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Por Max J. Castro / Progreso semanal
MIAMI.- Hace unos pocos meses, The Miami Herald publicó la noticia de la muerte de decenas de niños como resultado de la burda ineptitud, abandono, inacción y carencia de recursos –monetarios y humanos– del Departamento de Niños y Familias de la Florida (DCF).
La muerte el 23 de junio de 2012 de Darren Rainey, un recluso con enfermedad mental en la Institución Correccional de Dade, quien fue encerrado en una “instalación de descontaminación” parecida a una ducha por guardias que luego abrieron el agua a toda fuerza a una temperatura quemante de más de 80 grados y lo dejaron allí durante más de una hora, revela que el DCF no es el único lugar de horror administrado por el estado de la Florida.
El Departamento de Corrección (DOC) está también al frente cuando se trata de crueldad, encubrimientos y un irresponsable desprecio por la vida humana. El caso Rainey puede servir como prueba (entre muchas otras), aunque la muerte de Rainey fue especialmente horripilante. Algunos reclusos de la instalación oyeron los gritos desesperados de auxilio de Rainey, pero la tortura no se detuvo. Para cuando las autoridades de la prisión encontraron al recluso, se hizo evidente que había sufrido una muerte lenta y extremadamente dolorosa. Entre otras cosas, la piel se le estaba desprendiendo del cuerpo.
El caso Raines es muy ilustrativo de varias maneras. Una es la impunidad. Han pasado dos años desde la terrible muerte de Rainey y no se ha responsabilizado a nadie. Dos de los guardias de servicio en aquel momento hasta han sido promovidos. El alcaide de la instalación donde tuvo lugar el incidente, Jerry Cummnigs, fue degradado por permitir condiciones inseguras que provocaron el asesinato de un guardia de la prisión. El castigo significó apenas un tirón de orejas, y pronto regresó a ser el alcaide de la propia instalación.
La fuente de tal impunidad es institucional. Hasta ahora, el Departamento de Correcciones básicamente se ha vigilado a sí mismo y ha sido remiso a castigar a uno de los suyos en beneficio de la vida o bienestar de un simple recluso. En pleno escándalo Rainey, el fin de la semana pasada el DOC anunció que había entregado la investigación de muertes de reclusos a una agencia ajena, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de la Florida (FDLE). Esto sí parece ser un paso en la dirección correcta, pero debido a los antecedentes del DOC y al hecho de que el FDLE estará vigilando desde afuera a una institución hermética y opaca, el sistema penitenciario, no me sorprendería que la gente del DOC encuentre la manera ocultarse del escrutinio del FDLE, al menos parte del tiempo.
La muerte de Rainey es también indicio del nivel de sadismo que implica la comisión de estos crímenes, en su mayoría sin castigo. He aquí una versión de la prensa de otra horrible ejecución extrajudicial dentro de los muros de una prisión:
“En lo que posiblemente haya sido el más tristemente célebre caso de muertes en el departamento, nueve funcionarios correccionales de la Prisión Estatal de la Florida en Starke asaltaron la celda del condenado a muerte Frank Valdés aproximadamente a las 3 a.m. del 17 de julio de 1999. Los funcionarios se turnaron para darle una salvaje golpiza a Valdés, saltándole encima con tal fiereza que le aplastaron muchos de sus órganos y huesos.
“Luego, según otros reclusos, los guardias lanzaron su cuerpo al pasillo, limpiaron su celda con lejía y pusieron el cadáver en otra celda antes de llamar al 911.
“Durante meses después de la golpiza, funcionarios del DOC declararon que la muerte de Valdés había sido un suicidio, insistiendo que se había herido a sí mismo al lanzarse de cabeza desde su litera y golpearse contra las barras de su celda. Sin embargo, la autopsia demostró claramente que había huellas de botas en su piel”.
Los casos de Rainey y Valdés son especialmente odiosos y ejemplo de la combinación de impunidad y crueldad que subyacen en tales atrocidades. Pero sus muertes no son únicas.
Actualmente hay bajo investigación al menos siete muertes de reclusos en la Florida a manos de funcionarios de correccionales.
Sin embargo, aunque cada uno de estos crímenes implican la culpabilidad de individuos e instituciones, amplias políticas públicas y actitudes sociales también desempeñan un papel clave. Estados Unidos encarcela a más personas que cualquier otro país en el mundo, incluyendo a China. La cifra refleja un número global, no una estadística per cápita. En general, las condenas por ciertos tipos de delitos también son significativamente más severas que en otros países ricos, y Estados Unidos es la única nación económicamente avanzada que aún utiliza la pena capital. Y, aunque parece que hay un modesto cambio reciente de actitud, el público norteamericano generalmente aplaude la reinstalación de las políticas de pena capital y de “enciérrenlos y boten la llave” que han provocado el surgimiento de una vasta y mus costosa industria de las prisiones.
En la década de 1960, economistas como John Kenneth Galbraith y políticos como LBJ se atrevieron a avizorar a Estados Unidos convirtiéndose en un “estado de bienestar” o “Gran Sociedad”. Desafortunadamente, nos hemos convertido en la sociedad punitiva.
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