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Cargando...La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador fijó para el jueves 2 de marzo la audiencia de formulación de cargos contra el expresidente Lenín Moreno y otras 36 personas. Al parecer se les procesará por el presunto delito de cohecho como parte de la causa conocida como Ina Papers.
La fiscal general Diana Salazar detalló que se investigan vínculos del dirigente con una supuesta estructura de corrupción en torno al proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, de la empresa china Sinohydro. Los hechos tuvieron lugar entre el 2009 y el 2018, cuando Moreno se desempeñó como vicepresidente de Ecuador (2007-2013), enviado especial del Secretario General de la Naciones Unidas para la Discapacidad y Accesibilidad (2013-2016) y mandatario (2017-2021).
De manera casi simultánea, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 105 votos afirmativos, censuró al general Patricio Carrillo, por incumplimiento de funciones y uso excesivo de la fuerza durante su mandato al frente de la cartera de Interior (marzo-septiembre del 2022). Los legisladores recordaron las protestas de junio de 2022, con 9 víctimas mortales; el femicidio de María Belén Bernal, ocurrido dentro la Escuela Superior de Policía; la violación de la autonomía universitaria y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana; así como la violencia en varias cárceles del país. La decisión implica la inhabilitación para cargos públicos en al menos dos años.
A esto se suman las acciones judiciales contra el presidente Guillermo Lasso, salpicado de corrupción y supuesta vinculación al crimen organizado, especialmente en los casos Gran Padrino, Encuentro, Papeles de Panamá, y Danubio.
Estos hechos, que restan credibilidad a la dirigencia política y aumentan la incertidumbre y la desconfianza ciudadana, explican en parte la derrota doble sufrida el pasado 5 de febrero por el actual Gobierno. Y digo doble porque muchas de las prefecturas, alcaldías y concejalías pasaron a manos de los candidatos de la oposición (Revolución Ciudadana y Pachakutik); y porque el No se alzó victorioso en el referendo con el cual Lasso pretendía legitimar cambios a la Constitución en materia de seguridad, democracia, instituciones y medio ambiente.
Analistas han confirmado que los resultados de esos comicios evidencian, entre otras verdades, falta de liderazgo e incapacidad del Gobierno para generar consenso y resolver el deterioro económico y de seguridad que vive el país.
El presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa (Ecuarunari), Alberto Ainaguano, afirmó que los ecuatorianos votaron contra las políticas neoliberales impulsadas por la actual administración; mientras que Nelson Erazo, del Frente Popular, comentó que en las urnas se expresó el descontento con la situación del país. Advirtió que, si tuercen la voluntad popular, el pueblo saldrá a las calles.
Ante ese panorama no se puede descartar un final adelantado para el actual Gobierno. Vale recordar que el próximo viernes (3 de marzo) podrían conocerse los resultados de la indagatoria realizada por la comisión especial de la Asamblea Nacional encargada de investigar las denuncias contra Lasso, lo cual podría activar los mecanismos constitucionales previstos, entre ellos el juicio político, la revocatoria del mandato, o la renuncia del presidente.
Mientras tanto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y su líder, Leonidas Iza, amenazan con medidas de fuerza y acusan al presidente de romper los acuerdos del diálogo de junio del 2022, específicamente en lo referente al desarrollo de actividades mineras.
El pacto refrendaba, entre otros derechos, el de los pueblos originarios a la protesta y a ser consultados antes de que se acometieran acciones de explotación. Meses más tarde, el Gobierno declaró zonas de seguridad a once proyectos mineros, lo cual amparó la militarización de esos espacios y el empleo de la fuerza pública “como guardias privadas de las empresas transnacionales y de los operadores de inversiones nacionales”, denunció Iza.
El ejemplo más reciente de lo que puede suceder se vivió la pasada semana en el cerro Fierro Urco, en la provincia de Loja, donde existen siete concesiones mineras. Los comuneros reclamaron ser escuchados, pero la jornada culminó con violentos disturbios en los que intervinieron policías y militares. En respuesta, el movimiento indígena ecuatoriano advirtió que habrá nuevas movilizaciones.
Y como si la bola de nieve de la protesta social no estuviera a punto de volver a rodar, aparece en Quito la figura del senador estadounidense Marco Rubio para evaluar con el gobierno qué hacer para “fortalecer la seguridad, la prosperidad y la democracia” en Ecuador.
