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Cargando...La grave espiral de violencia que vive Ecuador ha salpicado todos los ámbitos de la sociedad y ha colocado la nación a la cabeza de los Estados más violentos de la región suramericana.
El año 2022 concluyó con el peor registro de violencia criminal en la historia del país, con una tasa de 25 homicidios intencionados, estadística que se calcula por cada 100 mil habitantes. En el 2023 la situación empeoró. Entre el 1.º de enero y el 2 de julio se reportaron 3 mil 568 muertes violentas, lo que representa una tasa de casi 20 asesinatos. De mantenerse esa tendencia, realidad previsible según estimaciones de diversas organizaciones nacionales e internacionales, el año cerraría con más de 7 mil muertes violentas y una tasa de 39 asesinatos.
A esto hay que sumar que la cifra de delitos por extorsiones y secuestros ha aumentado hasta en un 300 % respecto al 2022.
En menos de un decenio, el país suramericano de unos 17,8 millones de habitantes ha vivido una regresión en materia de seguridad. No es de extrañar entonces que el debate televisivo entre los dos candidatos a la segunda vuelta de los comicios presidenciales se haya centrado en el tema de la seguridad ciudadana, aunque también se habló de asuntos vinculados a la economía, la política y la sociedad.
Luisa González, de Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional, reconocieron que la fórmula aplicada por el Gobierno del actual mandatario (Guillermo Lasso) ha sido insuficiente, pero difieren en qué hacer.
Noboa representa la continuidad de la política neoliberal que privatizó las prisiones y recortó presupuestos a políticas sociales, dos de las causas del triste récord de crímenes; mientras que González es una convencida de que no basta decretar estados de excepción. La realidad ha demostrado que ni el Ejército ni la Policía pueden recuperar el control de las calles si no se trabaja en las causas de la violencia y se combate el narcotráfico con seriedad.
El nodo neurálgico de la delincuencia ecuatoriana opera desde las cárceles, cuyos pabellones se organizan según la banda criminal a la que pertenecen los prisioneros. Desde allí los reclusos tienen acceso a comunicación satelital, drones, alcohol, gimnasio, droga, dinero, armas de todo calibre, municiones, explosivos… y hasta pueden festejar cumpleaños de los capos principales con fuegos artificiales y otros juegos pirotécnicos.
“Las cárceles, por un lado, son centros de castigo y, por otro, escuelas de tácticas delincuenciales”, refiere el informe de la Comisión de Diálogo Penitenciario conformada por el Gobierno.
Políticos en la diana
La marea de violencia ha victimizado también la política. Solo en los últimos meses fueron asesinados el candidato a la Asamblea Nacional Rider Sánchez (17 de julio); el alcalde de Manta Agustín Itriago (23 de julio); y el candidato a la Presidencia Fernando Villavicencio (9 de agosto).
Otros aspirantes han recibido amenazas y Luisa González, por ejemplo, sufrió un atentado cuya investigación, como la de Villavicencio, no arroja resultados definitivos, pero habla de esa turbia madeja de complicidades entre quienes manejan las rutas de las drogas y personas que operan desde puestos claves en el Gobierno, la Policía, la Fiscalía y los Tribunales.
Los más de 13 millones de ecuatorianos que acudan al balotaje del venidero 15 de octubre para decidir quién ocupará el Palacio de Carondelet hasta el 24 de mayo del 2025, lo harán con la esperanza de que regrese la “normalidad” y que al menos los negocios y las escuelas puedan permanecer abiertas hasta más allá de las cuatro de la tarde.
