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Dulce María Iglesias, secretaria general del Sindicato de la Administración Pública, destacó en Las Tunas la responsabilidad que tienen sus afiliados en la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social de la Revolución aprobados en el VI Congreso del Partido.
Téngase en cuenta que en su seno están agrupados representantes de los sistemas jurídico, bancario, economía global, y organizaciones políticas y de masa, entre otros, con el encargo estatal de velar por la institucionalidad del país.
En la sesión plenaria de la Primera Conferencia de esa organización en esta provincia oriental, Dulce María reiteró que en el sector presupuestado el ahorro es la principal reserva, “tenemos que velar por el uso racional de los recursos”, enfatizó.
El protagonismo trasciende las fronteras de los centros laborales del gremio, pues en el objeto social de muchos de sus asociados, fundamentalmente contralores y auditores, descansa la encomienda de verificar el empleo de recursos materiales y financieros con apego a la legalidad.
De su experiencia laboral, Yosvani Vargas Morejón, auditor del municipio de Jobabo, expuso ejemplos de incumplimientos de leyes, normativas y regulaciones “se han convertido, denunció, en rutina en muchas entidades, que están reflejadas en disímiles formas de indisciplinas sociales e ilegalidades”.
Destacó que así lo demuestran los controles a la contabilidad y las calificaciones otorgadas, en las cuales reiteradamente predominan las categorías de mal, regular y deficiente, “los directivos y demás factores escuchan los señalamientos, pero todo sigue igual”.
En el mismo sentido se pronunció Alina Reyes Ventura, de la Contraloría provincial, “las normas establecen, dijo, que los resultados de las inspecciones sean informados a los trabajadores, y también se discuta el plan de acción para erradicar los problemas y las medidas impuestas a los responsables”.
La práctica demuestra que, cuando se realizan, los análisis están saturados de formalidades y se quedan lejos de ser herramientas útiles en el enfrentamiento y la erradicación de vulnerabilidades, causas y condiciones que propician la comisión de estos actos lesivos a la economía del país, de las entidades y del propio trabajador.
También llamaron la atención sobre la necesidad de que el sindicato denuncie estos hechos, pues las investigaciones denotan que son de conocimiento público y solo salen a las luz en el curso de las auditorías y los controles.
Destacaron el papel del sindicato en la prevención, pues en el arte de prevenir está el arma principal de este combate y coincidieron en la necesidad de estrechar alianzas con los auditores internos para frenar esas perniciosas tendencias.
Otro asunto tratado fue el referido a la escasa preparación de dirigentes administrativos y sindicales, y de los trabajadores en torno a la implementación de los sistemas de pago y del Convenio Colectivo, pues los chequeos demuestran que son aprobados con grietas que generan luego insatisfacciones.
Los delegados eligieron a sus representantes en la Conferencia Nacional y al nuevo Buró Provincial, que ratificó a Pedro Lora Rivero como secretario general.
