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“¿Qué decirle periodista?, si el sindicato se ocupara no estaríamos en contra de pagar la cuota, porque en definitiva es para protegernos”, así me confesó Héctor La Rosa Sardiñas, cuentapropista del transporte, mientras lo entrevistaba acerca de las complejidades de su labor.
Él pertenece a una de las piqueras más organizadas de Matanzas, en la que todos sus integrantes se encuentran afiliados y cuentan, incluso, con un representante muy activo. No obstante, hoy manifiestan sentirse decepcionados con el proceder de la organización y decidieron no abonar más la cotización.
Al conocer sobre esta situación y que además se reiteraba en otros puntos de Matanzas, se impuso la determinación: ir tras las ruedas del sindicato para hallar las causas.
EN JOVELLANOS, LA AFILIACIÓN
El rol de la Central de Trabajadores de Cuba va más allá de lograr la incorporación masiva de todos los trabajadores. Su esencia radica en respaldar sus razones, crear espacios para el debate y exigir la respuesta de las entidades. No basta con abonar una cuota o incrementar la lista de asociados, es preciso que muestre su efectividad, manteniéndose activa y cercana a la sociedad.
“¿Quién va a querer ser el representante de un sector tan complejo?” Así respondían Carlos Manuel Méndez y Eddy Dueñas, transportistas no estatales del municipio de Jovellanos, ante la interrogante de si contaban con espacios para plantear sus criterios.
Natasha Peraza, miembro del secretariado municipal que atiende la esfera, expresa las dificultades existentes en el proceso de sindicalización.
“Casi todos los titulares de los vehículos automotores no quieren afiliarse, a pesar de que insistimos en la labor político ideológica y les explicamos que esta puede ser una vía para elevar su planteamientos. Sin embargo, con los cocheros hemos tenido una experiencia diferente, ya cuentan con un representante que participa en las asambleas y los defiende.”
En diálogo con diversos choferes, quienes decidieron permanecer en el anonimato,Girón constató que la negativa parte de experiencias anteriores en sindicatos que se limitaban al cobro de una cotización mensual. No obstante, declaran que se sentirían satisfechos si se creara un mecanismo para expresar sus juicios.
¿Y EL FRENO A LA ILEGALIDAD?
“Aquí estamos ordenados, pero nuestro mayor problema es la ilegalidad. Quien no tiene licencia es porque no quiere, muchos hasta son propietarios de los carros pero no desean pagar los impuestos”, así refiere Alexei, de la piquera aledaña a El Sauto. Los transportistas allí reunidos ven como, a diario y muy cerca, otros ejercen la misma actividad al margen de la legalidad.
Julio Luis Díaz Hernández, gestor de viajeros y además representante sindical, afirma que quienes no cuentan con autorización se paran en las esquinas y abordan a las personas, “por eso no llegan hasta nosotros los clientes. La policía ayuda pero no se ve trabajo de los inspectores; ellos dicen que tienen que cogerlos cobrando para tomar medidas. Incluso, después de las cuatro viene una mujer sin papeles a hacer el mismo trabajo que yo y entonces los legales tienen que irse. Lo hemos planteado muchas veces. Todo eso influye en que se aumenten los precios, porque hay menos viajes y este punto tiene la particularidad de que se alquila el carro completo.
“Aquí eran ejemplo a la hora de pagar el sindicato, pero como vienen a recaudar y no a dar respuestas sobre ese tema, ahora no quieren hacerlo más. Es cierto que se hacen reuniones con los factores del territorio donde yo participo y expongo sus preocupaciones, pero no vemos resultados.”
¿JUEZ Y PARTE?
“Aunque desde mucho antes ya teníamos afiliados pertenecientes al sector no estatal, en el 2011 el número creció de forma considerable. Hoy en los territorios de Limonar, Pedro Betancourt, Perico y Martí superan a los de la esfera estatal. De los 4 mil 920 que laboran en la provincia estaban sindicalizados al cierre de octubre, 2 mil 185, para un 44.5 por ciento”, explica Katia Mirabal González, secretaria general del buró provincial del Sindicato Nacional de Transporte y Puertos.
“Comenzamos visitando las piqueras- también incorporamos a poncheros, mecánicos, limpiadores de bujía- para explicarles las ventajas de afiliarse. Unos conocían nuestro papel porque habían trabajado para el Estado antes y otros no. Tuvimos un buen porcentaje de adhesión. Se crearon los comités sindicales, que hoy se convierten en secciones (39 en toda Matanzas), y se desarrolla cada tres meses el activo donde pueden plantear sus inquietudes.
“¿Qué sucedió? Pasó el tiempo y los asuntos que tramitábamos no tuvieron solución, porque los órganos de relación (Gobierno, ONAT, Dirección Integral de Supervisión, Unidad Estatal de Tráfico) han sido morosos en ocasiones y ello ha creado decepción. Nos dicen que para qué pagar una organización que no les resuelve sus problemas.”
Entre los principales elementos que plantean se hallan el deseo de que se autorice a cocheros y bicitaxeros a cruzar las calzadas; el traslado de piqueras sin tomarlos en cuenta; que se les faciliten recursos o atención en talleres y lo más recurrente: la coexistencia con los ilegales.
“Sucede que con respecto a ellos somos juez y parte: tenemos que comunicarles las ordenanzas que regulan su desempeño y, a la vez, defenderlos, ya que no cuentan con estructuras administrativas. Deben delimitarse las funciones.
“Hemos logrado negociar multas, que se les apruebe circular por determinadas vías. Para nosotros no existe diferencia entre estatales y particulares, nuestra misión consiste en representarlos lo mejor que podamos y exigir a los órganos de relación que sean más ágiles al brindar las respuestas.”
Desde el desconocimiento de la labor del sindicato, hasta la confusión acerca de hasta dónde puede llegar para zanjar una dificultad; van los escollos a superar por la organización en su relación con esta nueva forma de empleo, compleja pero necesaria para el desarrollo del país. Defenderlos cuando lleven la razón, orientarlos cuando no y ser enérgicos ante los incumplimientos administrativos, constituyen los únicos caminos posibles.
