Cargando...Por José Luis Rodríguez *
Desde 1959, con el triunfo de la Revolución cubana, las empresas estatales han evolucionado bajo diferentes formas y diversos sistemas de dirección. Durante la década de los 60 su forma típica de organización fueron las “consolidadas”, que comprendían un grupo de entidades -en su mayoría pequeñas y de baja productividad- en una que las agrupaba esencialmente para una mejor dirección administrativa.
Luego de atravesar una etapa en la que se suprimieron los vínculos mercantiles en la economía, lo que afectó negativamente la gestión de las empresas públicas, estas sufrieron una reestructuración bajo el Sistema de Dirección y Planificación de la Economía, implantado en 1975 con la introducción de una política de gestión más descentralizada a partir del cálculo económico restringido tomado de la experiencia soviética.
Esta fue sin dudas la mayor transformación ocurrida hasta entonces y, en esencia, resultaba un paso positivo. Pero en su aplicación concurrieron varios factores que hicieron que se frustrara ese empeño.
Por un lado, las deficiencias propias del cálculo económico se exacerbaron a partir de la falta de experiencia y la inexistencia, en el modelo cubano, de otras condiciones necesarias para su aplicación como un sistema de precios adecuado y una política fiscal eficiente. Por otro lado, el diseño de la empresa estatal formó parte de una política económica en la que no se tomaron en cuenta adecuadamente los factores de movilización política consustanciales al modelo socialista cubano, dando lugar a desviaciones tecnocráticas y economicistas.
Las deficiencias de este modelo de gestión se trataron de superar entre 1986 y 1989 mediante el llamado proceso de Rectificación de errores y tendencias negativas, que trató de implementar un modelo en el que la política tuviera prioridad junto a una gestión económica más eficiente mediante fórmulas como los contingentes de la construcción, al tiempo que se autorizaba la experimentación del cálculo económico cuidadosamente revisado en el sistema empresarial del Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR).
A partir de 1990, el Período especial impuso una transformación en el ámbito empresarial mediante la cual una parte del mismo pasó a operar en divisas –especialmente el turismo, la industria del níquel, la producción de petróleo, la del tabaco, las telecomunicaciones y las tiendas de recaudación de divisas–, con un sistema que otorgó una mayor autonomía a la gestión de este segmento empresarial, que asumió la forma jurídica de sociedades mercantiles y que se conocería como sector emergente. Este operaría con un mayor nivel de descentralización en la gestión, logrando una eficiencia apropiada en muchos casos, especialmente en los primeros años de aquella difícil etapa.
En un esfuerzo por elevar la eficiencia de la gestión empresarial, a partir de 1998 se introdujo el perfeccionamiento empresarial, que tomó las experiencias del sistema empresarial del MINFAR, en un proceso dirigido a aplicar una variante de cálculo económico restringido a un grupo de empresas, hasta llegar a unas mil en la actualidad.
No obstante, la dualidad monetaria y cambiaria vigente en la economía cubana a partir de 1994 creó una situación muy compleja para monitorear y controlar eficientemente a las empresas estatales que operaban en divisas.
Esta situación alcanzó un punto crítico a la altura de 2003, cuando fue necesario revisar los mecanismos financieros del sector emergente ante el incumplimiento de sus aportes en divisas a la economía nacional.
La crisis energética que el país enfrentó en el segundo semestre de 2004 -junto al recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos a partir de las medidas aprobadas por la administración Bush en mayo de ese año- provocó que nuevamente el país pasara a controlar centralizadamente el uso de las divisas, tomando en cuenta el crecimiento de las tensiones financieras externas.
Las decisiones adoptadas a finales de 2004 llevaron a la concentración de toda la divisa captada por el país en la Caja Central del Banco Central de Cuba, lo que introdujo un mecanismo muy engorroso para la gestión empresarial.
De este modo, la historia muestra que a lo largo de más de 50 años la actividad empresarial estatal se ha movido en un rango diverso de centralización y descentralización de las decisiones, sin que se alcanzara una combinación óptima entre uno y otro nivel de gestión en la operación de las empresas del Estado.
Más allá de las razones que en uno u otro momento llevaron a la adopción de decisiones, se demostró que sin la solución de este tema el país no podría desarrollarse.
La política económica aprobada en el VI Congreso del PCC se planteó nuevamente el asunto como un elemento esencial para elevar el nivel de eficiencia de la economía nacional, pero en un escenario tanto o más complejo que el que caracterizó los primeros años de la crisis de los 90. (Continuará).
*El autor es asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM). Fue Ministro de Economía de Cuba.
