Venezuela: ¿Quién querría a González Urrutia de presidente?

En la madrugada del 16 de noviembre de 1989 un comando de 40 hombres de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) entró en los predios de la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador con órdenes de asesinar a los padres jesuitas que dirigían el centro docente y tanto habían denunciado los horrores de la guerra civil.

Con violencia sacaron al rector de la UCA, padre Ignacio Ellacuría (59 años); al vicerrector padre Ignacio Martín Baró (47 años); y al director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, padre Segundo Montes (53 años), fundador del Socorro Jurídico Cristiano Óscar Arnulfo Romero. También apresaron a los profesores Armando López, Joaquín López y Juan Ramón Moreno. Allí mismo, en el área exterior de la residencia, los ultimaron de un disparo en la cabeza. Como la indicación era no dejar testigos, la cocinera Julia Elba Ramos y su hija de quince años, Celina Mariceth Ramos, corrieron la misma suerte.

La masacre se convirtió en uno de los crímenes más notorios la guerra civil que duró doce años y culminó en 1992 con una cifra estimada de 75 mil víctimas civiles.

En unos meses se cumplirán 35 años del terrible suceso y las elecciones en Venezuela nos han puesto de frente la impunidad con que viven muchos de los oscuros personajes conectados a esta historia.

¿Por qué los mataron?

A finales de 1989 la paz en El Salvador era un anhelo mundial. Muchos apostaban por los encuentros que estaban desarrollando la dirección del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno del entonces presidente José Napoleón Duarte (1984-1989). Los más recientes habían tenido lugar en la Ciudad México (13-15 de septiembre) y en San José de Costa Rica (16-17 de octubre).

Para otros, en cambio, el avance en las negociaciones les incitaba a  más violencia. El 31 de octubre, por ejemplo, comandos terroristas colocaron una bomba en la sede del Comité de Madres de Desaparecidos y Presos Políticos de El Salvador (COMADRES). Seis personas resultaron gravemente heridas, dos de ellas niños. Pocas horas después estalló un segundo artefacto en el interior del edificio de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (Fenastras). Mató a diez activistas e hirió a 35. El 11 de noviembre el FMLN lanzó una ofensiva en la capital que llamó Hasta el tope.

En este contexto ocurrió el crimen. El caso puso de manifiesto la existencia de un plan cuidadosamente diseñado desde las estructuras del Gobierno y el ejército, sustentado (táctica y económicamente) por agencias estadounidenses.

Los académicos jesuitas asesinados, en especial el padre Ignacio Ellacuría, habían sido acusados de ser aliados o incluso parte del FMLN, pero “el sistema de inteligencia (sofisticado, equipado, eficiente, profesional) con el que contaba el Estado salvadoreño le permitía al régimen militar estar seguro de que los sacerdotes no apoyaban en concreto la ofensiva que el FMLN en ese entonces había desplegado, ni a este Frente como tal en ningún momento del conflicto bélico”, aseguró en 2020 la investigadora mexicana Eva Leticia Orduña en un artículo publicado en la Revista de Estudios Latinoamericanos.

Al día siguiente del crimen el presidente salvadoreño Alfredo Cristiani encargó el caso a la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD), un cuerpo especial creado en 1985 con fondos de la Agencia Internacional para el Desarrollo de EE. UU. que debía  investigar violaciones a los derechos humanos en los que estuvieren implicados miembros de la Fuerza Armada. Este fue el primer intento de buscar justicia, le siguieron varios más y aun no la encuentran.

Edmundo, el siniestro

“El 24 de noviembre de 1976 (Edmundo) González Urrutia ingresó como funcionario en la embajada venezolana en EE. UU., en pleno desarrollo del Plan Cóndor, ahí fue captado por la CIA”, afirmó la exfuncionaria venezolana María Catalina Restrepo Pinzón de Londoño en carta al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello: “Posteriormente, en julio del 1981, fue trasladado a la embajada de Venezuela en El Salvador, cuyo embajador era Leopoldo Castillo”.

“Bajo el mando de Castillo y la asesoría de González Urrutia, se desataron los infames escuadrones de la muerte. Los reportes de aquellos días son escalofriantes, desde masacres de civiles inocentes, hasta la persecución, asesinato de maestros y líderes comunitarios. Sin mencionar los ataques despiadados contra religiosos y niños”, refiere.

“Edmundo estaba supremamente comprometido con estas atrocidades, siendo parte activa del financiamiento y la logística de estos actos brutales. La situación era tan grave que la propia Iglesia y algunas organizaciones internacionales estaban alzando la voz contra la violencia”, añade el testimonio.

Otros documentos desclasificados años atrás refuerzan la tesis del vínculo de ambos funcionarios con el comando que asesinó a los académicos jesuitas en El Salvador.

Actualmente Castillo reside en Miami, se le relaciona con la extrema derecha venezolana y con la Agencia Central de Inteligencia (CIA). A González Urrutia lo hemos visto haciendo campaña de la mano de su jefa, la inhabilitada María Corina Machado. Al parecer aprendió de aquella conversación con el autoproclamado presidente Juan Guaidó, quien años atrás le exigió ser más visible como candidato de la oposición o no recibiría “financiamiento”.

¿Es ese siniestro y taimado personaje al que algunos gobiernos reconocen como presidente de Venezuela? ¿Por qué será?