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Desde hace meses y durante la preparación del plan del venidero año, fueron aprobadas varias Resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), en consonancia con acciones decretadas desde el 2014 para contribuir al fortalecimiento de la empresa estatal socialista y promover el desarrollo de las fuerzas productivas.
Ellas han incluido la descentralización de facultades e influido en el sistema de relaciones financieras de las empresas con el Estado.
Una de las nuevas normas, que entró en vigor en octubre último, fue la No. 601, que reduce el precio de los portadores energéticos, exceptuando la actividad agropecuaria donde existen tarifas experimentales.
La modificación de los precios mayoristas de combustible en pesos cubanos y en pesos convertibles rige para las ventas a las entidades estatales cubanas y sociedades mercantiles de capital ciento por ciento nacional, a través de las cadenas de servicentros. En su por cuanto segundo, la Resolución exceptúa de la aplicación de lo dispuesto a las entidades que, por decisión del MFP, la Unión Cubapetróleo les comercializa a precios mayoristas, que son actualizados cada mes a partir de los precios de importación, y a las que su entrega se haga por vía marítima o de oleoductos.
En septiembre pasado también fue dictada la Resolución No. 602 por el propio organismo, con el objetivo de establecer la proforma para el cálculo del valor agregado bruto (VAB) de la actividad empresarial, en la etapa de proyección de lo planificado por el país para el venidero año.
De su aplicación solo quedan excluidas las instituciones financieras bancarias y no bancarias.
Vale señalar que el VAB demuestra la efectividad económica de una empresa, en tanto es el valor que esta incorpora a los productos y servicios, o sea, deviene expresión del resultado final de lo realizado por los trabajadores. No es más que la nueva riqueza que se crea.
