Cargando...
Por Alina M. Lotti y Vivian Bustamante Molina
Meses de espera y las lógicas afectaciones emocionales signan la vida del licenciado Roberto Ferreira Quesada, quien vuelve a escribir a Buzón abierto en espera de respuesta satisfactoria. Su primera carta a esta sección data del 2013, pero cuando iba a ser publicada recibimos un correo suyo, en el que nos transmitía la esperanza de que su situación parecía estar en vías de solución. Lo cual resultó una escaramuza.
Conocer su historia ayuda a comprender por qué se mantiene inconforme, dada la manera en que su denuncia “ha sido atendida y canalizada por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos en el Sectorial Provincial de Salud en Caimanera, Guantánamo”, asegura.
Cuenta Ferreira, trabajador de Salud Pública en el mencionado municipio, que en abril del 2013, durante una revisión de su expediente laboral, detectó que había sido alterada la evaluación conclusiva del 2010: del calificativo de desempeño superior ahora aparecía como adecuado, “con la pretensión de falsear su indiscutible currículo técnico evaluativo”, afirma.
Esto ocurre, dice, luego de haber sido declarada con lugar su apelación debido a violaciones de procedimiento en el proceso de disponibilidad. La sección del Tribunal municipal de Caimanera ratificó dicha sentencia en mayo del 2011, y se dispuso retrotraerlo a enero de ese año, por lo cual recibió indemnización, disfrutó de vacaciones y laboró el resto del año.
En su testimonio recuerda que la jefa del departamento de Recursos Humanos de Salud en la localidad, Katiana Cobas Manduley, a fines de diciembre solicitó que técnicos y especialistas entregaran su autoevaluación. Ferreira entregó la suya con la valoración de desempeño superior, la cual no estuvo sujeta a recomendación alguna.
Luego de brindar algunos detalles y otros argumentos, el querellante plantea que continúan “los obstáculos para cualquier posibilidad de reubicación en el sector, aun cuando sigue sujeto del proceso de disponibilidad”.
Tal situación lo ha llevado a estar casi dos años sin vínculo laboral, la mayor parte de ellos dependiendo junto a sus hijos, del salario dejado por su esposa, quien cumple misión en el extranjero.
Al margen de otras irregularidades, él afirma que se ha retardado de manera intencional el cumplimiento de una indicación relativa a ocupar una plaza de seguridad y salud del trabajo, y que de manera irrespetuosa no se ha cumplido el fallo con lugar del Tribunal.
El autor de la misiva resume los hechos en su contra como abuso de poder en el ejercicio administrativo y manifiesta que esta denuncia refleja la injusticia que se puede cometer contra un trabajador, cuando una dirección administrativa confunde conscientemente el aspecto laboral con el personal.
Otros elementos
Como manifestamos al principio, Ferreira envió otra carta a esta sección, en la cual expuso que hace varias semanas tuvo esperanza de que su caso se retomara y resolviera, porque lo visitaron dos especialistas del sectorial provincial de Salud a raíz de una misiva tramitada para el Ministerio de Salud Pública, en la que se cuestionaba la actuación de Cobas Manduley.
Aclara que la queja no atañe solo a esa compañera, sino a otros directivos administrativos de Salud en el municipio y la provincia, “quienes hicieron caso omiso” a las indicaciones del buró del Partido en Guantánamo, de sancionar “a la dirigente denunciada”, mucho antes de salir a cumplir misión en el exterior.
También plantea que en septiembre del 2012, la Asamblea Municipal del Poder Popular, acordó que se realizara una investigación sobre el papel que desempeñaron los asesores del proceso de disponibilidad en Salud, no solo por el caso de Ferreira, sino porque a nivel de provincia fue uno de los que tuvo mayor cantidad de violaciones, expone.
El compañero reseña que, según lo normado jurídicamente, además de sus evaluaciones y currículo laboral incuestionable, él no era sujeto del proceso de disponibilidad, y aunque fuera factible, sus evaluaciones son insuperables por el resto de los técnicos y especialistas.
Sus vicisitudes las resume en que ha transitado por cuatro procesos ante el órgano de justicia laboral de base e igual ante el Tribunal municipal, uno ante el provincial, así como dos revisiones al Tribunal Supremo Popular, del cual espera posible revisión por mejor derecho.
