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Pocas veces había quedado tan desconcertado ante una respuesta oficial a un trabajo periodístico de mi autoría. Ello me ocurrió al leer el escrito enviado —vía correo electrónico— por Pedro López, director general de la Unión de Empresas del Comercio y la Gastronomía de La Habana, luego de la publicación en nuestras páginas, el pasado 18 de marzo, de un reportaje sobre muy diversas anomalías detectadas en la venta de ron a granel en la capital. Trabajadores divulgó con suficientes argumentos —y no es primera vez que lo hace— el tremendo desorden, las adulteraciones inconcebibles, y la impunidad increíble para las “maldades” que prevalecen en la comercialización de ese producto.
Para la realización del reportaje los reporteros visitamos nueve unidades de Diez de Octubre, Centro Habana, Plaza de la Revolución, Arroyo Naranjo y Boyeros. Y ahora nos llegan solo dos párrafos como respuesta de la Unión de Empresas.
Textualmente dicen: “Para dar respuesta al artículo periodístico publicado el lunes 18 de marzo del año en curso, ambos casos fueron trabajados por la Empresa Provincial de Comercio, por técnicos de protección al consumidor de las unidades básicas de Diez de Octubre y Arroyo Naranjo. El artículo se refería al recorrido efectuado por usted y la compañera Martha Perdomo, inspectora de la Empresa de Bebidas y Licores, en el cual comprobaron que el grado del ron que se expendía en la unidad 218, ubicada en Diez de Octubre y Santa Emilia, de la unidad básica de Comercio de Diez de Octubre, era de 20.6 grados; y en la unidad 1854, en María Auxiliadora y Tercera, de la unidad básica de Comercio de Arroyo Naranjo, el grado de un tonel era de 23.4 grados, debiendo ser de 32 grados, por lo que existía adulteración del producto.
“Al respecto debemos señalar que según consta en el expediente de la investigación de cada unidad básica referida, se aplicaron las medidas disciplinarias a los implicados. Al administrador de la unidad 218 se le aplicó una cautelar por 30 días para profundizar más en la investigación y se le solicita separación definitiva, consistente en democión del cargo por seis meses a dependiente”.
¿Quién dijo que los reporteros de Trabajadores visitaron solo dos lugares? En uno de ellos —en Santa Emilia y Diez de Octubre— sucede algo muy extraño, pues se le solicita “separación definitiva consistente en democión del cargo por seis meses a dependiente”, y esas son dos sanciones diferentes, o una u otra.
¿Cuál fue el análisis en la otra unidad, la de María Auxiliadora y Tercera? ¿Qué se investigó en el resto de los centros visitados donde también se vendía ron con bajo grado alcohólico? ¿No hay nada que decir del estado calamitoso de las unidades de comercialización, ni del planteamiento de que la empresa no da nada para la higiene de esos lugares? ¿Y qué hay del personal ajeno a la unidad dedicado a la venta del ron?
Las medidas de que habla la respuesta de la Unión de Empresas apuntan a los vendedores. ¿Y con el resto del sistema qué ocurre? ¿Será que siempre la cadena se rompe por su eslabón más débil?
La ocasión se pinta sola para reiterar la impunidad observada, porque quienes de tal manera timan y ponen en peligro la salud de los consumidores, lo hacen a sabiendas de que muy difícilmente serán sorprendidos; apuestan a que nada sucederá.
Mientras las autoridades —fundamentalmente las de Comercio— no tomen cartas en el tema, las agresivas adulteraciones, impunidades y otras indisciplinas continuarán engrosando malsanamente los bolsillos de algunos a costa de las arcas y la salud de la población.
