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Todo apunta a que, con las normativas publicadas ayer en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, se irán creando las condiciones para zafarle los nudos y dejar andar a la empresa estatal socialista, esa piedra angular del proceso de actualización del modelo económico cubano.
Una conferencia de prensa, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, abundó en la noticia económica de este lunes, aparecida en el diario Granma, y que, en lo esencial se resume en varias libertades flexibilizadoras.
La primera es que la empresa socialista tendrá a partir de ahora la potestad de, luego de cumplir con el encargo estatal, volcar sus excedentes en el mercado mayorista, a precios de oferta y demanda.
La segunda novedad es que, a diferencia de los tiempos en que centralizadamente todo ascendía a la gran caja del país, esa empresa podrá retener hasta el 50 por ciento de sus utilidades después de cumplir el impuesto sobre las mismas, y deducir el monto de la reserva para pérdidas y contingencias.
Las reservas que podrá crear la empresa socialista le permitirán, sin esperar salvaciones de arriba, fomentar el capital de trabajo, financiar inversiones, desarrollo e investigación y capacitación, a más de amortizar créditos bancarios. Y también dará la posibilidad de constituir un fondo de compensación para cubrir desbalances financieros a nivel de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE).
Esa empresa socialista, que ha estado tan atenazada, no tendrá que aportar la depreciación y la amortización de activos fijos tangibles e intangibles, ni las reservas no utilizadas en años anteriores. Y eso, es más solvencia para la entidad.
La otra bendición es que, a contrapelo de la larga lista de ataduras a los niveles centrales, la empresa estatal cubana será medida por la vara de un sistema mínimo de indicadores: las ventas netas totales, las utilidades del período, el encargo estatal, las ventas para la exportación, el aporte por el rendimiento de la inversión estatal, la rotación del capital de trabajo y el aporte en divisas; este último, mientras exista dualidad monetaria.
Una amarra que desaparecerá es que el plan de la empresa ya no tendrá que aprobarlo ni el ministro correspondiente o el presidente del Consejo de la Administración provincial, si la misma es de subordinación local. Sencillamente, ahora la luz verde la dará el presidente de la Organización Superior de Dirección Empresarial a la que esté integrada la entidad.
Y con todo este fortalecimiento de la horizontalidad, la empresa estatal cubana podrá distribuir utilidades entre los trabajadores y reivindicar la Ley de Distribución Socialista, mediante el pago por rendimiento, siempre que no se sobregire el gasto de salario por peso por valor agregado bruto planificado. Para ello, por supuesto, necesitará el aval de resultados satisfactorios en las auditorías financieras, el cumplimiento de los indicadores directivos y una correlación positiva ingreso medio-productividad.
Aclaraciones necesarias
La conferencia de prensa dimensionó la filosofía de las medidas. En tal sentido, Grisel Tristá Arbesú, jefa del Área de Perfeccionamiento de Entidades de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo, señaló que las modificaciones al Decreto-Ley 252 y al Decreto 281 del Consejo de Ministros, y la aprobación de las Resoluciones 181 y 203 de 2014 del Ministerio de Finanzas y Precios, así como la 17 de 2014 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, responden a la necesidad de potenciar el nivel de facultades, la eficiencia y el desarrollo de la empresa estatal en el contexto de la actualización del modelo económico cubano.
Refirió que ya las directivas del Plan 2014 han agrupado y aunado los esfuerzos y decisiones que se habían tomado para el perfeccionamiento empresarial de la empresa estatal. Y todo lo que se viene haciendo, agregó, conlleva a un proceso natural y paulatino de generalización de los preceptos del Perfeccionamiento Empresarial, hacia un sistema único de dirección empresarial, con la vista futura puesta en una Ley de Empresa.
En tal sentido, destacó que ello genera un proceso de descentralización de facultades hacia la actividad empresarial, pero lleva implícitos dos elementos importantes: un incremento de la responsabilidad, allí, de sus directivos, e impone la necesidad de un proceso paulatino de preparación de los mismos ante este nuevo contexto.
Por su parte, María Molina Gutiérrez, viceministra de Trabajo y Seguridad Social, al responder inquietudes de periodistas acerca de la pérdida en el país de una cultura de la normación y la organización del trabajo —tan necesarias para la aplicación del pago por resultados— reconoció que esa es una realidad que se ha venido abordando, para actualizar y capacitar a los directivos al respecto.
En cuanto al peligro de que con la descentralización puedan cometerse excesos y transgresiones, precisó que las reglamentaciones aprobadas exigirán de un mayor control, primero de quienes las aplican; sin descuidar una activa, y nada formal, participación del sindicato y los colectivos laborales.
Otros funcionarios ante la prensa recalcaron que en el análisis de cuestiones tan estratégicas para el presente y el futuro económico del país, no deberá fragmentarse la mirada, sino ponerse luz en la integralidad de las transformaciones, que se complementan unas a otras.
Tomado de Juventud Rebelde
