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La economía brasileña ha vivido en vaivenes durante las dos últimas décadas. Se han alternado períodos en los que la devaluación del tipo de cambio permitió alguna expansión industrial a costo de acelerar la inflación, seguidos de otros en los que un control encarecedor deprimía la industria.
Esto propicia que ante la reelección de la mandataria Dilma Rousseff (el 1 de enero del 2015 comenzará su nuevo período), no existirá un período de “luna de miel” para el Gobierno. Los votantes esperan que al menos algunos resultados lleguen en breve plazo, pero es indudable que Rousseff, candidata por el Partido de los Trabajadores (PT), de izquierda moderada y que dirige el país desde el 2003, encara una difícil situación.
La desvalorización en su primera administración (2011-2015) ha estado casi siempre por encima del 6,5 % fijado por el propio Gobierno y las estimaciones para el próximo año no prevén una reducción. La posición de la balanza de pagos muestra un elevado déficit en las transacciones corrientes y marcada dependencia del sector externo.
Debe quedar claro que la situación actual de Brasil es problemática en determinados frentes, pero en modo alguno es catastrófica, tal como la oposición quiso infundir durante la campaña electoral.
El cuadro es menos sombrío, por ejemplo, que en Europa occidental, donde hay varios países con economías devastadas por una irracional adherencia a la política de austeridad impuesta por un grupo de administraciones guiados por Alemania.
Pero tampoco se trata de problemas que el nuevo Gobierno pueda tomar a la ligera. El primer desafío económico que la presidenta deberá enfrentar es la llamada “maldición” que Brasil soporta desde hace 20 años cuando consiguió controlar la inflación.
El Plan Real, introducido en 1994, apuntaba a abaratar los bienes de consumo a través de las importaciones, con la liberalización del comercio exterior y la revaluación de la nueva moneda nacional, precisamente el real. Para revaluarlo era necesario atraer capitales extranjeros, lo que a su vez exigía el sostenimiento de altos tipos de interés, en niveles superiores a los que se pagan en otros países.
Las tasas de utilidad elevadas eran también necesarias para el control de la demanda interna. Pero esta medida y la revalorización del real redujeron la competitividad de los productos nacionales, particularmente en el sector manufacturero, que es muy sensible a las variaciones de las paridades monetarias.
El presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), del Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB), fue prisionero de este dilema, como luego lo fueron Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y Dilma Rousseff durante su primer mandato, quien tuvo el mérito de plantear claramente que Brasil debe desmontar la trampa antinflacionaria, aunque no logró avanzar en esa meta.
Ahora, con la economía internacional debilitada y la previsión de que la recuperación llevará tiempo, Rousseff debe hallar la manera de promover el crecimiento sin incentivar la inflación y acrecentar la vulnerabilidad externa, es decir, sin aumentar el volumen de las importaciones mientras las exportaciones declinan.
Por último, el gran éxito de los tres gobiernos sucesivos del PT, sus programas sociales y de redistribución de ingresos, necesitan ser renovados.
En septiembre, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anunció que en Brasil el hambre ha dejado de ser un problema. Es, sin duda, una óptima noticia, pero implica desarrollar nuevas políticas sociales con objetivos más elevados. Concretamente, se trata de mejorar la calidad de vida de la población que fue sacada de la pobreza por los programas precedentes.
La creación de empleos, la educación y la ampliación del sistema sanitario son tareas más arduas que la reducción de la extrema pobreza mediante becas y subsidios. Para cualquier político esto sería un gran desafío, más para un gobernante reelecto.
