y emisión de esos documentos y no que la responsabilidad de las diligencias recaiga en la población.

Para eso, puntualizó, el Minjus firmó convenios con 23 organismos de la administración central del Estado que ahora se replican al nivel de las direcciones provinciales.

Los diputados  Yolanda Gómez, por el municipio espirituano de Cabaiguán; Ivonne Arzuaga, por la oriental provincia de Granma, y Joaquín Bernal reconocieron la labor de preparación profesional y técnica que se viene realizando con los trabajadores de esas instituciones jurídicas, por mejorar sus condiciones de vida y labor, así como la profundización en el tema ético y político ideológico, en aras de que Cuba mantenga una conquista que siempre llama la atención entre los extranjeros: la tranquilidad ciudadana.

Asimismo, Rubén Remigio Ferro, presidente del TSP, subrayó que para el próximo año habrá un impacto grande de la informatización en la gestión de los tribunales y se refirió a que la figura del juez de ejecución adquiere mayor relevancia, pues se relaciona con las personas en prisión o con que permanezcan en ellas el tiempo indispensable, sin perderse el rigor en las sanciones.

Darío Delgado Cura, fiscal general de la República, dijo que el 96 % de los procesos penales tramitados por el Ministerio del Interior y controlados por la FGR están en término inferior a los 60 días, un resultado loable, si bien mantienen el interés por seguir ganando en calidad y celeridad en la resolución de todos los casos.

En cuanto a la protección de los derechos ciudadanos abundó que según la última información computada, han atendido este año a 103 mil 125 personas, el 69 % de ellas por la vía cara a cara, que sigue siendo la principal, aunque reconoció la efectividad de la línea única, “que ha permitido a la institución estar más cerca de la población”.