¿Quién gana con la violencia y el odio?

Recientemente el diario argentino La Nación reconoció que luego del atentado a la vicepresidenta Cris­tina Fernández de Kirchner, el país ha estado “demasiado cerca de reingresar a su dimensión más oscura y sangrienta”, aunque en realidad el hecho es parte de la irres­pirable crispación política que vive Argentina desde hace meses.

Y no es solo allí. La violencia política y la sombra siniestra de las dictaduras militares se expanden por Latinoamérica, donde las cifras de pobreza y desempleo crecen arit­méticamente, como también lo hace el desprestigio y desgaste de los par­tidos tradicionales. Este panorama es el resultado de la aplicación de políticas neoliberales, matizadas por la dinámica política, social y cultu­ral de cada país.

Latinoamérica se ha convertido en la región de mayor inequidad del planeta. Cuando han podido, sus pue­blos han pasado factura a la derecha política, les han arrebatado espacios, alcaldías, gubernaturas y hasta la presidencia, al igual que sucedió en Argentina, México, Perú, Honduras, Chile, Colombia, entre otros.

Aun así, no podría decirse, como pretenden algunos, que la izquierda gobierna esta parte del mundo. Más bien son fuerzas de diversa tenden­cia ideológica, con un compromiso social que asusta a los poderosos. El peligro de que puedan radicalizarse, o peor, unirse en torno a intereses regionales, espanta a los centros de poder, sobre todo en Estados Unidos.

El odio verbal ha colonizado la rivalidad política y genera actos violentos como el que sufrió Cris­tina. Como ella misma ha dicho en referencia al caso judicial abierto en su contra, lo que buscan es dis­ciplinar a la militancia, inmovili­zarla frente al terror.

Un peligro similar acecha, por ejemplo, al presidente colombia­no Gustavo Petro, cuya avanzada fue tiroteada a finales de agosto, mientras preparaba una visita del mandatario al Catatumbo.

A propósito del atentado a Cris­tina, Petro tuiteó que “se ha con­vertido en práctica latinoamericana pensar que la política es la elimina­ción física o jurídica del adversario, tal práctica es puro fascismo. La po­lítica debe ser libertad”.

Tres días antes de que el líder colombiano asumiera la presiden­cia, Ted Cruz, senador estadouni­dense por el Partido Republicano, presentó dos proyectos de leyes que buscan condicionar la ayuda de EE. UU. a Colombia.

El primero tiene que ver con la reintroducción de las Fuerzas Ar­madas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) en la lista de organizacio­nes terroristas e implementar sancio­nes contra el grupo y sus aliados. El segundo ha sido conocido como Ley de Precaución: “Si Petro recorta la coordinación de defensa con Estados Unidos, mi proyecto de ley asegura­rá que no reciba más dinero para la coordinación de seguridad. Si recor­ta la cooperación en el narcotráfico, mi proyecto de ley asegurará que no reciba más dinero para la lucha con­tra las drogas”, explicó el senador.

“Creo que nuestra política exte­rior debería usar palos y zanahorias para incentivar a otros países a com­portarse de una manera que benefi­cie los intereses americanos, forta­lezca nuestras amistades, y disuada a otros de querer dañar o socavar nuestros intereses”, dijo Cruz.

El proyecto establece que, para mantener la ayuda, el presidente Biden tiene que certificar ante el Congreso que el Gobierno de Petro no ha buscado erosionar la coopera­ción con EE. UU. en las áreas mili­tar, de inteligencia y antiterrorista; que Colombia está afirmando su soberanía contra los Gobiernos de Cuba, Irán, Nicaragua, la República Popular China y Venezuela, incluso niega todo acceso a la infraestruc­tura militar o de inteligencia a esas naciones; que no ha tomado medidas significativas para reconocer, legiti­mar o involucrar a ninguna organi­zación terrorista extranjera; y que no ha interferido en los esfuerzos de la Jurisdicción Especial para la Paz con el fin de investigar y sentenciar a miembros actuales o anteriores de las Farc-EP.

“No apoyamos a marxistas en América Latina y cualquier líder de izquierda que escoja el socialis­mo rendirá cuentas ante los Esta­dos Unidos”, sentenció Cruz.

Vale recordar que el impulsor del Plan Cóndor y de otros horrores, el exsecretario de Estado Henry Kis­singer, explicó en su libro Diploma­cia: “Los imperios no tienen necesi­dad de balance de poder. No tienen interés en operar dentro de un sis­tema internacional. Aspiran a ser el sistema internacional. Esta es la for­ma en la que Estados Unidos ha con­ducido su política exterior con Amé­rica Latina”. Y lo sigue haciendo.